El control en la portación de uso de armas es un aspecto fundamental dentro de un enfoque integral que permita poner fin a la violencia en América Central. El Programa Centroamericano de Armas Pequeñas y Ligeras (Casac), es un plan líder en este sentido. Sus objetivos se enmarcan en la Declaración Conjunta de la XXIV reunión de Jefes de Estado y de los Gobiernos de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y apunta a fortalecer los mecanismos entre las instituciones para mejorar la seguridad humana a nivel nacional y regional, a favor de una Centroamérica más segura, desarrollándose en paz, libertad y democracia. Su Directora, Eva Sacasa, ex Inspectora General de la Policía de Nicaragua con una extensa experiencia en seguridad ciudadana y un marcado reconocimiento en la región, visitó las Oficinas del PNUD en Nueva York y fue entrevistada por el Boletín “Construyendo Inclusión y Gobernabilidad”.  

¿Cuáles son las principales metas que persigue el Programa y cómo está estructurado?

El Programa se aprobó en 2003 por la Comisión Regional de Seguridad de Centroamérica, y fue elevada a la Cumbre de Presidentes, que a su vez la aprobó el mismo año. Y comienza a operar en octubre de 2007, ya resueltas cuestiones importantes de carácter administrativo y presupuestario. El Programa nace como una iniciativa de los gobiernos de Centro América por la situación causada por las armas ligeras y pequeñas, tanto las que están siendo traficadas como aquellas que quedaron en manos de la población tras los años de conflicto. Centro América tiene como antecedente un Tratado marco de Seguridad Democrática, que se firmó en 1995 y estableció la subordinación de las instituciones policiales al poder civil. Y marcó la voluntad política de los gobiernos de la región de comenzar un tratamiento articulado de la seguridad democrática en la región.

“Donde hay armas hay más hechos de violencia, lesiones y muerte”

El Programa tiene cuatro objetivos: 1) Contribuir a fortalecer las legislaciones en Centro América y a armonizarlas con compromisos regionales e internacionales, incluido el Código de Conducta, firmado por los países de la región, que si bien no es vinculante representa un compromiso. Estamos actualmente apoyando a tres países en la revisión de sus leyes, que son Guatemala, Costa Rica y Panamá, pues sus regulaciones no estaban ajustadas a normativas internacionales. Hay varios instrumentos internacionales que vale destacar. Me refiero al Programa de Acción de las Naciones Unidas, la Conferencia Interamericana de la OEA, el Protocolo de Armas, y más recientemente una declaración que da un enfoque más integral, la Declaración de Ginebra –ratificada en la Declaración de Antigua- sobre violencia armada y desarrollo, que compromete a trabajar para reducir el impacto de armas pequeñas y ligeras en el desarrollo. 2)  Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos nacionales en aquellas instituciones vinculadas a los controles de armas, que en algunos casos son las policías nacionales y en otros países aún el ejército. 

También fortalecer organizaciones no gubernamentales que trabajan en la investigación y prevención. Vale comentar que hay un actor principal para el cumplimiento del Programa, que son las Comisiones Nacionales Multidisciplinarias, que en algunos países como Costa Rica ya están en pleno funcionamiento, y en otros países requieren de apoyo para su conformación. Estas Comisiones son fundamentales para lograr el enfoque integral, pues en ellas participan las áreas de seguridad junto a las sociales. 3) Contribuir a los procesos de recolección y destrucción de armas en manos de la Sociedad Civil, desde su planificación hasta su evaluación. Hay nueve procesos planificados para este año. En esta temática nos resulta fundamental compartir buenas prácticas, tanto de dentro como fuera de la región. 4) Promover una cultura de paz, desde los Estados, apoyando programas de prevención de violencia y promoviendo la articulación con organizaciones gubernamentales y de la Sociedad Civil.

“Hay que fortalecer organizaciones no gubernamentales que trabajan en la investigación y prevención”

PNUD firmó un Proyecto con el SICA para administrar este Programa. De tal manera, PNUD participó en el proceso de selección de los miembros de la Unidad Ejecutora Regional y apoya administrativamente en la sede, que es Managua. Además, en cada país hay tres actores principales para este Programa: en la Cancillería, hay un punto focal nacional, lo mismo que en la Policía; mientras, las oficinas de campo del PNUD brindan apoyo técnico a las oficinas para el desarrollo de las iniciativas nacionales. Es decir que no somos sólo los cuatro miembros de la Unidad Ejecutora sino también los tres puntos focales en siete países. Con ellos conformamos todo el equipo. Y está el Comité de Dirección del Programa, que es el encargado de la dirección estratégica del Programa, que lo integra el Secretario General del SICA, el Presidente Pro-tempore de la Comisión de Seguridad, la Directora del Programa y el PNUD, con representación de RBLAC, BCPR, PNUD Nicaragua y el SURF, en Panamá. Otro aspecto importante es que hemos encontrado otros socios: la Oficina de Desarme, la Oficina de Asuntos Políticos, UNIFEM, UNICEF y BCPR, que desde distintos ámbitos sugieren una muy válida y necesaria cooperación.

