Winnie Byanyima comparte aquí su visión sobre la desigualdad, la participación de la mujer en la vida laboral y política, y la violencia intrafamiliar en nuestra región.

Winnie Byanyima ha sido Directora de Mujer, Género y Desarrollo de la Comisión de la Unión Africana y tres veces elegida parlamentaria en su país, Uganda.

Es actualmente Directora de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Video y edición: Karla Jiménez, Asistente de Comunicaciones para America Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD).

La creación en Venezuela del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y la adscripción del Instituto Nacional de la Mujer, el Banco de Desarrollo de la Mujer y la Fundación Madres del Barrio al primero han puesto en evidencia los avances en materia de enfrentar la feminización de la pobreza en el país.

A PARTIR DE FEBRERO DE 1999, entró en acción en Venezuela un nuevo gobierno que se propuso refundar la República, a tal efecto el movimiento amplio de mujeres comprometido con las mayorías del país, nos planteamos darle continuidad al mecanismo para el adelanto de las mujeres existente en el país: el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU).

Así, el presidente Hugo Chávez, oyendo nuestro planteamiento, designó una directiva formada por cuatro compatriotas provenientes, todas, de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres (CONG de Mujeres). Estas, hacían parte del movimiento obrero, del equipo mujer y comunicación, de organizaciones de mujeres de inspiración cristiana y de mujeres afrodescendientes las que se comprometieron a ser nuestras voceras en un gobierno que ya se definía como revolucionario.

INCIDIR EN LA CONSTITUYENTE

En las décadas del ochenta y noventa, el modelo neoliberal había impactado de manera diferente a las mujeres, por lo que se diagnosticaba una suerte de creciente “feminización de la pobreza”

De inmediato iniciamos una serie de acciones para incorporarnos al proceso de la constituyente que se iniciaba y que concluiría en diciembre de 1999. Así, en tanto movimiento social, nos fijamos una estrategia según la cual incidiríamos de manera decisiva en la esencia y forma de la nueva Constitución.

Con la presencia de mujeres feministas en la constituyente, la elaboración de documentos que debían discutirse en su seno y con una acción permanente en los espacios donde la misma se desarrollaría y, al final, con la incorporación de dos académicas feministas del área de las letras en el proceso de redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela resultante.

A posteriori nuestra lucha se dirigió al logro de la reforma de la Ley de Igualdad de Oportunidades a partir de la cual se hicieron realidad dos nuevos mecanismos para el adelanto de las mujeres: el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) y la Defensoría de los Derechos de la Mujer, adscrita al primero.

CRÉDITOS PARA LAS MUJERES

El 8 de marzo de 2001, el presidente Hugo Chávez, oyó una vez más a las mujeres organizadas y Decretó la creación del Banco de Desarrollo de la Mujer, según Decreto Ley Nº 1.243, para a posteriori crear la Misión Madres del Barrio que le comenzaría a dar concreción al artículo 88 constitucional, en el marco de una estrategia de inclusión de las mujeres al desarrollo y sus beneficios, así como al impulso del poder popular.

“Después de la Conferencia de Beijing, lo económico pasó a jugar un papel fundamental en la lucha por superar toda forma de discriminación hacia nuestro género”

La estrategia mencionada fue asumida por el gobierno revolucionario desde 1999, cuando el presidente decretó la creación del Banco del Pueblo Soberano, el que siguiendo sus orientaciones y de común acuerdo con la Presidenta del CONAMU, primero y luego del INAMUJER, pensaron una estructura organizativa que incorporó el Área del Credimujer. Esto es, el microcrédito para las mujeres en condiciones de pobreza.

Como expresamos con anterioridad, en marzo de 2001 y por propuesta del INAMUJER, se decretó la creación del Banco de Desarrollo de la Mujer, siendo que la presidencia del mismo fue asumida por una vocera del Capitulo Venezuela del Frente Continental de Mujeres la que, al mismo tiempo, hacía parte del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV.

DERECHOS ECONÓMICOS

Se hace necesario anotar que un importante número de mujeres organizadas en el país participamos, de diversas maneras, en el proceso que condujo a la “IV Conferencia sobre la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz”, impulsado por la Federación Democrática Internacional de Mujeres, a través de las Naciones Unidas. De tal manera que en el camino hacia Beijing, se constituyó la Coalición Política de Mujeres Andinas, de la que Venezuela se hizo parte. Más tarde se crearía la Red de Mujeres Transformando la Economía, la que ha venido señalando líneas de acción al movimiento social de mujeres en nuestro continente.

“La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer de 1995 en Beijing nos permitió un mayor nivel de articulación nacional, subregional, regional y mundial”

Efectivamente, en el marco de nuestros derechos humanos integrales, en Beijing-China (1995), se avanzó en la necesidad de impulsar los derechos económicos de las mujeres.

En las décadas del ochenta y noventa, del siglo pasado, el modelo neoliberal de la economía había impactado de manera diferente a las mismas, por lo que se diagnosticaba una suerte de creciente “feminización de la pobreza” que las mujeres visualizamos y caracterizamos en diferentes foros nacionales e internacionales. Reunidas, pues, en Beijing más de 40.000 mujeres, lo económico pasó a jugar un papel fundamental en la lucha por superar toda forma de discriminación hacia nuestro género.

Las mujeres venezolanas, antes y después de Beijing, encararon, tanto con su práctica política como con su producción teórica, los impactos de la globalización capitalista neoliberal. Fueron muchas las formas organizativas que nos dimos: populares, académicas, de profesionales, de inspiración cristiana, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, campesinas e indígenas, centros de estudios, de trabajadoras, de salud, de parlamentarias, de feministas en sus diversas corrientes, de partidos políticos, de paz, de educación popular, continentales, mundiales, etc.

EPISODIOS DE LA LUCHA

“La existencia de un país rico con un pueblo pobre generaba contradicciones antagónicas que debían ser resueltas en el corto plazo”

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer de 1995 en Beijing nos permitió un mayor nivel de articulación nacional, subregional, regional y mundial. A este nivel del análisis, aclaramos que tal articulación había dado pasos con motivo de las Conferencias Mundiales convocadas, con anterioridad, por la ONU; sólo que para este momento la madurez del movimiento amplio de mujeres y el contexto histórico, nos encontraba preparadas para avanzar de manera más rápida en el camino hacia la definitiva liberación de las mujeres.

Nuestras luchas en el ámbito de lo económico mostraron varios episodios:

• Estuvimos presentes de manera cada vez más efectiva en la lucha obrera y sindical contra el neoliberalismo que pretendía arrebatarnos las prestaciones sociales y hasta el mismo derecho a un trabajo digno y dignamente remunerado, en tanto se nos consideraba mano de obra barata, desorganizada y desorganizable.
• La lucha por la justicia y la paz nos hizo caminar juntas por las calles de nuestro país tras la consigna “sin justicia para todas y todos no habrá paz para ninguna”.
• Nos hizo recoger firmas “por el derecho a comer”, lideradas por los Círculos Femeninos Populares de Venezuela, en momentos en que los neoliberales desarrollaban la tesis de la necesaria perfectibilización del mercado. Esto es de liberar los precios a beneficio del capital y en contra del mundo del trabajo. Tales firmas se introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia de la época, la que resolvió que el derecho a comer no era un derecho humano.
• Elaboramos diversos documentos sobre el neoliberalismo y la feminización de la pobreza; las mujeres y las maquilas; los derechos económicos de las mujeres en el contexto de una economía política que diera cuenta de la diferencia por razones de género, etnia y clase social.
• Participamos en las reuniones preparatorias de los encuentros nacionales, subregionales, continentales y mundiales, donde nuestra voz podía ser oída. Era necesario hacer conocer del mundo entero nuestra real realidad: “Venezuela, país rico, con un pueblo pobre”.
• Más, sobre todo, trabajamos por la construcción de la unidad en la diversidad entre las mujeres, impulsada por el Frente Continental de Mujeres, única forma de dar al traste con el neoliberalismo globalizador que se nos imponía en tanto pueblo. Se trataba de trabajar por lo que nos unía y dejar en un segundo lugar lo que nos desunía, en la búsqueda de una sociedad justa y amante de la paz.

UNA NUEVA ÉPOCA

“Para las mujeres organizadas, comprometidas con las y los más pobres, la respuesta era obvia: acompañar el proceso revolucionario incorporando la visión de género”

Tal y como lo expresamos en párrafos anteriores, no estamos afirmando que las luchas por los derechos económicos de las mujeres se inician en este período; mas resulta evidente que a partir de 1999, Venezuela entra en una coyuntura política que determinará, de buena manera, transformaciones de gran importancia en lo económico, social, ideológico y militar.

Como antecedente inmediato encontramos las luchas de nuestro pueblo, señaladas de manera sucinta supra, así como episodios múltiples en los que destacan el levantamiento popular de febrero-marzo de 1989 y los cívico-militares de febrero y noviembre de 1992.

La existencia de un país rico con un pueblo pobre generaba contradicciones antagónicas que debían ser resueltas en el corto plazo, como única manera de impedir que la violencia que nos asolaba como pueblo se centrara en las más sencillas y sencillos.

Para las mujeres organizadas, comprometidas con las y los más pobres, la respuesta era obvia: acompañar el proceso revolucionario incorporando la visión de género a objeto de lograr una real democracia participativa y protagónica, capaz de superar la llamada democracia participativa que nos condenaba a una exclusión de todo tipo, entre ellas a la económica.

Como ya expresáramos la nueva composición del Consejo Nacional de la Mujer y luego del Instituto Nacional de la Mujer trabajó en tal sentido, así como la creación del Banco del Pueblo Soberano y su línea Credimujer.

Unas 20 millones de personas han salido de la pobreza entre 2003 y 2009 en Brasil. Entre ellas, hay muchas mujeres que soñaban con un futuro mejor para ellas y sus hijos, y ahora se encuentran con un presente que les ofrece mejores oportunidades.

ANTES de dar nombre a la ley, Maria da Penha (foto) se enfrentó a una desgarradora historia, con la que muchas mujeres se identifican. Ella encarna la lucha de denunciar y combatir una situación de violencia de género, la expresión más cruel de la discriminación.

La lucha contra la violencia debe ser integral y para todos. Pero convivimos con formas específicas de violencia, agravada por una situación histórica de desigualdad que aún carece de una intervención específica, lo cual debe corregirse. Este problema afecta directamente a las mujeres. Es cierto que estamos avanzando y tenemos logros importantes, algunos de ellos gracias a los avances en el área social. Pero todavía hay mucho por hacer.

ACCIONES CONCRETAS

“Las políticas sociales, por sí mismas, ya promueven un impacto significativo en las vidas de las mujeres más pobres”

Por eso son importantes fechas como el 8 de marzo. Por eso es que todavía necesitamos acciones concretas y dirigidas a las mujeres, como incluir las cuestiones de género en los debates de nuestras políticas.

