Perceval fue designada por sus colegas parlamentarias para presentar en nombre de todas ellas las Conclusiones Finales del Encuentro de Mujeres Parlamentarias “Hacia una Agenda Política para la igualdad de género en América Latina y el Caribe”, en su sesión plenaria de cierre.

MARÍA CRISTINA PERCEVAL es Senadora Nacional por la provincia de Mendoza (2001-2003 /2003- 2009), Argentina. Preside la Comisión de Defensa Nacional, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, y la Comisión Especial Banca de la Mujer del Senado de Argentina. Fue Presidenta del Instituto de la Mujer de Argentina (1993-1995, Mendoza), Coordinadora del Programa de Igualdad de Oportunidades en Educación (2000-2001, Buenos Aires), y Coordinadora del Programa de Igualdad de oportunidades para la Mujer en el Ámbito Educativo (1991, Mendoza). Es Presidenta de la Junta Directiva del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo y parlamentaria del Parlamento del MERCOSUR.

Esta es la síntesis del dialogo que mantuvo con el Boletín del Fondo Fiduciario España -PNUD.

¿Cómo afecta la crisis económica global a las mujeres en Argentina?

Avanzada la crisis global y configurada como un fenómeno sistémico, los efectos negativos comenzaron a sentirse en Latinoamérica fundamentalmente en la caída del volumen del comercio internacional, en el deterioro de los términos de intercambio de los productos básicos como así también en una etapa de financiamiento externo privado más restringido.

Aunque se tienda a considerar que la fase más severa de la crisis ha sido superada, actualmente el sistema financiero sigue descapitalizado y el crédito sufre una acelerada contracción, más allá de los salvatajes y los programas de rescate bancario que implementan los Estados de los países desarrollados. Por otra parte, la actividad productiva de estos países está colapsada previéndose, con razonable probabilidad, que el efecto recesivo será intenso y extenso y la problemática social se verá determinada por el aumento de la tasa de desempleo.

“En Argentina, el impacto de la actual crisis global es más benigno que en otros países de la región, pero los impactos negativos sobre la economía real han comenzado a evidenciarse”

Las economías de nuestra región, sin embargo, pueden enfrentar esta situación en mejores condiciones que en el pasado pues, en los últimos años, se ha dado una combinación excepcional entre condiciones externas favorables y la presencia de Gobiernos que, respondiendo a las demandas de sociedades agobiadas por décadas de progresivos y recurrentes retrocesos y fracasos, favorecieron la puesta en marcha de modelos de desarrollo en los que un ciclo virtuoso de crecimiento sostenido, fue de la mano de procesos de reactivación económica y diversificación productiva, sustitución de importaciones, creación de empleo, disminución de la pobreza y mayores niveles de cohesión social.

En el caso de Argentina, uno de los hechos más destacados de este período de expansión es que estuvo acompañado por una significativa mejora de los indicadores del mercado de trabajo y de condiciones de vida de la población. El aumento del empleo permitió reducir la tasa de desocupación, estimada para el cuarto trimestre de 2003 en un 20.4%, al 7.8% en el tercer trimestre de 2008. De la misma manera, disminuyó sustancialmente la pobreza, registrándose en el primer semestre de 2003, un 54% de las personas bajo la línea de pobreza, y un 15.3% en el segundo semestre de 2008.

IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LA ECONOMÍA REAL

En nuestro país, el impacto de la actual crisis global es más benigno que el sufrido por otros países de la región. No obstante, el escenario internacional en el que hoy se desenvuelve no es el mismo que en el período 2003-2007 y los impactos negativos sobre la economía real han comenzado a evidenciarse.

Ya en el mes de abril de 2008 se reflejaba su impacto en el precio de algunos alimentos de primera necesidad. Un relevamiento realizado en la provincia de Mendoza por la Fundación Consensos, comparando principales marcas de harina y leche, evidenció –entre abril de 2008 y julio de 2009– incrementos del 100.62% y el 33.48%  respectivamente. En cuanto a segundas marcas de azúcar, leche en polvo y harina, se registraron incrementos de 15.73%, 97.29% y 50.36% respectivamente.

Además, llama la atención la amplia diferencia de precios entre los mismos artículos de diferentes marcas ofrecidos al consumidor, cuya razón solo obedece a la especulación de ciertos empresarios.

