A través del Programa ”Todos Somos Juárez”, México busca atender las raíces sociales de la violencia y de la inseguridad en la zona, reconstruyendo el tejido comunitario.

LA ESTRATEGIA TODOS SOMOS JUÁREZ, Reconstruyamos la Ciudad, es un programa de acción integral del Gobierno Federal con la participación del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense, que no tiene precedentes en el diseño e implementación de políticas públicas.

La Estrategia responde a la difícil y compleja situación que enfrenta Ciudad Juárez e incluye 160 acciones concretas que se realizarán en la ciudad, la mayoría de las cuales mostrarán resultados concretos en menos de 100 días.

El programa tiene dos características principales. La primera es la focalización de las acciones en las colonias (barrios) y zonas más vulnerables, con mayor rezago social y de mayor inseguridad. La segunda es el enfoque en la participación ciudadana.

Se busca sumar y coordinar el esfuerzo del Gobierno Federal y de los gobiernos locales, a la experiencia, al trabajo que muchas organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez han venido realizando durante muchos años. Urge la participación ciudadana en el diseño, la implementación y el seguimiento de las acciones propuestas.

El componente social incluye acciones en cinco ejes fundamentales:

1. pobreza y vulnerabilidad
2. atención a la salud
3. fortalecimiento a la educación
4. desarrollo económico
5. rescate de espacios públicos

SALIR DE LA POBREZA, ALEJARSE DEL CRIMEN

“Las becas de Oportunidades son esenciales para que los jóvenes no queden en situación de vulnerabilidad ante la violencia y las drogas”

En cuanto a la superación de la pobreza y vulnerabilidad, muchas familias en Ciudad Juárez carecen de los medios necesarios para salir adelante. La falta de opciones hace que estas familias y, en especial los niños y los jóvenes, queden en una situación de vulnerabilidad que puede ser aprovechada por el crimen organizado.

Para enfrentar esta situación se duplicará la cobertura del Programa Oportunidades para atender a 25.000 familias juarenses que se encuentran en condición de pobreza extrema, con el propósito de que desarrollen sus capacidades básicas y puedan salir adelante con su propio esfuerzo.

Las becas del Programa Oportunidades son esenciales para que los hijos de las familias más pobres no abandonen la escuela por falta de recursos económicos, ni queden en situación de vulnerabilidad ante la violencia y las drogas.

INVERSIÓN EN LA CIUDAD

“Se propone apoyar a 3.500 personas sin empleo, principalmente en recuperación de espacios públicos, mejoramiento del entorno urbano y limpieza en la ciudad”

De igual manera, y reconociendo rezagos en la infraestructura urbana, se propone dotar de agua, drenaje y luz a cinco mil viviendas, así como apoyar en ampliación y/o mejoramiento a otras cinco mil casas en zonas de alta marginación a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y Comisión Nacional del Agua. Adicionalmente, se van a pavimentar 200 mil metros cuadrados de vialidades y banquetas de las zonas de mayor rezago social de esta Ciudad de Juárez.

Para apoyar a las madres trabajadoras, la propuesta es ampliar de 60 a 100 la red de Estancias Infantiles para atender a 3.500 niños y niñas. Al mismo tiempo, el Sistema Nacional para el Desarrollo de las Familias fortalecerá el tejido social por medio de la atención y capacitación de las familias beneficiarias del Programa Estancias Infantiles, con el Programa Escuela para Padres.

EMPLEOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

En materia de desarrollo económico y empleos, el Servicio Nacional de Empleo instrumentará un programa para apoyar a la población sin empleo a través de becas de capacitación, taller de formación para el trabajo, entrega de equipo y maquinaria para la instalación de proyectos productivos, así como acciones de vinculación laboral.

“La situación de inseguridad que vive Ciudad Juárez ha dañado los vínculos de confianza y de convivencia entre la comunidad”

Se propone apoyar a 13.000 personas sin empleo. Además, a través del Programa de Empleo Temporal, se propone apoyar a otras 3.500 personas sin empleo, principalmente en recuperación de espacios públicos, mejoramiento del entorno urbano y limpieza en la ciudad. Por esta medida, además de recibir un ingreso se desarrollan importantes actividades en beneficio de la comunidad.

Para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas se destinará una bolsa inicial de 50 millones de pesos (aproximadamente, 4 millones de dólares), para otorgar financiamiento en condiciones preferenciales para capital de trabajo o adquisición de maquinaría-equipo a Pequeñas y Medianas Empresas en Ciudad Juárez, que han sufrido una caída en sus ventas o han detenido sus proyectos de modernización ante la coyuntura social. Asimismo, este fondo va a servir para apoyar a nuevos emprendedores que deseen crear su empresa o adquirir una franquicia o un negocio.

AL RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO

La situación de inseguridad que vive Ciudad Juárez ha dañado los vínculos de confianza y de convivencia entre la comunidad.

“Cada espacio recuperado es un espacio que gana la comunidad y es un espacio que pierde la delincuencia”

Rescatar espacios públicos es rescatar parques, jardines, centros deportivos, pero más importante aún que el espacio físico, es rescatar la libertad, la dignidad de quienes habitan en su entorno, para que los niños puedan salir en bicicleta, para que los jóvenes convivan y hagan deporte, música, teatro o pintura. Gente en la calle, a pie o en bicicleta producen seguridad.

Una cancha (estadio) de fútbol bien iluminada, con graderías, entrenadores y promoción de torneos es una extraordinaria inversión en seguridad e integración comunitaria. Está comprobado, son los espacios públicos lugares de convivencia, de integración, desarrollo personal, emocional, autoestima y salud física.

CONVOCAR A LA CIUDADANÍA

El común denominador de los casos de éxito en Ciudad Juárez es la participación de los ciudadanos.

“La red de espacios públicos se hará desde la sociedad, a partir de la sociedad y con los ciudadanos de Juárez, de manera subsidiaria, corresponsable y solidaria”

Por eso convocamos públicamente a la ciudadanía para construir juntos una gran red de espacios públicos, consultando a los vecinos para conocer sus necesidades y preferencia, creando comités ciudadanos y patronatos apoyados por los sectores productivos en cada uno de ellos, definiendo de manera conjunta la ubicación de los mismos, considerando las zonas de mayor marginación e índice delictivo.

Cada espacio recuperado es un espacio que gana la comunidad y es un espacio que pierde la delincuencia. Es la violencia el problema o la consecuencia, es la causa o el efecto.

La red de espacios públicos se hará desde la sociedad, a partir de la sociedad y con los ciudadanos de Juárez, de manera subsidiaria, corresponsable y solidaria.

Tenemos claro que Juárez también es México y que todos somos Juárez.

Más de 100 periodistas, académicos, autoridades gubernamentales y expertos de más de 20 países de América Latina, el Caribe y España se dieron cita en Montevideo para debatir sobre el rol de los medios de comunicación en la seguridad ciudadana.

 LOS VISITANTES PARTICIPARON de un seminario internacional organizado conjuntamente por el PNUD, la AECID, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y con apoyo del Fondo España-PNUD, el 10 y 11 de septiembre de 2008. El Ministerio del Interior del Uruguay, la Universidad de Columbia y la revista Nueva Sociedad auspiciaron la iniciativa.

El evento, titulado “El rol de los medios masivos de comunicación en la seguridad ciudadana: un tema clave para América Latina”, recoge una inquietud que recorre todo el continente y ocupa los titulares más destacados de la prensa escrita y audiovisual de cada día.