El papel de la política social es el de corregir y reducir las desigualdades. Esto se está haciendo. Las estadísticas lo confirman. Gracias al programa Bolsa Familia, en un trabajo articulado con otros programas, las personas están logrando superar la pobreza, se alimentan mejor, tienen mayor capacidad para criar a sus hijos y cuidar de las personas mayores, quienes también tienen sus ingresos asegurados gracias al Beneficio de Prestación Continua. Las familias pobres tienen hoy mejores condiciones para mantener a sus hijos en la escuela durante más tiempo y para acompañarlos en su rendimiento escolar. Todo esto implica un fuerte impacto sobre el futuro de estas familias.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

Pero el principio de estas políticas es tratar a los desiguales de manera diferente, justamente para compensar la deuda social que la desigualdad de derechos y oportunidades ha generado durante tanto tiempo.

“Todo el mundo sabe del papel del buen funcionamiento de las guarderías, programas para personas mayores y niños, y Centros de Referencia de Asistencia Social en la vida de la mujer”

Por lo tanto, para asegurar una mayor eficiencia de las políticas es fundamental reconocer y trabajar las diversas formas de discriminación. Fue con esta preocupación que creamos dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) de Brasil, en colaboración con la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer, una comisión especial para garantizar el análisis de la dimensión género en todas nuestras políticas. El comité tiene el desafío de identificar los problemas específicos que afectan a las mujeres y otros segmentos históricamente marginados, a fin de incluir en las políticas acciones que satisfagan las necesidades de los que son desiguales entre los desiguales.

Las políticas sociales, por sí mismas, ya promueven un impacto significativo en las vidas de las mujeres más pobres. Todo el mundo sabe el papel del buen funcionamiento de las políticas y los servicios sociales como guarderías, programas para personas mayores y niños, y Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS) en la vida de la mujer. Es deber del Estado asumir dichos servicios, ya que si no estuvieran disponibles afectarían sus posibilidades de trabajar.

BOLSA FAMILIA Y GÉNERO

En el caso de Bolsa Familia, las madres son las primeras titulares del beneficio recibido por la familia, lo cual tiene un fuerte impacto en la promoción de la equidad de género. Así, las mujeres adquieren más autonomía y poder de decisión dentro del hogar. Pero la acción de Bolsa Familia en la vida de las mujeres va más allá de este tema en particular, porque el programa juega un papel importante en la reestructuración de los vínculos familiares y la comunidad, proporcionando las condiciones para que los beneficiarios puedan participar en su espacio colectivo de una manera activa.

“Todavía tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades para todos”

Estamos teniendo éxito en cambiar la realidad del país. Un estudio realizado por la Fundación Getulio Vargas calcula que unas 20 millones de personas han salido de la pobreza entre 2003 y 2009. Estas personas son capaces de reescribir su historia, muchas por primera vez puede contar la historia.

Entre ellas, hay muchas mujeres que soñaban con un futuro mejor para ellas y sus hijos, y ahora se encuentran con un presente que les ofrece mejores oportunidades. Pero todavía tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Muchas mujeres luchan por eso y tenemos que ser partícipes de ese esfuerzo. Hasta que Maria da Penha pueda bautizar, en el futuro, el logro de la igualdad.

Enlace al artículo en la web del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre del Brasil

No habrá desarrollo humano si no erradicamos esta herida abierta contra la dignidad humana y los valores básicos de la sociedad como es la violencia contra la mujer. No habrá desarrollo humano si madres, hijas, hermanas, mujeres y niñas viven en el temor y sin libertad.

Desde lo individual y desde lo colectivo queremos decir un ya no más violencia contra las mujeres. El reto que tienen América Latina y el Caribe no es fácil, pero estoy convencida que podemos desencadenar una serie de acciones para avanzar en nuestro objetivo de poner fin a la violencia misma pero también a la impunidad que muchas veces acompaña la violencia contra mujeres y niñas.

Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, nos mostró dos ecuaciones matemáticas muy sencillas: en todos los países estamos experimentando el fenómeno de violencia contra las mujeres, pero violencia más impunidad produce más violencia mientras que violencia con justicia produce menos violencia, y mostraba datos de España que evidencian la presencia también de este flagelo, pero cómo el sistema de justicia implementa importantes medidas de protección para proteger a las mujeres.

Mientras, en muchos de nuestros países, la mayoría de los casos no se resuelven, las medidas contempladas en la ley para proteger a las mujeres de las agresiones no se implementan y hay no solo una impunidad en el ámbito judicial sino también, diría yo, una impunidad social, porque la falta de indignación pública refleja un silencio, una complicidad y una tolerancia inaceptable ante estos actos de violación flagrante a los derechos humanos más básicos de las mujeres. Un NO a la violencia es también un NO a la impunidad.

ASESINADAS POR SER MUJERES

En octubre de 2009, en la presentación del Informe de Desarrollo Humano para América Central sobre Seguridad Ciudadana realizada en El Salvador, se confirmó una vez más la gravedad de la violencia contra la mujer, en principio por el silenciamiento que incrementa las inseguridades que padecen las mujeres de la región, desde la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, probablemente el más silenciado de los delitos, y hasta el femicidio, que es el delito de dar muerte a una mujer por razones asociadas a su género.

El informe sostiene por tanto que la violencia contra las mujeres es la principal cara escondida de la inseguridad ciudadana en América Central, a tal punto que la opinión pública ni siquiera lo percibe como parte del “problema del crimen”. A pesar de que, según estudios realizados, en Panamá entre 2000 y 2003 el 68% de los homicidios de mujeres fueron femicidios, y en Costa Rica entre 1990 y 2003 el 61% de los homicidios contra mujeres también lo fueron. O sea, que dos de cada tres mujeres que mueren asesinadas en Centroamérica mueren por ser mujeres.

Además sabemos que el grueso de los femicidios son la culminación de una larga historia de relaciones abusivas y controladoras por parte de parejas, ex parejas, familiares, pretendientes y acosadores. El resto de los femicidios son hechos como el intento de violación por parte de un desconocido o la muerte de mujeres sujetas al tráfico sexual.

DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN

En Guatemala, entre el año 2001 y 2006, los femicidios se duplicaron pasando de 303 casos a 603. Esto sucede a pesar de un marco normativo que ha ido avanzando, culminando recientemente con la aprobación de la “Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer” y la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, lo cual hemos destacado en la Feria como una de las leyes de segunda generación más completas de la región.

Por eso es urgente, como dice la campaña, pasar de las palabras a la acción y dotar a las instancias correspondientes de los recursos humanos y financieros para poder implementar estos valiosos instrumentos contra la violencia y contra la impunidad.

En Guatemala, como en el resto del continente, el análisis del delito, la criminalidad y la violencia presenta variaciones notables según el sexo. Esto se refleja en la diferencia de percepción de inseguridad entre hombres y mujeres. En el Informe de Desarrollo Humano para América Central sobre Seguridad Ciudadana se muestran los resultados de una encuesta que ilustran que, con excepción de Honduras, en todos los países de América Central una mayor proporción de mujeres dicen sentirse inseguras en su barrio y también consideran que el nivel de violencia en la ciudad o pueblo en donde viven son más altos de lo que creen los hombres

Los números son elocuentes:

·         el 58% de las mujeres costarricenses ha vivido al menos un incidente de violencia física o sexual después de los 16 años;

·         el 36% de las salvadoreñas que han vivido con un hombre han padecido violencia psicológica durante su vida;

·         el 48% de mujeres en Nicaragua indicaron haber sufrido violencia verbal;

·         en promedio, la mitad de las mujeres centroamericanas han sido objeto de violencia durante su vida adulta.

En Bolivia (2008) y México (2006), casi el 40% de las mujeres de entre 15 y 49 años consultadas admitió sufrir o haber sufrido violencia emocional; en Colombia (2005) y Perú (2004), los casos superan el 60 %, mientras que en República Dominicana (2007) el porcentaje llega al 26%. Son afectadas por violencia física un 16,1% de mujeres en República Dominicana hasta un 42% en Perú. Por otra parte, entre un 5% y un 11% de las mujeres identifica haber sufrido de violencia sexual.  Y, según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares (ENDIREH 2006) de México, el 67% de las mujeres de 15 años y más ha vivido incidentes de violencia por parte de pareja o de otras personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en la escuela.

UN ENTORNO LASTIMOSO

Este dato impresiona y nos revela la profunda dinámica psicosocial de este fenómeno: allí donde supuestamente las mujeres y niñas deberían estar más seguras es donde más las lastiman: el entorno más cercano, la comunidad, el trabajo, la escuela.

Pero no solo hay diferencias entre hombres y mujeres: también hay diferencias entre las mujeres. Por eso en el título de la campaña no se habla de la violencia contra la mujer, sino contra las mujeres.

Las formas de violencia se hacen presentes en distintos contextos territoriales, sociales, étnicos, raciales  y culturales concretos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que la violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afro descendientes.

Se ha constatado que los obstáculos que enfrentan para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos que remedien las violaciones sufridas pueden ser particularmente críticos, porque sufren de varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, por su origen étnico o racial y/o por su condición socio-económica. Otro ejemplo son las miles de mujeres en la región que sufren la doble crisis de violencia de género y VIH, donde una exacerba a la otra en un círculo vicioso de discriminación, estigma, temor, abusos de derechos y, finalmente, la muerte.

No hay duda de los avances que ha mostrado la región en el marco normativo y legal. El sistema jurídico en la región ha presentado importantes avances; sobre todo, en materia penal y en la adopción de tratados internacionales. Esto se lo debemos muy especialmente al esfuerzo de numerosos actores, especialmente las organizaciones de mujeres, que en los últimos 30 años han trabajado para construir una agenda política para erradicar la violencia de género. El movimiento de las organizaciones de mujeres ha mantenido siempre en la agenda el tema de la equidad y eso merece un reconocimiento muy importante.

MUCHO POR RECORRER

El Informe presentado “Ni una Más, del Dicho al Hecho” (CEPAL, 2009) refleja con mucha claridad el esfuerzo realizado hasta el momento cuando dice: “Las mujeres han convertido su sufrimiento en voz pública, visibilizado la magnitud y la intensidad de las agresiones, interpelado leyes y modificado códigos, modelado instituciones y nombrado con nuevas palabras viejos crímenes. El feminicidio, la trata de personas, el incesto, la violencia doméstica, los crímenes de honor, la violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial han hecho su ingreso sin retorno al escenario de los derechos humanos, a las cortes de justicia y a los medios de comunicación”.

Sin embargo, mucho camino queda por recorrer en la región para hacer frente a esta problemática.