Si bien aún contamos con pocos datos para estimar el impacto de la crisis en las mujeres argentinas, cabe afirmar que éste sería negativo por cuanto tienen una inserción más precaria y vulnerable en el mercado de trabajo que los varones.

“La región está en mejores condiciones que en el pasado; producto de las frustraciones e impotencias del pasado, han surgido decisiones políticas, aprendizajes sociales y experiencias colectivas”

Por ejemplo, un estudio de la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Mendoza sobre el “índice de empleos solicitados” se observa un crecimiento importante desde 2003 hasta 2007, año en que se produce una estabilización y un punto de inflexión. En el año 2008 se registran variaciones mensuales positivas y negativas, aunque la tendencia se torna decreciente especialmente en la última parte de 2008 y primeros meses de 2009. Los empleos más afectados en las mediciones han sido, para el caso de los varones, la construcción, la que tuvo un índice negativo anual del 67.1% y, para el caso de las mujeres, el servicio doméstico, que bajó en la demanda un 46.9%, ambas actividades con altos índices de precariedad e informalidad laboral.

A nivel nacional, el estancamiento del crecimiento del empleo registrado a partir de 2007, sumado al incremento de la inflación a partir de 2006 tiene un impacto directo sobre el índice de pobreza.

SITUACIONES COMPLEJAS E INÉDITAS

Sabemos que con esta crisis global tendremos que enfrentar situaciones complejas y hasta inéditas. La disminución de las tasas de crecimiento, la caída de las exportaciones de productos manufacturados y de los precios de las materias primas, la afectación del mundo del trabajo, el riesgo de un aumento de la pobreza y la inseguridad ciudadana son amenazas que debemos prevenir y minimizar para no volver a transitar espirales regresivas y decadentes.

Y también sabemos que no es un dato inferible empíricamente que todos los países de América Latina entrarán, indefectiblemente, en recesión producto de esta crisis; como ampoco es válido afirmar que al interior de cada uno de nuestros países todas las actividades económicas y productivas se afectarán consecuencia de lo que sucede hoy en los países industrializados.

Lo que sí podemos afirmar es que, actualmente, la mayor parte de los países de la región estamos en mejores condiciones que en las últimas décadas ya que producto de las frustraciones e impotencias del pasado, han surgido decisiones políticas, aprendizajes sociales y experiencias colectivas que coinciden en la necesidad de dejar atrás una visión ortodoxa de la economía, una concepción singularista del desarrollo y una política de democracia sin Estado.

¿Qué rol juega el Parlamento en el desarrollo de una agenda de género en Argentina?

Para que la democracia sea relevante para los/as ciudadanos/as, nuestra acción política debe acortar las distancias entre las potencialidades normativas y los logros reales. De otro modo, la ley se convierte en un fenómeno superficial y la realidad que queríamos modificar sigue siendo “más de lo mismo”.

Por lo tanto, para seguir avanzando en la construcción y consolidación de sociedades justas e igualitarias para seguir avanzando, paso a paso, creo que es realista y racional que el feminismo contemporáneo plantee, especialmente dentro de las estructuras de poder: igualdad de derechos, legales y reales.

“La llegada de las mujeres al Parlamento significó en Argentina un indudable impulso a temas que hasta entonces raramente aparecían en la agenda parlamentaria”

En los años noventa, Argentina podía mostrar avances legales al mundo: cumplía con la ley de cuotas en los espacios de representación parlamentaria; contaba con una ley de protección contra la Violencia Familiar; había dado rango Constitucional a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aunque no había ratificado su Protocolo Facultativo; había incorporado a su legislación interna la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; se había aprobado la Ley de Divorcio Vincular.

Sin embargo, en esos años, la mitad de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y el 24% de la población estaba desocupada. Los números eran aún más adversos para las mujeres, quienes sufrían una mayor tasa de desocupación sumada a mayor pobreza, menor nivel educativo y un alto índice de muertes maternas por aborto. Las distancias entre los hechos y las leyes eran evidentes: nos enfrentábamos a una realidad injusta, con leyes justas.

En este sentido, para acortar estas distancias, creo que una prioridad no sólo para las mujeres es reconceptualizar la política y crear nuevas formas de hacer política. Los vacíos del momento y la complejidad irreductible de nuestro tiempo reclaman que dejemos de proyectar sombras y que nos aboquemos a iluminar el futuro.