En América Latina, las políticas públicas en general han sido poco eficaces en reducir la inseguridad ciudadana.

En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de un enfoque integral, que considere no sólo los aspectos estrictamente policiales y judiciales, sino también otras dimensiones como la social, el empleo juvenil, la educación, la familia, y las políticas para la juventud excluida.

“Las experiencias con más logros a nivel regional e internacional han aplicado enfoques integrales”, dice Bernardo Kliksberg

Cuando se pregunta a los latinoamericanos cuáles son sus principales preocupaciones contestan identificando dos grandes problemas estrechamente vinculados entre sí: la desocupación y la inseguridad ciudadana (encuesta Latinobarómetro, edición 2007). Sin embargo, las políticas públicas en general en la región han sido poco eficaces en reducir la inseguridad ciudadana y en los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de un enfoque integral, que considere no sólo los aspectos policiales y judiciales, sino también dimensiones sociales como el empleo juvenil, la educación, la familia, y las políticas para la juventud excluida. Vale destacar que un 25% de los jóvenes de la región está actualmente fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo.

Según Bernardo Kliksberg, director del seminario y director del Fondo España PNUD Hacia un Desarrollo Integrado e Inclusivo en América Latina y el Caribe, “las experiencias con más logros a nivel regional e internacional han aplicado enfoques integrales, y desde ellos han formado amplias coaliciones entre las políticas públicas, los gobiernos subnacionales, los organismos judiciales, la policía, el sector privado, las organizaciones religiosas, las asociaciones vecinales, las organizaciones de base de las comunidades con jóvenes en riesgo, y otros actores sociales. Los medios masivos de comunicación juegan un rol central para mejorar la calidad del debate actual y ayudar a pasar de las visiones unidimensionales a enfoques integrales. Su papel en este campo es crucial”.

“La Red de Periodistas Latinoamericanos por la Seguridad Ciudadana y la Equidad tendrá por misión el intercambio y debate sobre esta temática, promoviendo un enfoque integral de la seguridad”

A lo largo de la reunión, los periodistas y especialistas de la región y España debatieron los desafíos de la seguridad en nuestra región, haciendo especial hincapié en el papel de los medios de comunicación y los periodistas cuando en su trabajo reflejan una realidad y contribuyen, de un modo u otro, a generar la percepción de inseguridad. Los participantes destacaron también el papel fundamental de los medios de comunicación y los periodistas en tanto formadores de opinión y defensores de los valores.

PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Se presentaron y debatieron experiencias y buenas prácticas, marcos teóricos y estadísticas muy representativas, y se acentuó la importancia de un enfoque integrado y holístico. Entre otras cosas, se enfatizó la relevancia de contextualizar las noticias, contribuyendo al análisis y explicación de las razones socio económicas que promueven la delincuencia en la región.

La ceremonia de apertura se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República, e incluyó:

Palabras de bienvenida

• Rodrigo Arocena, Rector de la Universidad de la República.
• Pablo Mandeville, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay, Representante Residente del PNUD.
• Tanya Escamilla, Coordinadora de proyectos de la Fundación Nuevo Periodismo.
• Carlos Domínguez, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de España en Uruguay.
• Daisy Tourné, Ministra del Interior del Uruguay.

Disertaciones Inaugurales

• Rebeca Grynspan, Administradora Auxiliar y Directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe (participó a la distancia, mediante un mensaje grabado para la oportunidad).
• Rodrigo Arocena, Rector de la Universidad de la República.
• Daisy Tourné, Ministra del Interior del Uruguay.
• Jose Luis Pimentel, Coordinador General de AECID en el Uruguay.
• Daniel Filmus, Senador, Ex Ministro de Educación. Argentina.

Conferencia de apertura

• Bernardo Kliksberg, Director del Fondo España PNUD “Hacia un Desarrollo Integrado e Inclusivo en América Latina y el Caribe” y Asesor Principal de la Dirección del PNUD para América Latina y el Caribe. “Hacia una visión renovada e integral de cómo enfrentar la inseguridad ciudadana en la región. El rol estratégico de los medios”.

Al final del seminario, quedó constituida la Red de Periodistas Latinoamericanos por la Seguridad Ciudadana y la Equidad, que tendrá por misión el intercambio y debate sobre esta temática, promoviendo un enfoque integral de la seguridad, acorde a una visión de derechos humanos y equidad.

Participación de la Directora Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Rebeca Grynspan, en el Seminario sobre Seguridad Ciudadana y Medios de Comunicación realizado en septiembre de 2008, con apoyo del Fondo España PNUD.

La criminalidad es una de las lacras de América Latina. Para reducir su incidencia, los Estados necesitan intervenir con un enfoque social más efectivo que las simples actuaciones policiales.

LA POBLACION LATINOAMERICANA RECLAMA respuestas a la crucial cuestión de la inseguridad ciudadana. En 1995, sólo el 5% de la población consideraba que ése era el problema más importante. Ahora es el 17% (Latinobarómetro, septiembre de 2008). Encabeza el ranking de los problemas, seguido por la desocupación. La tasa de homicidios anuales es de 25,1 por cada 100.000 habitantes, el doble de la de 1980 (12,5), y 25 veces la de los países nórdicos (Noruega, 0,9; Dinamarca, 1,1; Suecia, 1,2). En México hubo este año casi 4.000 muertes por el crimen organizado, y 1,9 secuestros diarios. En El Salvador, con una de las tasas más altas, se aplicaron en las últimas presidencias las políticas denominadas mano dura y supermanodura, y el delito siguió ascendiendo. En Guatemala se multiplicó la seguridad privada, y continuó aumentando.

En Argentina, mientras que la población subió un 8% entre 1995 y 2005, la tasa de encarcelamiento aumentó en un 92%, y sin embargo el delito no disminuyó.

¿Qué se debe hacer? Por lo pronto es fundamental mejorar la calidad de un debate muy simplificador que sólo aborda el tema policialmente, manteniendo la discusión encerrada entre cuestiones como hacer imputables a los niños, crear cárceles especiales para niños y adolescentes, presionar a los jueces por mayores penas y gastar más en seguridad. Dados los limitados resultados obtenidos por estas vías, parece que urge poner la discusión en un marco de análisis más amplio que integre, junto a los temas policiales, muchos otros. Entre ellos:

UNO

Hay diversos tipos de delincuencia. Es errado aplicarles a todas el mismo tratamiento. En la región se debería diferenciar por lo menos entre el crimen organizado -conformado por las mafias del narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el robo de automóviles- y una delictualidad joven en ascenso conformada por delitos menores de adolescentes y jóvenes que después pueden ir escalando y convertirse en cada vez más graves.

A las mafias debe aplicárseles el máximo peso de la ley. Desarticularlas por todas las vías. Hoy, muchas forman parte de mafias internacionales globalizadas. Se requieren, además de respuestas nacionales, esfuerzos internacionales en áreas como el lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción, y otras que permiten a las mafias financiar y legalizar sus ganancias. Se presentan desafíos de alta complejidad como el que está enfrentando México de desbaratar las complicidades entre las mafias y fuerzas policiales.

La delictualidad joven tiene otras lógicas causales. En América Latina, uno de cada cuatro jóvenes está fuera del sistema educacional y del mercado de trabajo. Sólo el 49% de los jóvenes termina la secundaria. Sin ella no hay posibilidad de conseguir ningún trabajo en la economía formal. De todos los presos que hay en las cárceles argentinas, sólo el 5% terminó secundaria. En las uruguayas, el 70% son menores de 30 años y no tienen educación. Cuando se preguntó a jóvenes de las maras centroamericanas por qué estaban en ellas, contestaron: “¿Dónde quieren que estemos, si nadie nos acepta en ningún lado?”.