Permítanme delinear algunas líneas prioritarias de acción haciendo un llamado a que no nos concentremos solamente en el análisis de la problemática y sus efectos, sino también en las maneras solidarias y activas que tenemos en la sociedad para abordar el problema, y recordemos las maneras de resistencia civil propositiva y activa:

UNO

El informe regional de 2007 “¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe”, coordinado por la CEPAL concluye que para erradicar la violencia es imprescindible que ésta se convierta en un objetivo central de las agendas públicas: primero, como un problema de derechos humanos, segundo, porque la violencia de género es un obstáculo para el desarrollo de los países y por último, porque es un asunto clave para la democracia y la gobernabilidad democrática.

DOS

Además de su incorporación en la agenda, necesitamos convertir el avance normativo en acciones efectivas contra la violencia, por lo que hay que fortalecer las políticas e instituciones públicas dotándolas de recursos humanos y presupuestarios apropiados para alcanzar este cometido, promoviendo la coordinación interinstitucional, mejorando las capacidades técnicas y  teniendo respuestas diferenciadas que atiendan la especial situación de las mujeres indígenas, afrodescendientes, así como de las mujeres desplazadas o migrantes en la región

TRES

Mejorar los sistemas de generación de información superando su fragmentación y promoviendo la Institucionalización de sistemas de análisis y recolección de información, implementación de encuestas periódicas sobre la prevalencia de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres y las niñas y el acceso a información estadística fidedigna y permanente.

CUATRO

El cambio debe instalarse como resultado y responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Por eso es que creemos que son importantes las campañas de información sensibilización y transformación cultural. Debemos  ser capaces de promover un mensaje que permita la construcción de nuevos modelos, nuevos imaginarios y nuevas prácticas de relación entre los géneros que desmonten estructuras de poder cultural, jurídico y social que sostienen la violencia de género.

Por eso, no es solo la lucha para poner fin a la violencia contra las mujeres sino por promover la equidad, el fin de las asimetrías, de la discriminación y a favor de la potenciación de las capacidades de las mujeres, su empoderamiento, su participación política su acceso a la autonomía económica y a las oportunidades.

Se trata de construir tejidos sociales que permitan desarrollar sociedades cuyas estructuras económicas, sociales y étnicas no estén altamente segmentadas y basadas en la desigualdad, como es el caso de nuestra realidad latinoamericana.

Para esto debemos colocar en primer plano la vigencia de los derechos humanos, que responden a los valores de igualdad, solidaridad y no discriminación, y ligar la agenda del desarrollo con la de los derechos de las mujeres, como nos señala la Plataforma para la Acción de Beijing.

CINCO

Pero para eso no necesitamos solo a las mujeres, sino también a los hombres. Por eso aplaudimos al Secretario General, quien lanzó en Nueva York, a nivel global y en el marco de la Campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres, la Red de Hombres Líderes. Esta Red tiene el propósito de hacer visible las diversas iniciativas, lideradas por grupos o redes de hombres orientadas a la comprensión y transformación de las relaciones de desigualdad entre los géneros.

SI NO ES AHORA… ¿CUÁNDO?

La violencia de género presente en nuestras sociedades interpela nuestro modelo de desarrollo y de democracia, la sentencia es categórica. No habrá desarrollo humano si no erradicamos esta herida abierta contra la dignidad humana y los valores básicos de la sociedad como es la violencia contra la mujer. No habrá desarrollo humano si madres, hijas, hermanas, mujeres y niñas viven en el temor y sin libertad.

El Sistema de Naciones Unidas reitera su compromiso para la acción orientada a poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, desde los programas regulares de cada agencia según su especificidad, así como en nuestros programas conjuntos. Nos comprometemos a ejercer nuestro liderazgo para sostener y reforzar los compromisos de todos los actores involucrados en los países y en la región, y para hacer de nuestro eslogan: “de las palabras a la acción” una realidad.

Se lo debemos a las que nos antecedieron en su lucha, se lo debemos sobre todo a quienes engrosan cada día las cifras de las muertes y las victimas, se lo debemos a nuestras hijas, pero también se lo debemos a nuestros hijos, porque  ambos merecen, ellas y ellos, crecer en una cultura de paz, de respeto mutuo, sin víctimas ni victimarios.

Y como dice el antiguo refrán, si no es ahora… ¿cuándo?

La violencia de género y la discriminación de la mujer en Latinoamérica alcanzan cifras alarmantes. La crisis actual viene a abrir un nuevo frente en la insostenible situación del mercado laboral femenino.

“Mató a su novia de 75 puñaladas y lo condenan por imprudencia”, reza el titular periodístico. El tribunal de General Roca, en Argentina, entendió que, como estaba alcoholizado, el asesino actuó de manera negligente y sin intención. La sentencia fue apelada por el fiscal. En Guatemala hubo 2.920 homicidios de mujeres en los últimos cinco años, y la Fundación Sobrevivientes, apoyada por el Gobierno, da ayuda a 18.000 mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Más de 500 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993. Cada año se reportan 100.000 denuncias por violencia doméstica en Perú. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 40% de las mujeres de América Latina sufre violencia física, y en algunos países cerca del 60% padece violencia emocional.

Hay avances, pero la violencia de género y la impunidad continúan. En un fallo ejemplar que sentó un precedente pionero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictaminar sobre los asesinatos de varias adolescentes en Ciudad Juárez: el Estado mexicano “debe encontrar, juzgar y condenar a los culpables”; remover todos los obstáculos que impiden una “debida investigación”; investigar a los funcionarios acusados de “irregularidades” en la investigación, sancionarlos y realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en honor a la memoria de las jóvenes, y erigirles un monumento para recordarlas.

Ante la gravedad de la violencia de género en el mundo (en Italia, por ejemplo, siete millones de mujeres sufrieron agresiones o maltratos al menos una vez en su vida), el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha lanzado la campaña universal Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres.

La violencia es uno de los campos donde hay muchísimo que hacer en discriminación de género en América Latina. Otro muy complejo y delicado es la situación de la mujer en el mercado de trabajo, como lo indica Trabajo y familia, un riguroso informe de 2009 realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OIT.

La sociedad saludó el ingreso masivo de la mujer al mercado laboral. Más de 100 millones de mujeres trabajan, y ello es una fuente fundamental de dignificación, autoestima, y hace un decisivo aporte al producto bruto. Entre otros indicadores, la CEPAL ha estimado que si no fuera por las mujeres pobres que trabajan, la pobreza urbana sería un 10% mayor, y la rural, un 7%, lo que supone unas cifras explosivas en una región donde una de cada tres personas es pobre.

El 50% de las mujeres que trabajan lo hace en la economía informal, con bajas remuneraciones y casi sin protección social. La vida tampoco es un lecho de rosas para las mujeres ocupadas en empresas en la economía formal. Ganan el 70% de los hombres, deben hacer méritos muy por encima de la norma para progresar y tienen una limitada representación, menor al 20%, en responsabilidades directivas.

Al mismo tiempo, las mujeres siguen a cargo de los niños, los hogares, las personas mayores y toda la “economía de cuidado”. En México, por ejemplo, dedican a ello 50 horas semanales, mientras que los hombres, sólo 10. Ni sus cónyuges, ni las políticas públicas, ni las empresas las ayudan mayormente en su doble y agotadora jornada diaria (en el trabajo y el hogar). Entre otros aspectos, la discriminación hacia las mujeres que quieren ser madres, o lo son, sigue siendo activa. Es difícil argumentarla como suelen hacerlo algunos sectores empresariales como un problema de costes cuando, según estima la OIT, el coste de licencias de maternidad, apoyo a la lactancia y guarderías es el 2% del sueldo de las mujeres, y la mayor parte es subsidiado por la Seguridad Social.

En la crisis actual, los impactos para las mujeres latinoamericanas son mayores que para los hombres. Mitos como que el trabajo de la mujer es secundario o que su aporte al mantenimiento del hogar es marginal, ajenos a la realidad, inciden en sus altas tasas de despido y sus reducciones salariales. Además, son más vulnerables frente a la crisis porque “el funcionamiento de las instituciones laborales que protegen sus derechos es más débil, y por su menor presencia en organizaciones sindicales y en sectores que negocian colectivamente”.

Por otra parte, sus responsabilidades en hogares apretados por el aumento de la desocupación (2,5 millones de desocupados nuevos en 2009) y la pobreza (8 millones de pobres adicionales) son crecientes. Asimismo, es débil su presencia en algunos de los espacios de más peso en las decisiones económicas vinculadas con la crisis, como los ministerios de Economía y los bancos centrales.

Todos los problemas mencionados sobre la condición de la mujer en América Latina tienen respuestas posibles. Hay importantes luchas en marcha, y no pertenecen al mundo de las quimeras. Se están practicando en sociedades avanzadas como las nórdicas, en donde la sociedad apoya activamente con leyes y presupuestos a las mujeres que trabajan. Son de alto interés iniciativas como el plan para conciliar trabajo y familia que lanzó la Generalitat de Catalunya, que consta de 166 medidas y afecta a 13 departamentos. Entre ellas están: incentivos a las empresas, tener en cuenta sus récords en esta materia en las adjudicaciones de contratos, impulso al teletrabajo, flexibilización de horarios en los centros educativos e impulso a las guarderías rurales.

La impunidad, la discriminación, el machismo no afectan sólo a las mujeres. Como lo plantea la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, la igualdad de género “es esencial para la realización de todos los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el progreso general de todas las sociedades”. La cuestión no es en América Latina un problema de las mujeres, sino colectivo; está en juego el perfil ético y la calidad de las sociedades de la región. No hay más excusas posibles, es hora de pasar de los discursos a las acciones.

María Paula Romo cree que se han logrado reformas importantes para la agenda de las mujeres en Ecuador, pero la política siguesiendo un espacio masculino que requiere transformaciones culturales profundas, explica en esta entrevista especial.

LA ASAMBLEÍSTA ES Abogada, Máster en Gobierno y Administración Pública, y especialista en estudios de género. Ha trabajado como consultora y profesora universitaria y de postgrado. Su actividad política ha estado vinculada sobre todo a la dirigencia estudiantil y la defensa de los derechos y libertades de las mujeres.

Fue delegada del Presidente de la República a la Comisión Especial de Juristas que preparó un proyecto de Constitución. Fue electa como la asambleísta más votada de la provincia de Pichincha a la Asamblea Constituyente. En la Asamblea se desempeñó como Presidenta de la Mesa de Legislación y Fiscalización y hoy preside la Comisión Especializada de lo Civil y Penal en el órgano legislativo.

Esta es la síntesis del dialogo que mantuvo con el Boletín del Fondo Fiduciario España-PNUD.

¿Cómo está afectando la crisis económica global a las mujeres en Ecuador?

La brecha de género, en el aspecto de oportunidades de trabajo, ya estaba marcada antes de la actual crisis económica. La crisis acentúa las diferencias, tal como lo menciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Las proyecciones del mercado laboral para 2009 muestran un deterioro de los mercados laborales a nivel mundial, tanto para mujeres como para hombres. La OIT estima que la tasa de desempleo mundial podría aumentar entre 6,3 y 7,1 por ciento, con su respectivo aumento en la tasa de desempleo femenino de entre 6,5 y 7,4 por ciento (comparado con entre 6,1 y 7,0 por ciento para los hombres). Esto produciría un aumento de entre 24 y 52 millones de personas desempleadas en el mundo, de las cuales entre 10 y 22 millones serían mujeres” (Ver el informe completo).