¿A qué factores responde el fenómeno de la portación de armas en nuestra región? ¿Es una mera respuesta a la inseguridad, son los residuos de las épocas de la violencia, o es también el síntoma de un aspecto cultural, ligado al machismo u otras formas de conducta?

Desde ya se trata de diversos factores que interactúan. Hay un trasfondo cultural, por supuesto. La cultura machista tiene mucho que ver en esto. En nuestras sociedades se ha transmitido de generación en generación que el hombre es la figura de la autoridad, quien manda,  si es necesario con violencia, con golpes físicos y el uso de armas. En el imaginario colectivo, el hombre que porta armas se siente más fuerte y los de su alrededor lo ven más fuerte. Además está el rol protector del hombre, que en países de historias violentas ha fomentado la portación de armas. Otro factor es, tal como usted dice, los conflictos. Desde esa época se arrastra la costumbre de vivir armado, y muchas de las armas en posesión de civiles vienen de allí. Finalmente, la inseguridad: para muchos ciudadanos en algunos de nuestros países es percibido como natural tener un arma para protegerse de la inseguridad que percibe cuando sale a la calle.

Aún cuando está probado que portar armas no protege de la violencia, sino que la promueve…

Exacto, donde hay armas hay más hechos de violencia, lesiones y muerte.

 ¿Cómo equilibra el Programa sus intervenciones de tenor penal-policial, con las medidas educativas o pedagógicas tendientes a crear una nueva cultura en esta temática?

Si nos dedicáramos únicamente al control de armas, y tuviéramos sólo la institución policial ejerciendo ese control, no estaríamos contribuyendo al desarrollo de las actuales y futuras generaciones en términos de paz y seguridad. El enfoque del Programa es integral: las causas de la violencia, las exclusiones, la cultura machista, la cantidad de armas que circulan libremente. Y el enfoque integral es la respuesta. En ese sentido, la existencia de las Comisiones Multidisciplinarias es lo que permite que ese enfoque integral se realice de manera articulada. Mientras la policía perfecciona sus sistemas de control de armas, es importante que la legislación incluya entre los requisitos para portar armas, por ejemplo, que el portador no haya sido procesado por violencia familiar.

“En el imaginario colectivo, el hombre que porta armas se siente más fuerte y los de su alrededor lo ven más fuerte”

En Canadá, para que un hombre pueda portar armas su esposa debe dar cuenta de que él no tiene comportamiento violento. Mientras la policía ejerce el control (compra y venta, portación, no ingreso armado a ciertos lugares, etc), el Ministerio de Educación debe aprovechar el espacio de la escuela y el colegio para enseñar sobre convivencia. En algunos casos tenemos consejeros escolares que ayudan a detectar cuando un niño o niña es víctima de violencia o abuso, lo cual contribuye mucho a los objetivos del Programa. Así como es relevante el trabajo en salud y la presencia fundamental de la familia, en términos de una educación no autoritaria. Hay buenos ejemplos de policías nacionales, como la de Nicaragua, que ha promovido la creación de comités de prevención social del delito en los barrios, en los que la gente identifica factores de inseguridad y violencia, y elabora planes para contrarrestarlo. Estos diagnósticos y propuestas son luego recogidos por la policía y la alcaldía.

¿Cuáles son, finalmente, los resultados esperados para el mediano plazo?

Confiamos en contar con las Comisiones Nacionales Multidisciplinarias conformadas, un Tratado Centroamericano en el tema de armas, campañas de prevención regionales ya funcionando, y una prensa más capacitada en este tema. Pero el objetivo final es la reducción notable de armas en la región y la puesta en marcha de políticas que prevengan la violencia. En esta instancia estamos trabajando más en el diagnóstico, el mapeo de las armas y la violencia, y las percepciones de inseguridad. Pero con esas otras grandes metas en la mira. Además buscamos articular este programa con otros proyectos y planes de seguridad ciudadana en la región, pues existen y están en algunos casos dando buenos resultados.