La primera gran simplificación es meter en una misma bolsa todos los tipos de delitos.

En El Salvador, con una de las tasas de crimen más altas, se aplicaron las políticas de ‘mano dura’ y el delito siguió creciendo.

DOS

La culpa es de los jueces. Se argumenta que estarían dejando salir a delincuentes que después vuelven a reincidir. La realidad no es tan sencilla. Muchos de los jóvenes encarcelados llegaron al delito desde la marginación total. Cuando salen con prontuarios penales adicionales están mucho peor que antes para obtener algún tipo de inserción. Si la sociedad no hace nada al respecto, es difícil sorprenderse después. En Estados Unidos se llegó a conclusiones muy claras al respecto. The New York Times editorializa: “Se liberan cada año 650.000 presos, se puede esperar que 2-3 de ellos retornen a la prisión en un plazo de tres años…”. Este mecanismo que llama “la puerta giratoria” es antiético, pero además, no financiable. Muchos Estados, aun los más conservadores, no soportan más las cargas económicas de seguir construyendo prisiones. A partir del reconocimiento de estos hechos, el Congreso aprobó casi por unanimidad la ley de la segunda oportunidad (abril de 2008), que convierte la rehabilitación en una meta central del sistema de justicia federal. Los ex reclusos serán apoyados activamente por los Estados y municipios para conseguir casas, seguros de salud, empleos y tratamiento contra la droga. Se estima que el costo es mucho menor que el de los juicios y cárceles.

En América Latina, los intentos en esa dirección han tenido resultados. Así, por ejemplo, en Argentina se creó un centro universitario en una cárcel, Devoto, para que los presos pudieran seguir estudios. Sólo el 3% de sus ex alumnos volvieron a cometer delitos. En Costa Rica, el sistema penitenciario está obligado a dar cursos de alfabetización, escuela primaria, secundaria y Universidad para los presos que lo deseen. La tasa de reincidencia es menor que la regional.

TRES

Los países exitosos. ¿Por qué países como los nórdicos, que tienen la más baja proporción de policía per cápita del planeta, tienen tan bajos niveles de delincuencia? Su éxito está en que el sistema social incluye. Hay oportunidades reales de educación y trabajo para los jóvenes Estudios como los de Briggs y Cutright (1994), Messner y Rosenfeld (1997) encontraron una sólida correlación entre redes de seguridad económica y reducción de homicidios. Fansilber y otros (1996) encontraron en 45 países que las altas desigualdades -y América Latina es la región más desigual- favorecían los homicidios.

CUATRO

La discriminación en acción. Un estudio de USAID (2006) que pone a foco el fracaso de la mano dura en Honduras, El Salvador y Guatemala, muestra que “muchos de los jóvenes jamás han experimentado una interacción positiva con el Estado. Con frecuencia, su única vivencia del Estado es la policía haciendo arrestos y encarcelando personas”. El clima social para los jóvenes pobres es bien hostil. En el Latinobarómetro 2008, los encuestados dicen que las personas más discriminadas en América Latina son los pobres, y un 62% dice que la policía es más propensa a detener a un joven que a un adulto. Ser pobres y jóvenes es un estigma muy importante.

CINCO

La desarticulación familiar. En diversos países, 2-3 de los delincuentes jóvenes vienen de hogares desarticulados. La familia es fundamental en la prevención del delito. Da códigos éticos, modelos de conducta y tutorea. Muchas familias pobres se quiebran ante el estrés socioeconómico. Sin embargo, la protección de la familia no está en la agenda de la seguridad ciudadana.

“Si no creemos que un chaval de 14 años puede ser reinsertado en la sociedad, estamos perdidos”, dijo un juez.

SEIS

Más de lo mismo. En lugar de dar a los jóvenes en riesgo más educación, más trabajo y más familia, la respuesta convencional es “más de lo mismo”: represión, encarcelamiento y punición. Se está facilitando así la generación de una mano de obra cautiva para el crimen organizado. Mientras que la sociedad es indiferente a su destino, las mafias les ofrecen incentivos económicos inmediatos. Señala Pineyro (UNAM de México): “La base de apoyo social del narcotráfico comprende a más de 500.000 personas… Mientras no haya una política económica y social para reducir la pobreza, será difícil revertir la situación”. La Secretaría de Seguridad Pública estatal estima que uno de los carteles de la droga tiene en Ciudad Juárez el control de 521 pandillas integradas por 14.000 menores de 14 a 17 años.

Un debate con éstas y otras simplificaciones crea el ambiente para la mano dura que agresivamente postulan los sectores más conservadores. A ellos se les suman quienes tratan de conseguir ganancias electorales con el tema. El problema requiere soluciones multicausales. Hay que modernizar, capacitar y recuperar a la policía, que es una institución decisiva para la prioritaria lucha contra el crimen organizado; fortalecer la justicia; reformar el pésimo sistema penitenciario; reducir la tenencia de armas cortas… pero al mismo tiempo, pasar del enfoque sólo policial del problema a uno más amplio que responda a su complejidad. A pesar del sensacionalismo con que se suele tratar el tema y del interés de algunos sectores en ganar votos como sea, una parte considerable de la opinión pública está abierta a una discusión más amplia.

Una encuesta reciente en Argentina, donde las ideas mano dura crecen, reveló que el 37% de la población de Buenos Aires atribuía la inseguridad y su propia desprotección a la pobreza, la desigualdad social y la desocupación (Universidad de Belgrano, octubre de 2008). Un 30%, a la lenidad de la legislación. Si se logra elevar la calidad del debate, la sociedad defenderá una respuesta integral y no caerá en la trampa de la represión alegre. En muchos países de la región, políticas públicas acertadas, el esfuerzo de organizaciones pioneras de la sociedad civil y jueces ejemplares han logrado incluir a miles y miles de jóvenes en riesgo. Están en la misma línea que la sugerente experiencia de un juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, que ha logrado una recuperación de un 75% en menores que cometieron delitos. Declaró en una entrevista reciente: “Si no creemos que un chaval de 14 años puede ser reinsertado en la sociedad, estamos perdidos”.

Acceda a la versión publicada en la versión online del diario El País de Madrid.

El encuentro ofreció a la dirigencia y opinión pública paraguayas un espacio de debate sobre un tema esencial: la seguridad ciudadana y el rol de los medios de comunicación en la cobertura y análisis de los casos delictivos.

EL GOBIERNO DE PARAGUAY, a través del Ministerio del Interior, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la oficina del PNUD Paraguay organizaron el 12 de diciembre de 2008 el Coloquio Internacional “Seguridad Ciudadana y medios de Comunicación”.

 El encuentro se organizó con apoyo de la Dirección Regional del PNUD para América Latina y el Fondo España-PNUD “Hacia un Desarrollo Integrado e Inclusivo en América Latina y el Caribe”.

El Coloquio tuvo por finalidad debatir a fondo en conjunto, autoridades gubernamentales, comunicadores sociales, expertos y líderes de la sociedad civil, sobre vías alternativas en materia de Seguridad Ciudadana y cuál podría ser el mejor aporte de los medios de comunicación a una cuestión tan esencial para el futuro del Paraguay.