“Las estadísticas siguen siendo alarmantes y tanto la violencia como la pobreza siguen azotando a las mujeres ecuatorianas”

En el Ecuador los salarios reales aumentaron a pesar de la inflación. El salario mínimo vital, más remuneraciones complementarias de 2008, es el más alto de las últimas dos décadas, según se desprende del informe a la Nación realizado por el Presidente de la República, Rafael Correa, el 15 de enero de 2009. Pero a pesar de estas cifras alentadoras, es menester entender que las tasas de empleo femenino son más bajas, existe un control más débil sobre la propiedad y los recursos, aumenta la concentración en tipos de empleo informales y vulnerables, con ingresos más bajos y una menor protección social.

Todos estos factores colocan a las mujeres en una posición más débil que los hombres en tiempos de crisis, aunque las mujeres pueden hacer frente a esta situación trabajando horas extraordinarias o realizando múltiples trabajos con bajos ingresos, pero aún así deben continuar cumpliendo con sus obligaciones de cuidado no remuneradas.

Como jefas de hogar, las mujeres en el Ecuador efectúan labores no remuneradas, y sus limitaciones para acceder a trabajos con estabilidad se restringen ya que por condiciones culturales se prefiere al género masculino.

LA AGENDA LEGISLATIVA DE GÉNERO

¿Qué rol juega el Parlamento en el desarrollo de una agenda de género en Ecuador?

El Parlamento, en este caso la Asamblea Nacional del Ecuador, juega un rol importantísimo en el desarrollo de una agenda de género. Las estadísticas siguen siendo alarmantes y tanto la violencia como la pobreza siguen azotando a las mujeres ecuatorianas.

“Debemos convertir los temas de la agenda de los derechos de las mujeres como un compromiso del humanismo”

Ya desde Montecristi, durante la elaboración de la Constitución de la República, muchas organizaciones de mujeres se movilizaron a Ciudad Alfaro para que a través de actos, vocerías y visitas, se llevaran a cabo consensos para que en la norma suprema se tomen en cuenta los temas de género. La Constitución recoge temas tan importantes como: prioridad de acceso a crédito, tierra y agua para las mujeres; seguridad social para las personas que realizan labores de cuidado; reconocimiento del trabajo de cuidado como trabajo productivo; obligación del Estado de tomar medidas para lograr igualdad material; conciliación de la vida privada y la vida material, entre muchos otros.

Las propuestas para las mujeres serán, del lado de la Asamblea, las de desarrollar la legislación que materialice estos principios pero es fundamental poner énfasis en las políticas públicas del Ejecutivo y los Gobiernos locales.

¿Cuál ha sido su experiencia como diputada?

El haber sido electa como asambleísta, tanto para participar en la Asamblea Constituyente,como en la Comisión de Legislación y Fiscalización, ha sido un desafío y un aprendizaje. Hemos logrado reformas importantes para la agenda de las mujeres pero la política sigue siendo un espacio masculino que requiere transformaciones culturales profundas.

En estos meses de ejercicio del cargo también es evidente que las mujeres necesitamos esforzarnos no sólo por estar en la política sino por transformar la política. ¿Será posible plantear nuevas formas de relación con el poder? ¿De ejercicio del poder? Debemos también convertir los temas de la agenda de los derechos de las mujeres como un compromiso del humanismo, de los sectores progresistas, conseguir aliados hombres y mujeres de los otros sectores que luchan contra la exclusión.

Perceval fue designada por sus colegas parlamentarias para presentar en nombre de todas ellas las Conclusiones Finales del Encuentro de Mujeres Parlamentarias “Hacia una Agenda Política para la igualdad de género en América Latina y el Caribe”, en su sesión plenaria de cierre.

MARÍA CRISTINA PERCEVAL es Senadora Nacional por la provincia de Mendoza (2001-2003 /2003- 2009), Argentina. Preside la Comisión de Defensa Nacional, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, y la Comisión Especial Banca de la Mujer del Senado de Argentina. Fue Presidenta del Instituto de la Mujer de Argentina (1993-1995, Mendoza), Coordinadora del Programa de Igualdad de Oportunidades en Educación (2000-2001, Buenos Aires), y Coordinadora del Programa de Igualdad de oportunidades para la Mujer en el Ámbito Educativo (1991, Mendoza). Es Presidenta de la Junta Directiva del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo y parlamentaria del Parlamento del MERCOSUR.

Esta es la síntesis del dialogo que mantuvo con el Boletín del Fondo Fiduciario España -PNUD.

¿Cómo afecta la crisis económica global a las mujeres en Argentina?

Avanzada la crisis global y configurada como un fenómeno sistémico, los efectos negativos comenzaron a sentirse en Latinoamérica fundamentalmente en la caída del volumen del comercio internacional, en el deterioro de los términos de intercambio de los productos básicos como así también en una etapa de financiamiento externo privado más restringido.

Aunque se tienda a considerar que la fase más severa de la crisis ha sido superada, actualmente el sistema financiero sigue descapitalizado y el crédito sufre una acelerada contracción, más allá de los salvatajes y los programas de rescate bancario que implementan los Estados de los países desarrollados. Por otra parte, la actividad productiva de estos países está colapsada previéndose, con razonable probabilidad, que el efecto recesivo será intenso y extenso y la problemática social se verá determinada por el aumento de la tasa de desempleo.

“En Argentina, el impacto de la actual crisis global es más benigno que en otros países de la región, pero los impactos negativos sobre la economía real han comenzado a evidenciarse”

Las economías de nuestra región, sin embargo, pueden enfrentar esta situación en mejores condiciones que en el pasado pues, en los últimos años, se ha dado una combinación excepcional entre condiciones externas favorables y la presencia de Gobiernos que, respondiendo a las demandas de sociedades agobiadas por décadas de progresivos y recurrentes retrocesos y fracasos, favorecieron la puesta en marcha de modelos de desarrollo en los que un ciclo virtuoso de crecimiento sostenido, fue de la mano de procesos de reactivación económica y diversificación productiva, sustitución de importaciones, creación de empleo, disminución de la pobreza y mayores niveles de cohesión social.

En el caso de Argentina, uno de los hechos más destacados de este período de expansión es que estuvo acompañado por una significativa mejora de los indicadores del mercado de trabajo y de condiciones de vida de la población. El aumento del empleo permitió reducir la tasa de desocupación, estimada para el cuarto trimestre de 2003 en un 20.4%, al 7.8% en el tercer trimestre de 2008. De la misma manera, disminuyó sustancialmente la pobreza, registrándose en el primer semestre de 2003, un 54% de las personas bajo la línea de pobreza, y un 15.3% en el segundo semestre de 2008.

IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LA ECONOMÍA REAL

En nuestro país, el impacto de la actual crisis global es más benigno que el sufrido por otros países de la región. No obstante, el escenario internacional en el que hoy se desenvuelve no es el mismo que en el período 2003-2007 y los impactos negativos sobre la economía real han comenzado a evidenciarse.

Ya en el mes de abril de 2008 se reflejaba su impacto en el precio de algunos alimentos de primera necesidad. Un relevamiento realizado en la provincia de Mendoza por la Fundación Consensos, comparando principales marcas de harina y leche, evidenció –entre abril de 2008 y julio de 2009– incrementos del 100.62% y el 33.48%  respectivamente. En cuanto a segundas marcas de azúcar, leche en polvo y harina, se registraron incrementos de 15.73%, 97.29% y 50.36% respectivamente.

Además, llama la atención la amplia diferencia de precios entre los mismos artículos de diferentes marcas ofrecidos al consumidor, cuya razón solo obedece a la especulación de ciertos empresarios.

Si bien aún contamos con pocos datos para estimar el impacto de la crisis en las mujeres argentinas, cabe afirmar que éste sería negativo por cuanto tienen una inserción más precaria y vulnerable en el mercado de trabajo que los varones.

“La región está en mejores condiciones que en el pasado; producto de las frustraciones e impotencias del pasado, han surgido decisiones políticas, aprendizajes sociales y experiencias colectivas”

Por ejemplo, un estudio de la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Mendoza sobre el “índice de empleos solicitados” se observa un crecimiento importante desde 2003 hasta 2007, año en que se produce una estabilización y un punto de inflexión. En el año 2008 se registran variaciones mensuales positivas y negativas, aunque la tendencia se torna decreciente especialmente en la última parte de 2008 y primeros meses de 2009. Los empleos más afectados en las mediciones han sido, para el caso de los varones, la construcción, la que tuvo un índice negativo anual del 67.1% y, para el caso de las mujeres, el servicio doméstico, que bajó en la demanda un 46.9%, ambas actividades con altos índices de precariedad e informalidad laboral.

A nivel nacional, el estancamiento del crecimiento del empleo registrado a partir de 2007, sumado al incremento de la inflación a partir de 2006 tiene un impacto directo sobre el índice de pobreza.

SITUACIONES COMPLEJAS E INÉDITAS

Sabemos que con esta crisis global tendremos que enfrentar situaciones complejas y hasta inéditas. La disminución de las tasas de crecimiento, la caída de las exportaciones de productos manufacturados y de los precios de las materias primas, la afectación del mundo del trabajo, el riesgo de un aumento de la pobreza y la inseguridad ciudadana son amenazas que debemos prevenir y minimizar para no volver a transitar espirales regresivas y decadentes.

Y también sabemos que no es un dato inferible empíricamente que todos los países de América Latina entrarán, indefectiblemente, en recesión producto de esta crisis; como ampoco es válido afirmar que al interior de cada uno de nuestros países todas las actividades económicas y productivas se afectarán consecuencia de lo que sucede hoy en los países industrializados.

Lo que sí podemos afirmar es que, actualmente, la mayor parte de los países de la región estamos en mejores condiciones que en las últimas décadas ya que producto de las frustraciones e impotencias del pasado, han surgido decisiones políticas, aprendizajes sociales y experiencias colectivas que coinciden en la necesidad de dejar atrás una visión ortodoxa de la economía, una concepción singularista del desarrollo y una política de democracia sin Estado.

¿Qué rol juega el Parlamento en el desarrollo de una agenda de género en Argentina?

Para que la democracia sea relevante para los/as ciudadanos/as, nuestra acción política debe acortar las distancias entre las potencialidades normativas y los logros reales. De otro modo, la ley se convierte en un fenómeno superficial y la realidad que queríamos modificar sigue siendo “más de lo mismo”.

Por lo tanto, para seguir avanzando en la construcción y consolidación de sociedades justas e igualitarias para seguir avanzando, paso a paso, creo que es realista y racional que el feminismo contemporáneo plantee, especialmente dentro de las estructuras de poder: igualdad de derechos, legales y reales.