La llegada de las mujeres a este Parlamento a través de la Ley de Cupo, significó en Argentina un indudable impulso a temas que hasta entonces raramente aparecían en la agenda parlamentaria. Pero la mayor cantidad de mujeres en el Congreso también planteó nuevos desafíos, entre ellos, la necesidad de coordinar esfuerzos para debatir los temas relacionados con el desarrollo humano en general, y con los derechos de las mujeres, en particular.

LA BANCA DE LA MUJER

Se hizo evidente que los avances antes mencionados no bastaban y que era necesario ampliar y profundizar el debate sobre temas relativos a la igualdad de derechos, oportunidades y trato en la agenda de trabajo parlamentaria. Además, porque entonces considerábamos y hoy afirmamos que las políticas públicas con perspectiva de género son indispensables, ya que reconocen el aporte de las mujeres al desarrollo y las incorporan como agentes de cambio, así como visualizan las inequidades entre varones y mujeres abriendo caminos para su superación.

Para avanzar en esta agenda propuse la constitución de la  Banca de la Mujer en el Senado argentino, comisión especial integrada por legisladoras sin diferencias de signo político, con posibilidades de analizar temas relacionados a la igualdad de oportunidades y llevarlos al recinto para su discusión. La propuesta fue acompañada por todos los bloques.

“Asumimos que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia”

Concebida como un espacio plural constituido como comisión especial, la Banca tiende al cumplimiento de dos compromisos internacionales y regionales que nuestro país ha asumido en los últimos años. Por un lado, en el marco de los Objetivos y Metas del Milenio “Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer”, y “alcanzar en el 2015 una mayor equidad de género mediante una mejor participación económica de la mujer, una reducción de la brecha salarial entre varones y mujeres, y manteniendo los niveles de igualdad de género alcanzados hasta el 2000 en el ámbito educativo”, y “aumentar la participación de la mujer en niveles decisorios (en instituciones públicas y privadas)” (Metas 8 y 9. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Argentina. La oportunidad para su reencuentro. Presidencia de la Nación-Naciones Unidas; Octubre de 2003).

Por el otro, en el marco del Consenso de Quito adoptado por la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, “adoptar todas las medidas de acción positiva y los mecanismos necesarios –incluidas las reformas legislativas necesarias– que garanticen la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal y en los ámbitos económico, social y familiar.

Asumimos que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, “cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”.

Sabemos que no hay democracia política legítima que excluya a la mitad de la población. No es posible ampliar la democracia y la ciudadanía para las mujeres si éstas no se construyen como un actor social con capacidad de intervención social y negociación política. En este sentido, no se trata solamente de ver el aspecto cuantitativo en la representación de cuotas, sino que estamos hablando de la democracia paritaria desde su dimensión cualitativa, no necesariamente porque las mujeres aportemos valores distintos o capacidades diferentes a los espacios públicos de decisión.

“Es necesario monitorear, evaluar e incluir la perspectiva de género y el monitoreo de la transversalidad de género no sólo en las normativas existentes, sino también en los proyectos a debatir por el Congreso”

Las ciudadanas, en cuanto ciudadanas plenas, podemos promover, junto a los varones, la construcción de un nuevo contrato social, en el cual los valores que se definan y acuerden sean valores humanos. Y esta es justamente la necesidad y el fundamento de una democracia paritaria. Mientras las mujeres no estén en todos los espacios políticos, económicos, sociales y familiares en igualdad real de condiciones y posibilidades, sabemos que se trata de democracias inacabadas.

Para que los Parlamentos contribuyan a la construcción de sociedades democráticas más justas, libres e igualitarias, es necesario que desde allí se desactive una normatividad que obstaculiza a las mujeres en su autoconstrucción como sujetos, privándolas de aquellos recursos –políticos, económicos, culturales o de autonomía personal– que hacen posible que un sujeto pueda actuar como tal.

Entre la ampliación de la democracia y la ampliación de la ciudadanía hay una relación de necesidad y cualquier redefinición de la ciudadanía en clave de ampliación de los derechos no puede ignorar una construcción normativa de lo femenino que restringe los derechos civiles, políticos y sociales de la mitad de la sociedad.

En este sentido, distintos/as autores/as destacan la necesidad de mejorar la institucionalización de los espacios de la democracia con representación paritaria de las mujeres y la construcción de una agenda de igualdad política, social y económica que permita un desempeño eficaz, eficiente y responsable de los poderes del Estado.