La iniciativa da continuidad al Seminario Internacional que se llevara a cabo el 10 y 11 de septiembre en Montevideo, Uruguay, sobre el “Rol de los medios de comunicación en la seguridad ciudadana: un tema clave para América Latina”, que contara con la participación de más de 100 expertos y periodistas de la región y España.

“En América Latina las políticas públicas han sido en general poco eficaces en reducir la inseguridad ciudadana”

En su conferencia de apertura, el Asesor Jefe de la Dirección Regional del PNUD para América Latina y el Caribe y Director del Fondo España-PNUD, Bernardo Kliksberg, señaló que “en América Latina las políticas públicas han sido en general poco eficaces en reducir la inseguridad ciudadana”. Kliksberg resaltó que en los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de un enfoque integral, que considere no sólo los aspectos policiales y judiciales, sino también dimensiones sociales como el empleo juvenil, la educación, la familia, y las políticas para la juventud excluida.

Un 25% de los jóvenes de la región está actualmente fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo. Las experiencias con más logros a nivel regional e internacional han aplicado enfoques integrales, y desde ellos han formado amplias coaliciones entre las políticas públicas, los gobiernos subnacionales, los organismos judiciales, la policía, el sector privado, las organizaciones religiosas, las asociaciones vecinales, las organizaciones de base de las comunidades con jóvenes en riesgo, y otros actores sociales.

LA EXPLOSIÓN MEDIÁTICA DE LA VIOLENCIA

Los medios masivos de comunicación juegan un rol central para mejorar la calidad del debate actual y ayudar a pasar de las visiones unidimensionales a enfoques integrales. Su papel en este campo es crucial. El Paraguay no escapa a estas tendencias regionales, además de presentar sus propios desafíos nacionales, relativos a su coyuntura, su historia y cultura, y en particular, sus medios de comunicación y el rol de ellos en la consolidación democrática.

La inseguridad es remarcada por la gente como uno de los problemas principales de nuestras sociedades

La mayoría de los medios televisivos desarrollan sus noticieros sobre la base de explosión continua y sinfín de muertes, asaltos y robos. En Paraguay esta explosiva combinación se desató con énfasis a partir de los años noventa, en coincidencia con la fuerte migración del campo a la ciudad, donde se desarrolla un modelo de explotación agrícola que descuida la producción familiar, de acuerdo con el análisis reciente presentado por la Social Watch, en su capítulo Paraguay, elaborado por Hugo Royg.

A esta situación de inseguridad en la ciudad se va sumando el clima de violencia que se desarrolla en el campo, fuertemente dividido entre el modelo extensivo e intensivo de producción (principalmente soja) y organizaciones campesinas que reclaman tierras y el cese de las fumigaciones alrededor de las comunidades, por temor a las enfermedades.

DESTACADA PRESENCIA DE PANELISTAS INTERNACIONALES

El evento en Asunción contó con la participación de destacados ponentes internacionales y nacionales, como Federico Franco Gómez, Vicepresidente de la República del Paraguay; Rafael Filizzola, Ministro del Interior; Lorenzo Jiménez de Luis, Representante Residente del PNUD en Paraguay; Bernardo Kliksberg, Asesor Principal de la Dirección Regional del PNUD para América Latina y Director del Fondo España-PNUD; Marcelo Sain, Jefe de la Policía Aeroportuaria de Argentina; Juan Faroppa, Ex Vice-Ministro del Interior de Uruguay; Daisy Tourné, Ministra del Interior del Uruguay; Silvina Heguy, periodista diario Clarín, Editora sección Sociedad. Premio Rey de España 2006; Jesús Duva, Redactor Jefe de la Sección Madrid. Diario el País de España; Susana Oviedo, Presidenta del Foro de Periodistas del Paraguay. Periodista de Útima Hora; Carlos Báez, Gerente del Centro Informativo Multimedia Paraguay; Mabel Renhfeldt – Periodista ABC Color y Radio 1º de Marzo; Pablo Basz, Coordinador de Redes Institucionales del Fondo España-PNUD; Carmelo Caballero, Vice Ministro de Seguridad Ciudadana del Paraguay; Rubén Candia Amarilla, Fiscal General del Estado del Paraguay; José Carlos Rodríguez, sociólogo e investigador, y Soledad Villagra, Consultora de Seguridad Ciudadana.

La ciudadanía latinoamericana tiene motivos para sentirse preocupada por el clima de inseguridad ciudadana que se vive en gran parte de la región. Para la Organización Panamericana de la Salud un índice normal de criminalidad es el que se halla entre 0 y 5 homicidios cada 100.000 habitantes por año. 

Ese puede ser tratado con los mecanismos convencionales. Cuando el índice de homicidios está entre 5 y 8 la situación es delicada, pero cuando excede de 8 nos hallamos frente a un cuadro de criminalidad “epidémica”. No puede ser tratada por las vías usuales. Han demostrado ser insuficientes. Este es el caso de América Latina.

En el siguiente cuadro puede observarse la tendencia en los últimos 26 años:

La tasa de homicidios de 2006 triplica por tres el nivel de la epidémica, y por cinco la tasa propia de la mayor parte de los países desarrollados que se halla entre 0 y 5. El promedio de homicidios más que duplica el promedio mundial, convirtiendo a la región en una de las mas problemáticas del planeta en este campo. En el mismo continente Americano la tasa de la región 25,1 es cuatro veces mayor que la de USA (6.4) y casi 17 veces la de Canadá (1.5).

En el último cuarto de siglo la tasa de la región se ha duplicado. Es epidémica en todas las zonas, y casi epidémica en el Cono sur, y en el Caribe no latino. La tasa aumento en más del 44% entre 1984 y 1994.

En 1998 se estimaba que había 140.000 homicidios anuales, y la tasa ha seguido subiendo (Londono 1998).

Las tasas por países según los datos oficiales, han sido las siguientes:

Los países con criminalidad más aguda son Colombia (10 veces la epidémica), El Salvador (cinco veces), Venezuela (4.25 veces), y Brasil (3.8 veces). Sólo se hallan debajo de la cota de 8 homicidios, Costa Rica, Cuba, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, y algunas de las islas.

Ante estos datos dice la Organización Panamericana de la Salud (1998) que “La violencia es una de las amenazas más urgentes contra la salud y la seguridad pública de las Américas”.

Los datos pueden contener asimismo significativos márgenes de subregistro. Así lo indican investigaciones puntuales en ciudades de la región. Estudios del BID (Buvinic y Morrison, 1999) han verificado las siguientes tasas que superan ampliamente a las oficiales:

En estas importantes ciudades las tasas superan totalmente a los promedios nacionales de los países respectivos.

Un aspecto particular de la criminalidad es el crecimiento en Centroamérica de las bandas de jóvenes delincuentes, denominadas maras. Una evaluación de USAID sobre Honduras, El Salvador, México, Guatemala y Nicaragua (USAID 2006) estima que su número se halla desde una estimación conservadora de 50.000 hasta 305.000 y que está ascendiendo.

La criminalidad significa todo tipo de daños para la sociedad. En primer término se hallan las vidas perdidas. En algunos países como en Brasil y Colombia se ha transformado en la principal causa de muerte en edades jóvenes.

Por otra parte la violencia tiene costos para el conjunto de la sociedad, en términos de los sistemas de salud, seguridad y justicia. Se estima que el 14% del Producto Bruto de la región se pierde por la violencia. USAID estima que en los cinco países que evaluó la perdida es del 12 al 14% del Producto Bruto Nacional. Casi tres veces más que en los países desarrollados donde las pérdidas por violencia son menores al 5% de su producto. Las pérdidas por violencia superan ampliamente en muchos países de la región al total de su inversión en las áreas sociales.