“La llegada de las mujeres al Parlamento significó en Argentina un indudable impulso a temas que hasta entonces raramente aparecían en la agenda parlamentaria”

En los años noventa, Argentina podía mostrar avances legales al mundo: cumplía con la ley de cuotas en los espacios de representación parlamentaria; contaba con una ley de protección contra la Violencia Familiar; había dado rango Constitucional a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aunque no había ratificado su Protocolo Facultativo; había incorporado a su legislación interna la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; se había aprobado la Ley de Divorcio Vincular.

Sin embargo, en esos años, la mitad de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y el 24% de la población estaba desocupada. Los números eran aún más adversos para las mujeres, quienes sufrían una mayor tasa de desocupación sumada a mayor pobreza, menor nivel educativo y un alto índice de muertes maternas por aborto. Las distancias entre los hechos y las leyes eran evidentes: nos enfrentábamos a una realidad injusta, con leyes justas.

En este sentido, para acortar estas distancias, creo que una prioridad no sólo para las mujeres es reconceptualizar la política y crear nuevas formas de hacer política. Los vacíos del momento y la complejidad irreductible de nuestro tiempo reclaman que dejemos de proyectar sombras y que nos aboquemos a iluminar el futuro.

La llegada de las mujeres a este Parlamento a través de la Ley de Cupo, significó en Argentina un indudable impulso a temas que hasta entonces raramente aparecían en la agenda parlamentaria. Pero la mayor cantidad de mujeres en el Congreso también planteó nuevos desafíos, entre ellos, la necesidad de coordinar esfuerzos para debatir los temas relacionados con el desarrollo humano en general, y con los derechos de las mujeres, en particular.

LA BANCA DE LA MUJER

Se hizo evidente que los avances antes mencionados no bastaban y que era necesario ampliar y profundizar el debate sobre temas relativos a la igualdad de derechos, oportunidades y trato en la agenda de trabajo parlamentaria. Además, porque entonces considerábamos y hoy afirmamos que las políticas públicas con perspectiva de género son indispensables, ya que reconocen el aporte de las mujeres al desarrollo y las incorporan como agentes de cambio, así como visualizan las inequidades entre varones y mujeres abriendo caminos para su superación.

Para avanzar en esta agenda propuse la constitución de la  Banca de la Mujer en el Senado argentino, comisión especial integrada por legisladoras sin diferencias de signo político, con posibilidades de analizar temas relacionados a la igualdad de oportunidades y llevarlos al recinto para su discusión. La propuesta fue acompañada por todos los bloques.

“Asumimos que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia”

Concebida como un espacio plural constituido como comisión especial, la Banca tiende al cumplimiento de dos compromisos internacionales y regionales que nuestro país ha asumido en los últimos años. Por un lado, en el marco de los Objetivos y Metas del Milenio “Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer”, y “alcanzar en el 2015 una mayor equidad de género mediante una mejor participación económica de la mujer, una reducción de la brecha salarial entre varones y mujeres, y manteniendo los niveles de igualdad de género alcanzados hasta el 2000 en el ámbito educativo”, y “aumentar la participación de la mujer en niveles decisorios (en instituciones públicas y privadas)” (Metas 8 y 9. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Argentina. La oportunidad para su reencuentro. Presidencia de la Nación-Naciones Unidas; Octubre de 2003).

Por el otro, en el marco del Consenso de Quito adoptado por la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, “adoptar todas las medidas de acción positiva y los mecanismos necesarios –incluidas las reformas legislativas necesarias– que garanticen la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal y en los ámbitos económico, social y familiar.

Asumimos que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, “cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”.

Sabemos que no hay democracia política legítima que excluya a la mitad de la población. No es posible ampliar la democracia y la ciudadanía para las mujeres si éstas no se construyen como un actor social con capacidad de intervención social y negociación política. En este sentido, no se trata solamente de ver el aspecto cuantitativo en la representación de cuotas, sino que estamos hablando de la democracia paritaria desde su dimensión cualitativa, no necesariamente porque las mujeres aportemos valores distintos o capacidades diferentes a los espacios públicos de decisión.

“Es necesario monitorear, evaluar e incluir la perspectiva de género y el monitoreo de la transversalidad de género no sólo en las normativas existentes, sino también en los proyectos a debatir por el Congreso”

Las ciudadanas, en cuanto ciudadanas plenas, podemos promover, junto a los varones, la construcción de un nuevo contrato social, en el cual los valores que se definan y acuerden sean valores humanos. Y esta es justamente la necesidad y el fundamento de una democracia paritaria. Mientras las mujeres no estén en todos los espacios políticos, económicos, sociales y familiares en igualdad real de condiciones y posibilidades, sabemos que se trata de democracias inacabadas.

Para que los Parlamentos contribuyan a la construcción de sociedades democráticas más justas, libres e igualitarias, es necesario que desde allí se desactive una normatividad que obstaculiza a las mujeres en su autoconstrucción como sujetos, privándolas de aquellos recursos –políticos, económicos, culturales o de autonomía personal– que hacen posible que un sujeto pueda actuar como tal.

Entre la ampliación de la democracia y la ampliación de la ciudadanía hay una relación de necesidad y cualquier redefinición de la ciudadanía en clave de ampliación de los derechos no puede ignorar una construcción normativa de lo femenino que restringe los derechos civiles, políticos y sociales de la mitad de la sociedad.

En este sentido, distintos/as autores/as destacan la necesidad de mejorar la institucionalización de los espacios de la democracia con representación paritaria de las mujeres y la construcción de una agenda de igualdad política, social y económica que permita un desempeño eficaz, eficiente y responsable de los poderes del Estado.

LA APLICACIÓN DE LA IGUALDAD

Por ello, la Banca de la Mujer tiene entre sus objetivos los de asesorar, consultar, controlar y monitorear las leyes relacionadas con la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones, reconocidos constitucionalmente. De la misma manera, monitorear, evaluar e incluir la perspectiva de género y el monitoreo de la transversalidad de género no sólo en las normativas existentes, sino también en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos a debatir por el Congreso.

“La Banca de la Mujer realiza un seguimiento de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y las niñas para garantizar la igualdad de trato y acceso a los recursos”

Diseñar una política de igualdad de derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres exige desarrollar y fortalecer las instituciones y la alta participación de los organismos del Estado en la elaboración de políticas y leyes. Sin embargo, no basta con leyes que reconozcan el principio de igualdad: es necesario darles seguimiento y observar  su aplicación. Porque la función de control que el Congreso Nacional debe realizar, tanto de la aplicación de las leyes como de las políticas públicas, también tiene como objetivo la evaluación para la posterior modificación de las normas desde la perspectiva de la igualdad.

Consideramos que la creación de este espacio institucional en el ámbito del Congreso, fue vital para el diseño una nueva agenda parlamentaria con perspectiva de género que promueva iniciativas en concordancia con los tratados internacionales y regionales de los que Argentina es signataria. Asimismo, para el monitoreo de la aplicación de la normativa vigente de conformidad con dichos instrumentos y, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución.

La Banca de la Mujer realiza un seguimiento de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y las niñas para garantizar la igualdad de trato y acceso a los recursos y, en caso de ser necesarias, promueve medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de sus derechos humanos.

También permite emprender diversas actividades en apoyo de la revisión y el cumplimiento de la legislación para garantizar la igualdad de género, así como la incorporación de las cuestiones de género en todas las políticas y los programas gubernamentales. Asume la difícil tarea de analizar cómo las medidas gubernamentales producen cambios tangibles en la vida de la mujer.

Finalmente, no podemos dejar de señalar que el establecimiento de asociaciones con la sociedad civil es de suma importancia para la sostenibilidad y la legitimidad de estos mecanismos. Por esta razón, la Banca de la Mujer debe instituirse en espacio de encuentro para la discusión de estos temas. Por ello se ha conformado un Consejo Consultivo donde participan especialistas, académicos/as y miembros de las organizaciones preocupadas por los temas de género. Este espacio conjunto constituye en un observatorio del ejercicio de ciudadanía plena de las mujeres y de sus derechos humanos, y así contribuye a develar las múltiples facetas en las cuales las mujeres nos encontramos en situaciones de desigualdad, de desprotección y de constante violencia efectiva o latente.

La Banca de la Mujer no sólo expresa pluralidad en su conformación dentro del Senado, sino que es un espacio de articulación estratégica para establecer una agenda que nos permita superar todo resabio discriminatorio en la normativa vigente y avanzar en la construcción de una legislación que, no sólo en lo formal sino en la realidad, garantice la plena ciudadanía de las mujeres, tanto social, económica como políticamente.

¿Cuál ha sido su experiencia como Senadora?

Estamos a tiempo para volver a mirar lo que, sin duda, constituye no ya la caricatura, sino el reflejo más nítido del sexismo que se reproduce en las diversas estructuras de poder

El análisis de las leyes y las realidades me demostró que las mujeres no debemos descontextualizar nuestras reivindicaciones, ni hacer de la agenda de las mujeres una burbuja hermética apartada de las brisas reparadoras o de los huracanes devastadores de la época. Tenemos que ser conscientes de que no podremos alcanzar sociedades igualitarias y democracias paritarias si, como sostiene Chomsky, no comprendemos que “cualquier tipo de conversión tendrá que formar parte de una reestructuración total de la sociedad”.

Al observar el funcionamiento de distintas instituciones y de sus agendas, nuevas y viejas preguntas me surgieron: ¿cuáles son las condiciones estructurales que hoy también dan cuenta de “barreras invisibles“ y “techos de cristal” para las mujeres en el mundo del trabajo?, ¿hemos logrado superar la segmentación educativa de género en nuestros sistemas educativos?, ¿las mujeres tienen las mismas oportunidades de acceso a las TICs que los varones?, ¿Internet es un universo neutro según seamos mujeres o varones?, ¿las mujeres tenemos una participación sustantiva en los diseños y decisiones del cambio tecnológico?, ¿las mujeres hemos logrado insertarnos en condiciones de igualdad dentro de los nuevos sistemas de producción de conocimientos e intercambio de información?, ¿estamos las mujeres presentes y con capacidad de intervenir en las agendas económicas y políticas del desarrollo sustentable?.

Creo que las mujeres, especialmente, estamos a tiempo para volver a mirar lo que, sin duda, constituye no ya la caricatura, sino el reflejo más nítido de la deshumanización propia de sistemas democráticos formales y el sexismo que se reproduce en las diversas estructuras de poder (desde las familias hasta las corporaciones económico-financieras, pasando por los Estados, los mass media y las organizaciones mafiosas).

Llegué al Senado en 2001 no sólo gracias a la ley de cuotas: por primera vez en la historia argentina, los representantes de la Cámara Alta debían someterse a la voluntad popular (hasta entonces eran elegidos por las legislaturas provinciales).