LA APLICACIÓN DE LA IGUALDAD

Por ello, la Banca de la Mujer tiene entre sus objetivos los de asesorar, consultar, controlar y monitorear las leyes relacionadas con la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones, reconocidos constitucionalmente. De la misma manera, monitorear, evaluar e incluir la perspectiva de género y el monitoreo de la transversalidad de género no sólo en las normativas existentes, sino también en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos a debatir por el Congreso.

“La Banca de la Mujer realiza un seguimiento de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y las niñas para garantizar la igualdad de trato y acceso a los recursos”

Diseñar una política de igualdad de derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres exige desarrollar y fortalecer las instituciones y la alta participación de los organismos del Estado en la elaboración de políticas y leyes. Sin embargo, no basta con leyes que reconozcan el principio de igualdad: es necesario darles seguimiento y observar  su aplicación. Porque la función de control que el Congreso Nacional debe realizar, tanto de la aplicación de las leyes como de las políticas públicas, también tiene como objetivo la evaluación para la posterior modificación de las normas desde la perspectiva de la igualdad.

Consideramos que la creación de este espacio institucional en el ámbito del Congreso, fue vital para el diseño una nueva agenda parlamentaria con perspectiva de género que promueva iniciativas en concordancia con los tratados internacionales y regionales de los que Argentina es signataria. Asimismo, para el monitoreo de la aplicación de la normativa vigente de conformidad con dichos instrumentos y, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución.

La Banca de la Mujer realiza un seguimiento de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y las niñas para garantizar la igualdad de trato y acceso a los recursos y, en caso de ser necesarias, promueve medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de sus derechos humanos.

También permite emprender diversas actividades en apoyo de la revisión y el cumplimiento de la legislación para garantizar la igualdad de género, así como la incorporación de las cuestiones de género en todas las políticas y los programas gubernamentales. Asume la difícil tarea de analizar cómo las medidas gubernamentales producen cambios tangibles en la vida de la mujer.

Finalmente, no podemos dejar de señalar que el establecimiento de asociaciones con la sociedad civil es de suma importancia para la sostenibilidad y la legitimidad de estos mecanismos. Por esta razón, la Banca de la Mujer debe instituirse en espacio de encuentro para la discusión de estos temas. Por ello se ha conformado un Consejo Consultivo donde participan especialistas, académicos/as y miembros de las organizaciones preocupadas por los temas de género. Este espacio conjunto constituye en un observatorio del ejercicio de ciudadanía plena de las mujeres y de sus derechos humanos, y así contribuye a develar las múltiples facetas en las cuales las mujeres nos encontramos en situaciones de desigualdad, de desprotección y de constante violencia efectiva o latente.

La Banca de la Mujer no sólo expresa pluralidad en su conformación dentro del Senado, sino que es un espacio de articulación estratégica para establecer una agenda que nos permita superar todo resabio discriminatorio en la normativa vigente y avanzar en la construcción de una legislación que, no sólo en lo formal sino en la realidad, garantice la plena ciudadanía de las mujeres, tanto social, económica como políticamente.

¿Cuál ha sido su experiencia como Senadora?

Estamos a tiempo para volver a mirar lo que, sin duda, constituye no ya la caricatura, sino el reflejo más nítido del sexismo que se reproduce en las diversas estructuras de poder

El análisis de las leyes y las realidades me demostró que las mujeres no debemos descontextualizar nuestras reivindicaciones, ni hacer de la agenda de las mujeres una burbuja hermética apartada de las brisas reparadoras o de los huracanes devastadores de la época. Tenemos que ser conscientes de que no podremos alcanzar sociedades igualitarias y democracias paritarias si, como sostiene Chomsky, no comprendemos que “cualquier tipo de conversión tendrá que formar parte de una reestructuración total de la sociedad”.

Al observar el funcionamiento de distintas instituciones y de sus agendas, nuevas y viejas preguntas me surgieron: ¿cuáles son las condiciones estructurales que hoy también dan cuenta de “barreras invisibles“ y “techos de cristal” para las mujeres en el mundo del trabajo?, ¿hemos logrado superar la segmentación educativa de género en nuestros sistemas educativos?, ¿las mujeres tienen las mismas oportunidades de acceso a las TICs que los varones?, ¿Internet es un universo neutro según seamos mujeres o varones?, ¿las mujeres tenemos una participación sustantiva en los diseños y decisiones del cambio tecnológico?, ¿las mujeres hemos logrado insertarnos en condiciones de igualdad dentro de los nuevos sistemas de producción de conocimientos e intercambio de información?, ¿estamos las mujeres presentes y con capacidad de intervenir en las agendas económicas y políticas del desarrollo sustentable?.