Pero junto a ello se halla muchos otros costos difíciles de medir, pero muy concretos, los costos intangibles. Como bien plantea Rubio (2000) son costos invisibles como: “la sensación de inseguridad, el miedo, el terror y el deterioro de la calidad de la vida”.

Un intento de evaluar estos costos en México demostró que superan con creces los costos económicos directos:

Como se advierte un costo intangible lidera ampliamente los costos de la violencia: el miedo, seguido por los años de vida saludables perdidos (AVISA).

Es ilustrativo de lo que significan los costos de la violencia el caso de El Salvador. Un reciente estudio del PNUD (2005) muestra que pierde anualmente 1.700 millones de dólares, que representan el 11.5% de producto Bruto nacional. Esos costos derivan de temas de salud como vidas perdidas, y atención médica, costos institucionales como seguridad pública y justicia, costos de seguridad privada, impactos negativos sobre las inversiones externas, pérdida de oportunidades de trabajo, y pérdidas materiales. A ello habría que sumar los costos intangibles antes mencionados. En el año 2003, los recursos perdidos por la violencia duplicaron los presupuestos de educación y salud sumados del país.

En el caso de Colombia Rubio (1996) muestra que los crecimientos del producto bruto por encima del 5% sólo se han dado en los periodos en que las tasas de criminalidad eran inferiores a 30 homicidios cada 100.000 habitantes.

Un estimado sobre las perdidas del Producto Bruto en diversos países de la región que incluye intangibles da los siguientes resultados (Londoño 1998):

Se trata en todos los países de pérdidas de gran significación en economías donde el producto bruto ha crecido en las dos últimas décadas por debajo del 5% anual.

Descargar texto completo: Mitos y realidad sobre la criminalidad.

De extensa trayectoria en uno de los medios más relevantes de habla hispana, el diario El País de Madrid, Jesús Duva es también profesor de la Escuela de Periodismo UAM/El País. Tras su participación como panelista en el Seminario, conversó con el Boletín del Fondo España-PNUD.

¿Cuál cree usted son las líneas básicas que deben guiar el trabajo de un periodista que cubre temas policiales o de violencia?

Las líneas básicas creo que deben ser la máxima honradez, la máxima dedicación y la máxima especialización. Debe acercarse a los temas con honradez, sin prejuicios de ningún tipo, tratando de contrastar con todas las fuentes posibles con objeto de obtener una versión de los hechos los más cálida y cercana a la realidad que sea posible. Creo que para ello es precisa una dedicación permanente, sin tener en cuenta los horarios, ya que los sucesos se producen a cualquier hora del día o de la noche. Y pienso que ha de lograr una buena especialización para ahondar en los temas y contextualizarlos dentro de la habitual complejidad que entrañan los casos de violencia e inseguridad ciudadana.

En ese sentido, ¿cuál es la contribución que un enfoque integral puede ofrecer a una mayor y más justa comprensión de la realidad social, en lo que a crimen y violencia refiere? ¿Y cuál la contribución de dicho enfoque al trabajo del periodista?

Un enfoque integral de la violencia aporta una visión más completa de la realidad, que siempre es compleja y diversa, lo que facilita que los ciudadanos tengan una mejor comprensión de la situación de su país o de su municipio. Eso facilita la participación ciudadana y una mejora de los elementos de la participación democrática. Al mismo tiempo, un enfoque así enriquece y da credibilidad al trabajo del periodista. En el Seminario hemos debatido experiencias de América Latina y España sobre el tratamiento periodístico a estos temas.

MEDIOS Y SEGURIDAD EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA

¿Qué patrones comunes y diferencias encuentra, y qué aprendizaje recíproco sugeriría?

He visto que tanto en América Latina como en España la inseguridad ciudadana es un asunto que preocupa mucho a los ciudadanos, lo que hace que tenga una abundante cobertura en los medios de comunicación social. Quizás en algunos países de América Latina hay periódicos más sensacionalistas y monográficos sobre este tipo de asuntos, mientras que en España no hay actualmente ningún medio de esas características.

“Hay que convencer a los editores de que ahondar en esta faceta contribuye a mejorar la convivencia”

En cuanto a los periodistas, he comprobado que los compañeros de América Latina son tan apasionados con su trabajo como los españoles y que actualmente intentan elevar su nivel de buena escritura, igual que sucede en España. No obstante, me ha asombrado el altísimo nivel profesional de buena parte de los periodistas latinoamericanos.

Respecto a las diferencias, me parece que en España, en términos generales, se ahonda más en los temas, debido probablemente a que los índices de inseguridad son menores y eso nos permite trabajar con más profundidad algunos asuntos. Por ejemplo, en España hay ahora un tema capital: la violencia de género o machista. Por otra parte, creo que en España hay muchas más facilidades para acceder a las fuentes oficiales de información, lo que nos facilita el trabajo. Y, por último, el nivel de riesgo que sufren los colegas latinoamericanos es mucho más alto que en España.

Finalmente, ¿cómo recomendaría involucrar a toda la industria periodística –no sólo a los periodistas- en un enfoque integral?

Creo que la industria periodística en España está bastante involucrada sobre la necesidad de dar un tratamiento integral, no meramente anecdótico, a los asuntos de la seguridad ciudadana y la violencia. Pero, en cualquier caso, me parece que hay que convencer a los editores de que ahondar en esta faceta contribuye a mejorar la convivencia, la participación cívica y las exigencias democráticas, además de elevar el nivel de los medios de comunicación de masas.

La destacada periodista argentina considera que en la misión informativa está implícita la obligación de contextualizar la noticia. “Si no, el periodismo se transforma en un simple mecanismo de dar cuenta de hechos, una tarea que puede realizar cualquiera”, afirma.

Heguy es licenciada en Relaciones Internacionales y desde 1994 trabaja como periodista. Ha realizado importantes coberturas e investigaciones en temas sociales. Por una investigación sobre el tráfico de bebés ganó el Premio Rey de España 2006, máximo galardón al que aspira un periodista de habla hispana.

Es coautora de “Los Juárez. Terror y corrupción en la política argentina”, una investigación periodística sobre los 50 años de dominación de Carlos Juárez en la provincia de Santiago del Estero; también publicó “Joe Baxter. Del nazismo a la extrema izquierda”, una biografía sobre uno de los personajes más misteriosos de la política argentina y “132.000 volts. El caso Ezpeleta”, un trabajo sobre los vecinos de un barrio que luchan para que una subestación de electricidad que contamina su barrio sea trasladada. En la actualidad es editora de la sección El Mundo del diario Clarín de la Argentina.

Silvina Heguy participó como panelista en el Seminario Internacional “El rol de los medios masivos de comunicación en la seguridad ciudadana: un tema clave para América Latina”, organizado por el Fondo España-PNUD.

LA NOTICIA Y SU CONTEXTO

El periodista que cubre y analiza casos de violencia informa sobre hechos puntuales pero también, quiera o no, sobre un contexto social. ¿Consideras que el periodista tiene un compromiso ético de ir más allá de la crónica y el relato, o sostendrías que el periodismo tiene una mera misión informativa que no tiene por qué estar limitada por la necesidad de contextualizar la noticia?