Un tercio de mujeres, con distintas trayectorias profesionales y de vida nos encontramos con una institución opaca y la fuerte demanda popular de cambio en las instituciones y en las prácticas políticas.

Desde la convicción que antes mencioné participé en una comisión –integrada mayoritariamente por mujeres– para la Reforma del Senado, cuyos resultados permitieron abrir el trabajo del Senado a la sociedad, hacer públicas y transparentes sus decisiones y acciones.

La mayor transparencia en los temas a tratar y el involucramiento y apoyo de las organizaciones feministas permitieron construir las bases y los consensos para la aprobación de proyectos fundamentales para los derechos de las mujeres: la ley de Prevención y sanción de la violencia contra la mujer, la ley de parto humanizado, el Protocolo Facultativo de CEDAW, la ley de educación sexual; ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas; blanqueo de las trabajadoras domésticas; protección de mujeres de niñas embarazadas en establecimientos escolares; ley de salud sexual y reproductiva; ley de ligadura de trompas; fortalecimiento de alimentos para la prevención de la anemia en embarazadas y malformaciones en recién nacidos.

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA

“Reafirmando el compromiso con una democracia participativa y plural, se conformó por primera vez en la historia parlamentaria de nuestro país el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil”

También permitió que avanzáramos en proyectos de derechos humanos y mejoras institucionales: la adhesión a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas; Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional (y la inclusión en la legislación interna de los nuevos delitos contra las mujeres); Ley de Migraciones; Convención de trabajadores migratorios; Convención sobre discapacidad; Convención  para la protección de las personas refugiadas. Y que propiciáramos el tratamiento de proyectos sobre derechos de infancia y adolescencia, largamente demandados y que no habían encontrado lugar en la agenda parlamentaria: Ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes; Protocolo de la Convención internacional del Niño contra la venta de niños, la pornografía y la prostitución; sanción de la pornografía infantil, especialmente en medios digitales; Creación del Consejo Nacional de la Juventud.

Aún cuando queden temas a debatir (creación del Instituto de la Mujer, lenguaje no sexista, reconocimiento de las uniones consensuales) la agenda que supimos construir las mujeres, con la necesaria participación de varones comprometidos con los derechos humanos, me hace ver con optimismo el trabajo parlamentario de estos años.

A nivel personal me presentó grandes desafíos: la participación en la reforma mencionada y la construcción de cercanía de la población con la política. Desde lo institucional, quedé a cargo de una comisión considerada usualmente del “ámbito masculino”: la presidencia de la Comisión de Defensa. Ello me permitió abrir debates sobre cuestiones definidas como núcleos “duros” en la agenda de políticas públicas, hasta entonces vedadas a las mujeres.

Reafirmando el compromiso con una democracia participativa y plural, se conformó por primera vez en la historia parlamentaria de nuestro país, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, dentro de la Comisión de Defensa, como órgano de consulta y concertación de temas prioritarios tales como la exigencia de la aprobación parlamentaria para la entrada y salida de tropas, un nuevo Sistema de Justicia Militar en clave de derechos humanos; la ratificación del Tratado contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; los principios y procedimientos para la participación en Misiones de Paz de la ONU; un Plan de Desarme; y el control civil de las Fuerzas Armadas, entre otros.

DESCARGUE LA PONENCIA DE MARÍA CRISTINA PERCEVAL EN EL ENCUENTRO DE MUJERES PARLAMENTARIAS

El 15 y 16 de junio de 2009 se reunieron en Madrid más de 120 personas, entre parlamentarias latinoamericanas y españolas, especialistas en género y responsables de la Cooperación Internacional en un espacio de diálogo, debate y propuestas en torno a una agenda política para la igualdad de género y el fortalecimiento de la participación política de las mujeres en los Parlamentos de América Latina y el Caribe.

PARA LOS DOS PRIMEROS EJES de debate del encuentro, se realizaron conferencias plenarias en las que participaron senadoras y diputadas latinoamericanas y españolas, así como responsables de la Cooperación Internacional. Aquí puede acceder al contenido de las Conferencias. También está disponible el contenido de los cinco paneles simultáneos sobre el desarrollo de la agenda de género en los Parlamentos de América Latina y el Caribe.

PALABRAS DE INAUGURACIÓN

• Rebeca Grynspan
• Inés Alberdi
• María Teresa Fernández

CONFERENCIAS

Las mujeres como protagonistas clave del desarrollo frente a la crisis económica

• Síntesis del I Plenario
• Ponencia Bernardo Kliksberg
• Ponencia Marita Perceval
• Ponencia Delia Blanco
• Ponencia Sonia Montano

Fortalecimiento de la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe

• Síntesis del II Plenario
• Ponencia Gloria Bonder
• Presentación Epsy Campbell
• Ponencia Otilia Lux

PANELES

Panel 1: Violencia de género

• Síntesis Panel Violencia
• Ponencia Flor María Ríos
• Ponencia Merce Pigem

Panel 2: Empleo, protección social y conciliación/corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral

• Síntesis Empleo, protección social y conciliación
• Ponencia Elvira Velasco
• Ponencia María Elena Valenzuela
• Ponencia Surina Acosta

Panel 3: Salud sexual y reproductiva

• Síntesis Panel Salud Sexual y Reproductiva
• Ponencia Ana Helena Chacón
• Ponencia Marcela Suazo
• Ponencia Marelis Pérez
• Ponencia María Isabel Flores
• Ponencia Marcela Suazo

Panel 4: Técnicas parlamentarias para la incorporación de la perspectiva de género en la legislación

• Síntesis Panel Técnicas Parlamentarias
• Anexo Ley Igualdad de España
• Ponencia Carmen Calvo
• Ponencia Rosario Sasieta

Panel 5: Estrategias para el posicionamiento de la agenda de género

• Síntesis Panel Estrategias
• Ponencia Margarita Percovich
• Ponencia María Assumpta Baig
• Ponencia Rocío García Gaytán
• Presentación Rocío García Gaytán

PALABRAS DE CIERRE

• Elena Madrazo
• Inés Alberdi

“Es hora de reconocer que la pobreza tiene que dejar de tener cara de mujer, que debe de reconocerse su papel social y su aportación a la riqueza nacional de los países en vías de desarrollo”.

“En la AECID somos conscientes que no es posible avanzar en el desarrollo y acabar con la pobreza sino se tiene en cuenta la opinión del 50% de la población que representan las mujeres, ya que éstas tienen un papel fundamental en la generación de riqueza de los países, son agentes de desarrollo económico y social, y sin embargo, son las primera afectadas ante situaciones de crisis económica como la que vivimos en estos momentos”.

El encuentro logró reunir a 57 mujeres parlamentarias de 20 países, representando a 42 partidos políticos de América Latina y el Caribe y España para intercambiar puntos de vista y experiencias en una de las asignaturas pendientes del desarrollo en la Región: la inclusión social y la igualdad de oportunidades para las mujeres.

EL EXITOSO ENCUENTRO ENCUENTRO de Mujeres Parlamentarias “Hacia una Agenda Política para la igualdad de género en América Latina y el Caribe”, celebrado en Madrid el 15 y 16 de junio de 2009, es parte de un proceso continuo impulsado por la alianza entre el Fondo Fiduciario España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe” –integrado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo– y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) para contribuir al avance de la elaboración de agendas de género en la Región. Este proceso incluye la promoción de la participación política de las mujeres, así como el diseño de estrategias parlamentarias para el posicionamiento de la agenda de género en las legislaciones de la Región.

Durante el encuentro presencial de dos días, bajo el lema “Políticas que Transforman”, las 127 participantes reflexionaron y esbozaron propuestas de acción sobre la base del intercambio de experiencias en los distintos países (previamente identificadas y sistematizadas) y a través de documentos de análisis elaborados por expertas en las temáticas abordadas.

LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA CRISIS

“Las parlamentaias manifestaron su consenso para lograr la presencia paritaria y la participación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios políticos de decisión”

En la sesión plenaria de conclusiones, Consuelo Femenia, Directora de Cooperación para América Latina y el Caribe de AECID, recogió las principales conclusiones de los 5 paneles temáticos simultáneos desarrollados durante el Encuentro, cuyas recomendaciones fueron asimismo reflejadas en la declaración en la que las parlamentarias reconocieron los avances que se han logrado en el ámbito de la educación y el acceso a la salud, pero mostraron su preocupación por los efectos negativos de la crisis en la Región, señalando su voluntad de seguir trabajando en la implementación de políticas económicas y sociales universales, con perspectiva de derechos y transversalidad de género.

Asimismo, entre otros temas, mostraron su decisión para seguir trabajando en el cumplimiento de los compromisos asumidos por sus Estados al ratificar la Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer y el Consenso de Quito. Manifestaron también su consenso para lograr la presencia paritaria y la participación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios políticos de decisión, su convicción de que es imprescindible erradicar toda modalidad de violencia que sufren las mujeres, su defensa a los marcos constitucionales, legislación y medidas de acción positiva para avanzar en la democratización y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

Además, mostraron su preocupación sobre algunas conductas de algunos sectores hacia parlamentarias/os que legislan sobre las responsabilidades de los Estados para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de sus ciudadanos/as.

UN ENCUENTRO ÚNICO

Las parlamentarias también solicitaron a las instituciones organizadoras del encuentro que favorezcan la posibilidad de construir un instrumento de seguimiento para la coordinación, diseño, ejecución y monitoreo y evaluación de una agenda de género en los parlamentos.

Más de 40 medios de comunicación de todo el mundo cubrieron el Encuentro de Mujeres Parlamentarias en Madrid

Uno de las grandes aportaciones fue el intercambio entre las 57 parlamentarias, representando a 42 partidos políticos de 20 países de América Latina y el Caribe y España, en un espacio único en el que se trataron diferentes puntos de vista, desde sus diversas procedencias, visiones y proyecciones.

En ese espacio confluyeron las veteranas, con las más jóvenes, representantes de movimientos de afrodescendientes, indígenas y campesinos/as, representantes de países donde se ha avanzado más y donde se ha avanzado menos… Un encuentro único, en el que, sin ningún condicionamiento en la agenda por parte de las instituciones organizadoras, las parlamentarias se organizaron para esbozar una Declaración, la cual están validando a través de un blog que se ha creado en el Espacio Virtual del Encuentro.

GRAN REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Más de 40 medios de comunicación de todo el mundo difundieron información sobre el Encuentro de Mujeres Parlamentarias en Madrid, incluyendo prensa escrita, programas radiofónicos, espacios televisivos, agencias de información y canales online. Asimismo, se filmaron 29 entrevistas en profundidad a parlamentarias sobre su experiencia en la política, constituyendo un material inédito de gran valor para comprender la problemática de las mujeres en la política.

El intercambio iniciado a través del encuentro continúa. Las instituciones coorganizadorassiguen recibiendo nuevas solicitudes de países interesados en recibir apoyo, ya sea a través de instrumentos simples, prácticos y útiles como la Feria de Conocimiento, como de apoyos técnicos más concretos.