Creo que las mujeres, especialmente, estamos a tiempo para volver a mirar lo que, sin duda, constituye no ya la caricatura, sino el reflejo más nítido de la deshumanización propia de sistemas democráticos formales y el sexismo que se reproduce en las diversas estructuras de poder (desde las familias hasta las corporaciones económico-financieras, pasando por los Estados, los mass media y las organizaciones mafiosas).

Llegué al Senado en 2001 no sólo gracias a la ley de cuotas: por primera vez en la historia argentina, los representantes de la Cámara Alta debían someterse a la voluntad popular (hasta entonces eran elegidos por las legislaturas provinciales).

Un tercio de mujeres, con distintas trayectorias profesionales y de vida nos encontramos con una institución opaca y la fuerte demanda popular de cambio en las instituciones y en las prácticas políticas.

Desde la convicción que antes mencioné participé en una comisión –integrada mayoritariamente por mujeres– para la Reforma del Senado, cuyos resultados permitieron abrir el trabajo del Senado a la sociedad, hacer públicas y transparentes sus decisiones y acciones.

La mayor transparencia en los temas a tratar y el involucramiento y apoyo de las organizaciones feministas permitieron construir las bases y los consensos para la aprobación de proyectos fundamentales para los derechos de las mujeres: la ley de Prevención y sanción de la violencia contra la mujer, la ley de parto humanizado, el Protocolo Facultativo de CEDAW, la ley de educación sexual; ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas; blanqueo de las trabajadoras domésticas; protección de mujeres de niñas embarazadas en establecimientos escolares; ley de salud sexual y reproductiva; ley de ligadura de trompas; fortalecimiento de alimentos para la prevención de la anemia en embarazadas y malformaciones en recién nacidos.

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA

“Reafirmando el compromiso con una democracia participativa y plural, se conformó por primera vez en la historia parlamentaria de nuestro país el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil”

También permitió que avanzáramos en proyectos de derechos humanos y mejoras institucionales: la adhesión a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas; Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional (y la inclusión en la legislación interna de los nuevos delitos contra las mujeres); Ley de Migraciones; Convención de trabajadores migratorios; Convención sobre discapacidad; Convención  para la protección de las personas refugiadas. Y que propiciáramos el tratamiento de proyectos sobre derechos de infancia y adolescencia, largamente demandados y que no habían encontrado lugar en la agenda parlamentaria: Ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes; Protocolo de la Convención internacional del Niño contra la venta de niños, la pornografía y la prostitución; sanción de la pornografía infantil, especialmente en medios digitales; Creación del Consejo Nacional de la Juventud.

Aún cuando queden temas a debatir (creación del Instituto de la Mujer, lenguaje no sexista, reconocimiento de las uniones consensuales) la agenda que supimos construir las mujeres, con la necesaria participación de varones comprometidos con los derechos humanos, me hace ver con optimismo el trabajo parlamentario de estos años.

A nivel personal me presentó grandes desafíos: la participación en la reforma mencionada y la construcción de cercanía de la población con la política. Desde lo institucional, quedé a cargo de una comisión considerada usualmente del “ámbito masculino”: la presidencia de la Comisión de Defensa. Ello me permitió abrir debates sobre cuestiones definidas como núcleos “duros” en la agenda de políticas públicas, hasta entonces vedadas a las mujeres.

Reafirmando el compromiso con una democracia participativa y plural, se conformó por primera vez en la historia parlamentaria de nuestro país, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, dentro de la Comisión de Defensa, como órgano de consulta y concertación de temas prioritarios tales como la exigencia de la aprobación parlamentaria para la entrada y salida de tropas, un nuevo Sistema de Justicia Militar en clave de derechos humanos; la ratificación del Tratado contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; los principios y procedimientos para la participación en Misiones de Paz de la ONU; un Plan de Desarme; y el control civil de las Fuerzas Armadas, entre otros.

DESCARGUE LA PONENCIA DE MARÍA CRISTINA PERCEVAL EN EL ENCUENTRO DE MUJERES PARLAMENTARIAS