En mi opinión, en la misión informativa está implícita la obligación de contextualizar la noticia y sobre todo si estamos realizando periodismo escrito. En un flash informativo de una radio, de la televisión o de un medio online es importante dar la información rápidamente, aunque comprobada con rigurosidad, pero el periodismo escrito tiene otros tiempos y mayores exigencias. Si no, el periodismo se transforma en un simple mecanismo de dar cuenta de hechos, una tarea que puede realizar cualquiera. El informar implica también mostrar lo que hay más allá del hecho noticioso, contextualizar para que, a partir de una noticia, se pueda ayudar a entender algo de la compleja realidad que nos toca vivir.

¿Cómo analizas el modo en el que, en general, se presentan los temas de violencia social o criminal en los medios de nuestra región?

“La violencia ciudadana no es un fenómeno delictivo simple, sino que surge de la desigualdad y exclusión”

La mayoría de las veces la presión que implica trabajar contra el reloj, y la carga laboral de los periodistas que deben cubrir varias noticias por día, provoca que estos temas sean presentados copiando un modelo establecido que pocas veces los periodistas cuestionamos. Se me ocurre el ejemplo de la violencia familiar, la mayoría de los diarios cuando tratan un asesinato de una mujer en manos de su esposo lo clasifican como un “crimen pasional”, algo que no es así y que provoca que se confirme una falsa idea la que presenta como normal la violencia dentro de una relación amorosa.

En ese sentido, ¿cuál crees puede ser la  contribución de un enfoque integral sobre la violencia ciudadana?

Es fundamental y crucial para crear conciencia que la violencia ciudadana no es un fenómeno delictivo simple sino que, en realidad, surge de condiciones sociales de desigualdad y exclusión de una parte de la población. Cuando, por ejemplo, en la Argentina comenzaron a surgir los barrios cerrados, quienes se mudaban ahí creían que las rejas y el sistema privado de seguridad los iba a “salvar” de la delincuencia, pero no fue así. Los robos y secuestros en los barrios cerrados son ahora moneda corriente. Es claro que si no se termina con la desigualdad que provoca que el robo sea la única salida para los jóvenes, el problema va a continuar.

Es sabido que los periodistas deben ajustar su trabajo al marco del medio en el que trabajan. ¿Qué sugerencias tendrías para participaren un enfoque integral de la violencia ciudadana a todos los actores de la industria periodística?

Lo fundamental sería que todas las herramientas que sirvan para dar un enfoque integral de la violencia ciudadana estén al alcance de la mano: en especial las estadísticas y estudios que generan organismos especializados y los académicos. Quizás una buena forma de hacerlo sea a través de una red de periodistas que traten estos temas. Ellos, al estar especializados y ser referentes dentro de las redacciones, son los vehículos ideales para que estas ideas comiencen a circular entre todos los actores de la industria periodística.

El PNUD y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dieron luz vede al proyecto “Inclusión Social a través de la prevención y reducción de la violencia contra la mujer, adolescentes y niñas”, con el cual se busca contribuir decididamente al logro del tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio en Venezuela. Esta iniciativa es auspiciada por el Fondo Fiduciario España-PNUD Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe, que ha destinado US$ 500,000 para avanzar en la lucha contra la violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela.

Sonia Obregón, punto focal de derechos humanos y de género del PNUD Venezuela, está encargada de coordinar esta iniciativa que se implementará en forma de Programa Conjunto y en el que participarán UNIFEM, UNICEF y UNFPA, además de instituciones nacionales como el Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Metropolitano de la Mujer, Instituto Nacional de Estadísticas y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Obregón es abogada, especialista en Derechos Humanos.

“Tanto para el Fondo Fiduciario con España como para el PNUD –afirma Obregón– el tema de la violencia de género es prioritario no sólo por las dimensiones y las características del problema, sino por lo que esto representa para que las mujeres puedan incorporarse al desarrollo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”.

En su informe 2008 sobre la violencia doméstica, Amnistía Internacional asegura que según cifras recopiladaspor organizaciones nacionales de mujeres, como media, cada 15 minutos una mujer sufre abusos a manos de su pareja o ex pareja. Sólo en 2007, 4.484 mujeres llamaron a un teléfono de ayuda creado por el Instituto Nacional de la Mujer para denunciar malos tratos. Sin embargo, las organizaciones locales calculan que sólo 1 de cada 9 mujeres denuncia los actos de violencia ante las autoridades.

Sonia Obregón explica a continuación los detalles de este proyecto, que tendrá una duración de 18 meses y con el que se dará continuidad a la Campaña Cuenta 3, lanzada a finales de 2007.

¿La prioridad de este tema para Venezuela es proporcional a la gravedad del problema en el país?

En realidad no se conoce cuál es la gravedad del problema en el país porque no existe actualmente un registro que permita conocer la dimensión del problema. Hay que decir que en realidad este es un problema cuya dimensión no se conoce con precisión en ninguna parte del mundo, porque muchos de los casos de violencia contra la mujer quedan sin ser registrados por razones culturales, por miedo, por distintas razones. Pero en otros países existe por lo menos un sistema que permite conocer el perfil del problema, cuáles son sus principales determinantes, dónde y cuándo tiene mayor incidencia.

Si no existen cifras, ¿cómo saber por dónde abordar el problema?

“Una estrategia de atención integral a las mujeres debe contemplar no sólo la situación de la víctima, sino de todo su entorno”

Esa es una de las graves limitaciones que enfrentamos en Venezuela sobre este particular, especialmente para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, se sabe por diferentes indicios que la violencia hacia la mujer es un problema grave en el país. Están, por ejemplo, las denuncias que recibe el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) a través del centro de atención telefónica 0800-MUJER, los registros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), entre otros. Pero se sospecha que eso apenas es la punta del iceberg y que detrás hay mucho más de lo que realmente se visibiliza.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

¿Hacia dónde apunta entonces este proyecto del Fondo España-PNUD?

Este proyecto está compuesto por dos bloques que se complementan entre sí. Por una parte, se busca contribuir con el desarrollo de las capacidades institucionales y sociales para el diseño de políticas para prevenir y reducir la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, al tiempo que apoyar con la implementación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por otra parte, se propone trabajar directamente con las comunidades, especialmente con los y las jóvenes, en la prevención y la sensibilización para destacar la existencia del problema, mostrar sus características y explicar la forma en que esto afecta a la sociedad.

Dentro del primer bloque está la implementación de la planilla única para el registro de casos de violencia hacia la mujer. Esta planilla ya fue creada por el Instituto Nacional de Estadísticas en un esfuerzo conjunto con otras instituciones del estado como el CICPC, INAMUJER, entre otros. Implementar esa planilla permitirá llevar un registro mucho mejor del que ahora existe, porque es un instrumento que será usado por todos los órganos receptores de denuncia, lo que posteriormente permitirá recoger y sistematizar en función de criterios comunes y brindará información más precisa sobre el problema de la violencia hacia la mujer en el país.

Esta acción se complementa con la formación de órganos receptores de denuncia y el apoyo al desarrollo de los tribunales especiales de violencia hacia la mujer que la Ley obliga a crear y que recientemente están comenzando a funcionar. En este caso trabajaremos con las policías municipales, que son los que en primera instancias reciben las denuncias, para explicarles la forma en que esos casos deben de ser tratados, mediante la aplicación de un protocolo especialmente diseñado para ello.