Si usted desea acercarse al “espíritu” del Encuentro de Madrid, le invitamos a visitar el Espacio Virtual donde podrá encontrar las más de 37 ponencias que se expusieron en los 7 paneles temáticos, 60 experiencias y buenas prácticas nacionales y regionales sistematizadas para la Feria de Conocimiento, 4 audiovisuales, 4 investigaciones desarrolladas sobre la CEDAW y diferentes aspectos de la participación política de las mujeres: sistemas electorales, acceso a financiación y mapa de iniciativas y actores sobre el liderazgo político de las mujeres en la Región. Y seguiremos compartiendo más información, porque el “Encuentro de Mujeres Parlamentarias de América Latina y el Caribe” continúa…

El Encuentro de Mujeres Parlamentarias en cifras:

• 57 parlamentarias de 20 países de América Latina y el Caribe y España
• 42 partidos políticos de América Latina y el Caribe y España representados
• 37 panelistas y 7 paneles temáticos
• 60 experiencias y buenas prácticas nacionales y regionales sistematizadas sobre los distintos temas objeto de este encuentro
• 29 entrevistas en profundidad realizadas a parlamentarias sobre su experiencia en la política
• 63 medios de comunicación de todo el mundo difundieron información sobre el Encuentro
• Proyección del Documental Abriendo caminos, transformando destinos: Recorrido histórico de la participación política de las mujeres latinoamericanas”, preparado especialmente para el evento, donde se muestra la trayectoria de la lucha y conquistas de la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe

Agenda del Encuentro

Biografías de los ponentes

Nota Conceptual del Encuentro

Artículo especial de Inés Alberdi (Directora Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer), Soraya Rodríguez(Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España) y Rebeca Grynspan (Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

TRES DÉCADAS DESPUÉS de aprobar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y a punto de cumplirse quince años de la Plataforma de Acción de Beijing –dos de los mayores y más recientes hitos en materia de igualdad y derechos de las mujeres– todavía persisten graves desigualdades de género.

Es cierto que hay que celebrar importantes logros y avances. Las mujeres han alcanzado un mayor nivel educativo, participan cada vez más en el mercado laboral y ocupan más puestos de representación política. En tanto, un gran número de países han desarrollado leyes de igualdad, de cuotas y contra la violencia de género, y han creado los mecanismos institucionales para promover la igualdad en el quehacer del Estado. Se trata, sin duda, de notables avances.

SOLO EL 20 POR CIENTO DE LAS PARLAMENTARIAS

Pero también es cierto que esos progresos en algunas áreas son lentos y que muchas situaciones resultan alarmantes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 3 mujeres de América Latina ha sido víctima de violencia física, psicológica o sexual por parte de familiares. En cuanto a la participación política, las mujeres representan sólo el 20 por ciento de los escaños parlamentarios latinoamericanos. Si hablamos de recursos económicos, los ingresos de los hombres duplican los de las mujeres en la mayoría de los países de la Región. Por lo tanto, la igualdad sigue siendo todavía una utopía.

Son muchas las diferencias que nos separan, lógicas y naturales, pero son más los retos que nos unen.

¿Por qué? ¿Qué necesitamos y qué podemos hacer para avanzar de manera decidida en la construcción de una sociedad igualitaria? Requerimos recursos materiales y humanos, personas conscientes, comprometidas y capaces, para cambiar las actuales estructuras de poder entre hombres y mujeres en los más diversos ámbitos: debemos lograr conciliar el trabajo con la familia y la vida personal, y transformar con un enfoque de género la economía, la sociedad, las familias, las empresas, la política y las relaciones interpersonales.

Para atender estos desafíos, nos hemos reunido en Madrid en el “Encuentro de Mujeres Parlamentarias: Hacia una Agenda Política para la igualdad de género en América Latina y el Caribe”, parlamentarias, representantes de las ciudadanas y ciudadanos de 20 países de América Latina y el Caribe y de España, junto con representantes gubernamentales de varios países de la Región, además de expertos y expertas en desarrollo y género, representantes del Sistema de las Naciones Unidas y los máximos responsables de las instituciones españolas de cooperación para el desarrollo de la igualdad.

MAYOR EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

El encuentro organizado en Madrid forma parte de las iniciativas regionales impulsadas por el Fondo España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe” (creado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe), preparado en estrecha colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer(UNIFEM), reunió a parlamentarias de distintas ideologías, generaciones, ámbitos sociales y políticos, pero con una idea común: transformar las desigualdades existentes y crear sociedades más equitativas para mujeres y hombres.

No estamos pidiendo un cambio, lo estamos protagonizando.

Son muchas las diferencias que nos separan, lógicas y naturales, pero son más los retos que nos unen. La agenda del Encuentro de Mujeres Parlamentarias de América Latina y el Caribe fue desbordante pero nos ilusionó: encontramos puntos comunes para impulsar algunos temas relevantes para el logro de la igualdad en la Región. Hemos hablado de cómo encarar una crisis financiera y económica mundial cuyo impacto ya afecta de manera especialmente grave a las mujeres y cómo puede ser también una oportunidad para por fin reconocer el aporte invisibilizado de las mujeres a la economía.

Hemos debatido propuestas para fortalecer la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe, y, finalmente, hemos trabajado en el desarrollo de una agenda de género en los Parlamentos de la Región que incluyera –en función de cada realidad concreta– legislación avanzada contra la violencia de género sobre la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, temas de salud sexual y reproductiva, y técnicas y estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer parlamentario, entre otros temas.

PROTAGONIZANDO EL CAMBIO

Como decía recientemente el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, sin la participación de las mujeres es imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y la violencia contra las mujeres amenaza seriamente la meta de poner fin a la pobreza en 2015, reto central de estos objetivos. Los ODM representan valores y derechos humanos universalmente aceptados, como la lucha contra el hambre, el derecho a la educación básica, a la salud y la responsabilidad frente a las generaciones futuras.

Las mujeres necesitamos transformar, cambiar y pasar a la acción en todos los ámbitos. No estamos pidiendo un cambio, lo estamos protagonizando. Buscamos, junto con los hombres, transformar la sociedad, lograr un desarrollo económico y social más justo en este mundo globalizado, y superar los obstáculos que impiden el logro de la igualdad.

Más de 60 legisladoras de 20 países de América Latina, el Caribe y España, se reunierán el 15 y 16 de junio de 2009 en Madrid para analizar y debatir la situación actual de las mujeres en relación a la equidad de género, avanzar en la elaboración de una agenda de género y en las estrategias parlamentarias que contribuyan a su ejecución.

EL ENCUENTRO DE MUJERES PARLAMENTARIAS de América Latina y el Caribe es organizado por la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM, y cuenta con el apoyo del Fondo España PNUD “Hacia un Desarrollo Integrado e Inclusivo en América Latina y el Caribe”.

Será inaugurado por Consuelo Femenia, Directora para América Latina y el Caribe de la AECID; Rebeca Grynspan, Directora para América Latina y el Caribe del PNUD, y Gladys Acosta, Directora Regional de UNIFEM para América Latina y El Caribe. Las conquistas en el ámbito del género de las últimas décadas, en cuanto a derechos y equidad, han tenido su reflejo en la representación política y, en particular, parlamentaria.

AVANCES LENTOS, PERO SOSTENIDOS

Según datos de la CEPAL, en los últimos años el incremento en la proporción de mujeres accediendo a sitios de poder en diversas esferas de la vida pública de la región es uno de los fenómenos que definen el nuevo rostro de la democracia latinoamericana.

Aunque el porcentaje de senadoras ha ascendido al 14.9 en la región, éste es un rango aún muy lejano a lo que podría ser acercarse a una masa crítica

Una reciente consulta de este organismo a 400 líderes recogió evidencias de sustanciales modificaciones en la opinión pública, con la mayoría de los consultados considerando que el aumento de la participación política femenina en el continente y la paridad política entre hombres y mujeres son procesos en curso, vigorosos y probablemente irreversibles. La misma mayoría estuvo de acuerdo con los objetivos y los instrumentos que impulsan este proceso, incluyendo las acciones informativas y leyes de cuotas.

Tal como señala, el Informe “Promoción de la Participación Política de las mujeres en América Latina y el Caribe”, elaborado por PRIGEPP – FLACSO para el Fondo España PNUD, los logros cuantitativos relacionados con la elección de senadoras y diputadas a los parlamentos son disímiles, siendo escasamente alentadores en el primer caso (cámaras altas) donde las cristalizaciones del poder tradicional son más severas que en las cámaras bajas.

MUCHO CAMINO POR RECORRER

Aunque el porcentaje de senadoras ha ascendido al 14.9 en la región, éste es un rango aún muy lejano a lo que podría ser acercarse a una masa crítica, mientras de los 9 países con sistema bicameral que existen en la región, cinco –Uruguay, Paraguay, Chile Bolivia y República Dominicana— tiene una representación menor al 10%.

“Estamos ante la irrupción democrática de expresiones originales de las políticas de la identidad que pueden traducirse en cambios en las relaciones de poder tradicionales”

Sin embargo, los avances en los porcentajes promedios de mujeres diputadas en América Latina son notables y se han duplicado. En 1997, el promedio de diputadas tan sólo ascendía al 10.8%. Únicamente dos países, Argentina y Costa Rica, superaban el 15 % de representación mientras ocho, Panamá, Honduras, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil Venezuela y Paraguay, no llegaban al 10%.

Actualmente, el promedio ha subido hasta llegar al 21.1% en toda la región. Los datos sobre los últimos porcentajes alcanzados por las parlamentarias o asambleístas en cuatro países que se cuentan en los 4 primeros puestos latinoamericanos, –Cuba, Argentina, Costa Rica y Ecuador, donde las legisladoras han llegado a constituir el 43.2 %, 40.3 %, 38,6 % y 34.6 % respectivamente—revelan que no solo todos ellos han sobrepasado el 30%, porcentaje que en los primeros años del 2000 se consideraba la “masa crítica”, sino que se acercan a la paridad, ponen en evidencia una tendencia sostenida que permite hablar de la existencia de un horizonte objetivo para el establecimiento de paridad en países como Argentina y Costa Rica, y siguiéndole de cerca, Ecuador.

En palabras de Sonia Montaño, citada por Ximena Machicao (2006), estos y los logros relativos a la llegada de mujeres a las primeras magistraturas, permitirían sostener que “estamos ante la irrupción democrática de expresiones originales de las políticas de la identidad que pueden traducirse en cambios en las relaciones de poder tradicionales”. Los datos que aquí se comparten dan muestra elocuente de estos avances, así como hacen evidente que queda mucho camino por recorrer.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA DE EQUIDAD

Las mujeres parlamentarias comparten retos específicos de la función además de ser actoras fundamentales en la construcción de una agenda de género. El Encuentro tiene por objetivo analizar y debatir la situación actual de las mujeres en relación a la equidad de género, para avanzar en la elaboración de una agenda así como en las estrategias parlamentarias que contribuyan a su consecución.

El debate girará en torno a tres temáticas claves:

• Las mujeres como protagonistas clave del desarrollo frente a la crisis económica
• Fortalecimiento de la participación política de las mujeres en Iberoamérica
• Desarrollo de una agenda de género en los Parlamentos de Iberoamérica

Las ponencias de los debates irán a cargo principalmente de parlamentarias y de expertos/as de agencias internacionales de cooperación al desarrollo de reconocida experiencia y trayectoria en las temáticas abordadas. Asimismo, se dará espacio para que algunas instituciones públicas de la región expongan experiencias exitosas de colaboración con los parlamentos nacionales.

Paralelamente al encuentro, y complementando al mismo, se realizará una Feria de Conocimiento, donde parlamentarias, mecanismos nacionales de la mujer y movimientos de mujeres expongan sus experiencias en los temas que aborda el Encuentro.

Por más información, por favor escribir a Regina Salanova: regina.salanova@undp.org.

El PNUD y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dieron luz vede al proyecto “Inclusión Social a través de la prevención y reducción de la violencia contra la mujer, adolescentes y niñas”, con el cual se busca contribuir decididamente al logro del tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio en Venezuela. Esta iniciativa es auspiciada por el Fondo Fiduciario España-PNUD Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe, que ha destinado US$ 500,000 para avanzar en la lucha contra la violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela.

Sonia Obregón, punto focal de derechos humanos y de género del PNUD Venezuela, está encargada de coordinar esta iniciativa que se implementará en forma de Programa Conjunto y en el que participarán UNIFEM, UNICEF y UNFPA, además de instituciones nacionales como el Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Metropolitano de la Mujer, Instituto Nacional de Estadísticas y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Obregón es abogada, especialista en Derechos Humanos.

“Tanto para el Fondo Fiduciario con España como para el PNUD –afirma Obregón– el tema de la violencia de género es prioritario no sólo por las dimensiones y las características del problema, sino por lo que esto representa para que las mujeres puedan incorporarse al desarrollo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”.

En su informe 2008 sobre la violencia doméstica, Amnistía Internacional asegura que según cifras recopiladaspor organizaciones nacionales de mujeres, como media, cada 15 minutos una mujer sufre abusos a manos de su pareja o ex pareja. Sólo en 2007, 4.484 mujeres llamaron a un teléfono de ayuda creado por el Instituto Nacional de la Mujer para denunciar malos tratos. Sin embargo, las organizaciones locales calculan que sólo 1 de cada 9 mujeres denuncia los actos de violencia ante las autoridades.

Sonia Obregón explica a continuación los detalles de este proyecto, que tendrá una duración de 18 meses y con el que se dará continuidad a la Campaña Cuenta 3, lanzada a finales de 2007.

¿La prioridad de este tema para Venezuela es proporcional a la gravedad del problema en el país?

En realidad no se conoce cuál es la gravedad del problema en el país porque no existe actualmente un registro que permita conocer la dimensión del problema. Hay que decir que en realidad este es un problema cuya dimensión no se conoce con precisión en ninguna parte del mundo, porque muchos de los casos de violencia contra la mujer quedan sin ser registrados por razones culturales, por miedo, por distintas razones. Pero en otros países existe por lo menos un sistema que permite conocer el perfil del problema, cuáles son sus principales determinantes, dónde y cuándo tiene mayor incidencia.

Si no existen cifras, ¿cómo saber por dónde abordar el problema?

“Una estrategia de atención integral a las mujeres debe contemplar no sólo la situación de la víctima, sino de todo su entorno”

Esa es una de las graves limitaciones que enfrentamos en Venezuela sobre este particular, especialmente para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, se sabe por diferentes indicios que la violencia hacia la mujer es un problema grave en el país. Están, por ejemplo, las denuncias que recibe el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) a través del centro de atención telefónica 0800-MUJER, los registros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), entre otros. Pero se sospecha que eso apenas es la punta del iceberg y que detrás hay mucho más de lo que realmente se visibiliza.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

¿Hacia dónde apunta entonces este proyecto del Fondo España-PNUD?

Este proyecto está compuesto por dos bloques que se complementan entre sí. Por una parte, se busca contribuir con el desarrollo de las capacidades institucionales y sociales para el diseño de políticas para prevenir y reducir la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, al tiempo que apoyar con la implementación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por otra parte, se propone trabajar directamente con las comunidades, especialmente con los y las jóvenes, en la prevención y la sensibilización para destacar la existencia del problema, mostrar sus características y explicar la forma en que esto afecta a la sociedad.

Dentro del primer bloque está la implementación de la planilla única para el registro de casos de violencia hacia la mujer. Esta planilla ya fue creada por el Instituto Nacional de Estadísticas en un esfuerzo conjunto con otras instituciones del estado como el CICPC, INAMUJER, entre otros. Implementar esa planilla permitirá llevar un registro mucho mejor del que ahora existe, porque es un instrumento que será usado por todos los órganos receptores de denuncia, lo que posteriormente permitirá recoger y sistematizar en función de criterios comunes y brindará información más precisa sobre el problema de la violencia hacia la mujer en el país.

Esta acción se complementa con la formación de órganos receptores de denuncia y el apoyo al desarrollo de los tribunales especiales de violencia hacia la mujer que la Ley obliga a crear y que recientemente están comenzando a funcionar. En este caso trabajaremos con las policías municipales, que son los que en primera instancias reciben las denuncias, para explicarles la forma en que esos casos deben de ser tratados, mediante la aplicación de un protocolo especialmente diseñado para ello.

Asimismo, se apoyará la conformación de los equipos multidisciplinarios que apoyan a los tribunales especiales creados por la Ley, la cual contempla que el juez o la jueza estén acompañados de un equipo de profesionales que permita ofrecer una atención integral a la mujer que llega a esas instancias buscando justicia. El proyecto también brindará apoyo para la implementación de las casas de resguardo, adonde las mujeres que son víctimas de violencia (en situaciones extremas) son remitidas para recibir atención integral y seguridad.

¿Qué orientación se dará a la estrategia de sensibilización?

En el caso de los órganos del Estado que tienen que ver con el acceso a la justicia y la atención a la mujer víctima de violencia, la idea es formar un núcleo de facilitadores y facilitadoras sólidamente preparados para que, con un manual que se realizará como parte del proyecto, puedan replicar esos conocimientos en las academias de policías y otras instancias receptoras de denuncia y atención de víctimas.

En el caso de la sensibilización dirigida a las comunidades, el énfasis se hará en los y las jóvenes, aprovechando un trabajo que ya viene desarrollando la Universidad de Los Andes, que desde hace algunos años viene estudiando el tema de las relaciones violentas en el noviazgo. El enfoque es eminentemente preventivo. Vamos a trabajar con jóvenes tanto en el ámbito universitario como en la educación media, y también con las comunidades organizadas. La idea es ayudar a las comunidades para que desarrollen proyectos y vías de acción dirigidos a prevenir y atender el problema en su entorno inmediato.Entiendo que habrá una campaña masiva de sensibilización Así es.

La idea es dar continuidad a la Campaña Cuenta 3 –que por cierto ganó el Premio Anual del Administrador del PNUD 2007 en la categoría de Innovación y creatividad– para prevenir la violencia hacia la mujer. Para ello nos basaremos en los hallazgos del estudio que se hizo en el marco de la campaña anterior y que muestra las percepciones de los varones entre 13 y 55 años sobre la violencia hacia la mujer. Seguiremos centrando el mensaje hacia los hombres, en este caso los jóvenes.El estudio revela que la recordación de la campaña Cuenta 3 fue de 30% en la muestra de hombres jóvenes y adultos estudiados. Cuando se habla de prevención uno piensa que habría que dirigir acciones hacia el foco generador de violencia, que en la mayoría de los casos es el hombre.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y A VICTIMARIOS

¿Hay alguna actividad contemplada para brindar ayuda a hombres maltratadores?

Esperamos que en los protocolos de atención que pensamos crear para los centros de atención de víctimas, también se contemple el trabajo con el hombre que produce la agresión. De hecho, una estrategia de atención integral a las mujeres debe contemplar no sólo la situación de la víctima, sino de todo su entorno. Aquí lo más difícil de lograr es que el hombre se reconozca plenamente como parte del problema, y que no piense que la violencia hacia la mujer es algo normal. Por supuesto, la idea es que una vez que se reconozca como agresor, esta persona encuentre un espacio donde se le brinde ayuda. Este es un área en la que es necesario trabajar todavía más en el país.

Para todo esto vamos a aprovechar mucho la experiencia de España, que es muy buena y extensa en esta área.  Este país ha incursionado con éxito en la atención de víctimas y victimarios en centros de atención primaria. La idea es desarrollar un modelo de atención que funcione bien para que posteriormente pueda ser replicado tanto por el Estado venezolano como por otras organizaciones sociales en todo el país.

En dos palabras, ¿cuál es la contribución que se espera realizar al país con este proyecto?

Son fundamentalmente dos aportes: en primer lugar, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para atender a las víctimas de violencia hacia la mujer, y en segundo lugar, contribuir con el cambio de actitudes y prácticas sociales, especialmente de los varones, en relación con este problema.

Es importante destacar que este proyecto se realizará bajo la modalidad de un Programa Conjunto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, específicamente UNIFEM, UNICEF y UNFPA. Decidimos hacerlo así no sólo porque este tema es prioridad para toda la organización, sino porque de esta forma se nos facilita la posibilidad de sumar apoyos para esta iniciativa, aprovechando la red de alianzas (sector público, privado, ONGs, medios de comunicación) con que cuentan las agencias, así como aprovechar las alianzas ya consolidadas a partir de la Campaña Cuenta 3. Esto permitirá dar mayor amplitud y alcance a los resultados del proyecto.

La Asamblea Constituyente se ha instalado como una nueva institución de la democracia boliviana, con elevados niveles de credibilidad y legitimidad.

EN MARZO DE 2006, el Congreso de Bolivia aprobó la Ley Especial de Convocatoria a una Asamblea Constituyente, y el 2 de julio se eligieron mediante sufragio universal los 255 representantes que conforman la Asamblea. El nivel de participación electoral (84,5% del electorado registrado) en esta ocasión fue el más alto de la historia electoral de Bolivia, junto al de las elecciones de diciembre 2005 que proclamaron presidente a Evo Morales.

El presente proyecto, apoyado por el Fondo España-PNUD, se propone acompañar el proceso constituyente en el país con un diálogo plural y una deliberación informada, mediante la difusión de un programa de televisión titulado El Laberinto.

Por otra parte, busca fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la Asamblea Constituyente a través del desarrollo de las capacidades de liderazgo de las mujeres constituyentes, la facilitación de debates sobre la visión de género en temas constitucionales ligados a los derechos de las mujeres, y la producción de un testimonio videográfico de la visión de género en el debate político.