Asimismo, se apoyará la conformación de los equipos multidisciplinarios que apoyan a los tribunales especiales creados por la Ley, la cual contempla que el juez o la jueza estén acompañados de un equipo de profesionales que permita ofrecer una atención integral a la mujer que llega a esas instancias buscando justicia. El proyecto también brindará apoyo para la implementación de las casas de resguardo, adonde las mujeres que son víctimas de violencia (en situaciones extremas) son remitidas para recibir atención integral y seguridad.

¿Qué orientación se dará a la estrategia de sensibilización?

En el caso de los órganos del Estado que tienen que ver con el acceso a la justicia y la atención a la mujer víctima de violencia, la idea es formar un núcleo de facilitadores y facilitadoras sólidamente preparados para que, con un manual que se realizará como parte del proyecto, puedan replicar esos conocimientos en las academias de policías y otras instancias receptoras de denuncia y atención de víctimas.

En el caso de la sensibilización dirigida a las comunidades, el énfasis se hará en los y las jóvenes, aprovechando un trabajo que ya viene desarrollando la Universidad de Los Andes, que desde hace algunos años viene estudiando el tema de las relaciones violentas en el noviazgo. El enfoque es eminentemente preventivo. Vamos a trabajar con jóvenes tanto en el ámbito universitario como en la educación media, y también con las comunidades organizadas. La idea es ayudar a las comunidades para que desarrollen proyectos y vías de acción dirigidos a prevenir y atender el problema en su entorno inmediato.Entiendo que habrá una campaña masiva de sensibilización Así es.

La idea es dar continuidad a la Campaña Cuenta 3 –que por cierto ganó el Premio Anual del Administrador del PNUD 2007 en la categoría de Innovación y creatividad– para prevenir la violencia hacia la mujer. Para ello nos basaremos en los hallazgos del estudio que se hizo en el marco de la campaña anterior y que muestra las percepciones de los varones entre 13 y 55 años sobre la violencia hacia la mujer. Seguiremos centrando el mensaje hacia los hombres, en este caso los jóvenes.El estudio revela que la recordación de la campaña Cuenta 3 fue de 30% en la muestra de hombres jóvenes y adultos estudiados. Cuando se habla de prevención uno piensa que habría que dirigir acciones hacia el foco generador de violencia, que en la mayoría de los casos es el hombre.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y A VICTIMARIOS

¿Hay alguna actividad contemplada para brindar ayuda a hombres maltratadores?

Esperamos que en los protocolos de atención que pensamos crear para los centros de atención de víctimas, también se contemple el trabajo con el hombre que produce la agresión. De hecho, una estrategia de atención integral a las mujeres debe contemplar no sólo la situación de la víctima, sino de todo su entorno. Aquí lo más difícil de lograr es que el hombre se reconozca plenamente como parte del problema, y que no piense que la violencia hacia la mujer es algo normal. Por supuesto, la idea es que una vez que se reconozca como agresor, esta persona encuentre un espacio donde se le brinde ayuda. Este es un área en la que es necesario trabajar todavía más en el país.

Para todo esto vamos a aprovechar mucho la experiencia de España, que es muy buena y extensa en esta área.  Este país ha incursionado con éxito en la atención de víctimas y victimarios en centros de atención primaria. La idea es desarrollar un modelo de atención que funcione bien para que posteriormente pueda ser replicado tanto por el Estado venezolano como por otras organizaciones sociales en todo el país.

En dos palabras, ¿cuál es la contribución que se espera realizar al país con este proyecto?

Son fundamentalmente dos aportes: en primer lugar, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para atender a las víctimas de violencia hacia la mujer, y en segundo lugar, contribuir con el cambio de actitudes y prácticas sociales, especialmente de los varones, en relación con este problema.

Es importante destacar que este proyecto se realizará bajo la modalidad de un Programa Conjunto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, específicamente UNIFEM, UNICEF y UNFPA. Decidimos hacerlo así no sólo porque este tema es prioridad para toda la organización, sino porque de esta forma se nos facilita la posibilidad de sumar apoyos para esta iniciativa, aprovechando la red de alianzas (sector público, privado, ONGs, medios de comunicación) con que cuentan las agencias, así como aprovechar las alianzas ya consolidadas a partir de la Campaña Cuenta 3. Esto permitirá dar mayor amplitud y alcance a los resultados del proyecto.

Con la participación técnica del Fondo España PNUD “Hacia un Desarrollo Integrado e Inclusivo en América Latina y el Caribe” se llevó a cabo en Buenos Aires, los días 28 y 29 de febrero de 2008, el Taller Internacional “Políticas Alternativas de seguridad ciudadana en América Latina”.

Organizado por dos instituciones líderes, como Nueva Sociedad y el Transnational Institute (TNI), el taller tuvo como meta reunir a expertos internacionales para debatir los conceptos más representativos y las mejores prácticas en lo que a seguridad ciudadana se refiere. El encuentro fue inaugurado por Bernardo Kliksberg, Director del Fondo España PNUD, quien expuso sobre “La seguridad ciudadana, ¿más mitos que realidades?”. Tras una presentación a cargo de Joachim Knoop (Fundación Friedrich Ebert), y Daniel Chávez (Director TNI), la disertación de Kliksberg versó sobre un enfoque integral de la seguridad ciudadana. Fue seguida por un debate moderado por Hugo Acero (sociólogo y ex coordinador de Seguridad Ciudadana y Convivencia en Bogotá).

La segunda mesa fue “La Seguridad ciudadana: ¿un bien público?”, en la que participaron Hugo Espinoza (sociólogo y experto en seguridad y defensa de Chile), Max Loria Ramírez (Asesor Principal de la Ministra de Justicia y Vice Presidenta de Costa Rica), y Paulo Jorge Ribeiro (profesor del Departamento de Sociología y Política de Puc-Río).

La tercera mesa, “Seguridad ciudadana: ¿responsabilidad de quién?”, tuvo como expositores a Marcelo Sain (especialista en seguridad ciudadana y actual interventor de la Policía Aeroportuaria Argentina), Andrés Antillano (criminólogo venezolano, integrante de la Comisión Nacional para la Reforma Policial de Venezuela), y Diana Rodríguez (investigadora del Centro de Estudios de Justicia, Derecho y Sociedad, Colombia).

En “Seguridad ciudadana: ¿mano dura o cabeza fría?”, se escucharon las presentaciones de Álvaro Cálix (Doctor en Ciencias Sociales, especialista en seguridad ciudadana y derechos humanos) y Daisy Tourné (Ministra de Seguridad del Uruguay). Por su parte, Damián Zaitch (Depto. Criminología de la Univ. de Erasmus, Holanda), Elisabeth Gerber (FES Chile), y Daniel Chávez, estuvieron a cargo del debate “Seguridad Ciudadana, ¿todos somos víctimas?”. El cierre, “Seguridad ciudadana: ¿qué hacer?”, estuvo moderado por José Natanson (Jefe de redacción de Nueva Sociedad). Finalmente, Kliksberg, Héctor Masquelet (Secretario de Seguridad de la Argentina) y Gastón Chillier (Director del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Argentina) compartieron el panel “Políticas de seguridad ciudadana en Argentina”, en la que brindaron no sólo un panorama sobre los problemas sino también alternativas a futuro.

DESCARGAR RESUMEN DE CONCLUSIONES DEL EVENTO

El control en la portación de uso de armas es un aspecto fundamental dentro de un enfoque integral que permita poner fin a la violencia en América Central. El Programa Centroamericano de Armas Pequeñas y Ligeras (Casac), es un plan líder en este sentido. Sus objetivos se enmarcan en la Declaración Conjunta de la XXIV reunión de Jefes de Estado y de los Gobiernos de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y apunta a fortalecer los mecanismos entre las instituciones para mejorar la seguridad humana a nivel nacional y regional, a favor de una Centroamérica más segura, desarrollándose en paz, libertad y democracia. Su Directora, Eva Sacasa, ex Inspectora General de la Policía de Nicaragua con una extensa experiencia en seguridad ciudadana y un marcado reconocimiento en la región, visitó las Oficinas del PNUD en Nueva York y fue entrevistada por el Boletín “Construyendo Inclusión y Gobernabilidad”.  

¿Cuáles son las principales metas que persigue el Programa y cómo está estructurado?

El Programa se aprobó en 2003 por la Comisión Regional de Seguridad de Centroamérica, y fue elevada a la Cumbre de Presidentes, que a su vez la aprobó el mismo año. Y comienza a operar en octubre de 2007, ya resueltas cuestiones importantes de carácter administrativo y presupuestario. El Programa nace como una iniciativa de los gobiernos de Centro América por la situación causada por las armas ligeras y pequeñas, tanto las que están siendo traficadas como aquellas que quedaron en manos de la población tras los años de conflicto. Centro América tiene como antecedente un Tratado marco de Seguridad Democrática, que se firmó en 1995 y estableció la subordinación de las instituciones policiales al poder civil. Y marcó la voluntad política de los gobiernos de la región de comenzar un tratamiento articulado de la seguridad democrática en la región.

“Donde hay armas hay más hechos de violencia, lesiones y muerte”

El Programa tiene cuatro objetivos: 1) Contribuir a fortalecer las legislaciones en Centro América y a armonizarlas con compromisos regionales e internacionales, incluido el Código de Conducta, firmado por los países de la región, que si bien no es vinculante representa un compromiso. Estamos actualmente apoyando a tres países en la revisión de sus leyes, que son Guatemala, Costa Rica y Panamá, pues sus regulaciones no estaban ajustadas a normativas internacionales. Hay varios instrumentos internacionales que vale destacar. Me refiero al Programa de Acción de las Naciones Unidas, la Conferencia Interamericana de la OEA, el Protocolo de Armas, y más recientemente una declaración que da un enfoque más integral, la Declaración de Ginebra –ratificada en la Declaración de Antigua- sobre violencia armada y desarrollo, que compromete a trabajar para reducir el impacto de armas pequeñas y ligeras en el desarrollo. 2)  Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos nacionales en aquellas instituciones vinculadas a los controles de armas, que en algunos casos son las policías nacionales y en otros países aún el ejército. 

También fortalecer organizaciones no gubernamentales que trabajan en la investigación y prevención. Vale comentar que hay un actor principal para el cumplimiento del Programa, que son las Comisiones Nacionales Multidisciplinarias, que en algunos países como Costa Rica ya están en pleno funcionamiento, y en otros países requieren de apoyo para su conformación. Estas Comisiones son fundamentales para lograr el enfoque integral, pues en ellas participan las áreas de seguridad junto a las sociales. 3) Contribuir a los procesos de recolección y destrucción de armas en manos de la Sociedad Civil, desde su planificación hasta su evaluación. Hay nueve procesos planificados para este año. En esta temática nos resulta fundamental compartir buenas prácticas, tanto de dentro como fuera de la región. 4) Promover una cultura de paz, desde los Estados, apoyando programas de prevención de violencia y promoviendo la articulación con organizaciones gubernamentales y de la Sociedad Civil.

“Hay que fortalecer organizaciones no gubernamentales que trabajan en la investigación y prevención”

PNUD firmó un Proyecto con el SICA para administrar este Programa. De tal manera, PNUD participó en el proceso de selección de los miembros de la Unidad Ejecutora Regional y apoya administrativamente en la sede, que es Managua. Además, en cada país hay tres actores principales para este Programa: en la Cancillería, hay un punto focal nacional, lo mismo que en la Policía; mientras, las oficinas de campo del PNUD brindan apoyo técnico a las oficinas para el desarrollo de las iniciativas nacionales. Es decir que no somos sólo los cuatro miembros de la Unidad Ejecutora sino también los tres puntos focales en siete países. Con ellos conformamos todo el equipo. Y está el Comité de Dirección del Programa, que es el encargado de la dirección estratégica del Programa, que lo integra el Secretario General del SICA, el Presidente Pro-tempore de la Comisión de Seguridad, la Directora del Programa y el PNUD, con representación de RBLAC, BCPR, PNUD Nicaragua y el SURF, en Panamá. Otro aspecto importante es que hemos encontrado otros socios: la Oficina de Desarme, la Oficina de Asuntos Políticos, UNIFEM, UNICEF y BCPR, que desde distintos ámbitos sugieren una muy válida y necesaria cooperación.

¿A qué factores responde el fenómeno de la portación de armas en nuestra región? ¿Es una mera respuesta a la inseguridad, son los residuos de las épocas de la violencia, o es también el síntoma de un aspecto cultural, ligado al machismo u otras formas de conducta?

Desde ya se trata de diversos factores que interactúan. Hay un trasfondo cultural, por supuesto. La cultura machista tiene mucho que ver en esto. En nuestras sociedades se ha transmitido de generación en generación que el hombre es la figura de la autoridad, quien manda,  si es necesario con violencia, con golpes físicos y el uso de armas. En el imaginario colectivo, el hombre que porta armas se siente más fuerte y los de su alrededor lo ven más fuerte. Además está el rol protector del hombre, que en países de historias violentas ha fomentado la portación de armas. Otro factor es, tal como usted dice, los conflictos. Desde esa época se arrastra la costumbre de vivir armado, y muchas de las armas en posesión de civiles vienen de allí. Finalmente, la inseguridad: para muchos ciudadanos en algunos de nuestros países es percibido como natural tener un arma para protegerse de la inseguridad que percibe cuando sale a la calle.

Aún cuando está probado que portar armas no protege de la violencia, sino que la promueve…

Exacto, donde hay armas hay más hechos de violencia, lesiones y muerte.

 ¿Cómo equilibra el Programa sus intervenciones de tenor penal-policial, con las medidas educativas o pedagógicas tendientes a crear una nueva cultura en esta temática?

Si nos dedicáramos únicamente al control de armas, y tuviéramos sólo la institución policial ejerciendo ese control, no estaríamos contribuyendo al desarrollo de las actuales y futuras generaciones en términos de paz y seguridad. El enfoque del Programa es integral: las causas de la violencia, las exclusiones, la cultura machista, la cantidad de armas que circulan libremente. Y el enfoque integral es la respuesta. En ese sentido, la existencia de las Comisiones Multidisciplinarias es lo que permite que ese enfoque integral se realice de manera articulada. Mientras la policía perfecciona sus sistemas de control de armas, es importante que la legislación incluya entre los requisitos para portar armas, por ejemplo, que el portador no haya sido procesado por violencia familiar.

“En el imaginario colectivo, el hombre que porta armas se siente más fuerte y los de su alrededor lo ven más fuerte”

En Canadá, para que un hombre pueda portar armas su esposa debe dar cuenta de que él no tiene comportamiento violento. Mientras la policía ejerce el control (compra y venta, portación, no ingreso armado a ciertos lugares, etc), el Ministerio de Educación debe aprovechar el espacio de la escuela y el colegio para enseñar sobre convivencia. En algunos casos tenemos consejeros escolares que ayudan a detectar cuando un niño o niña es víctima de violencia o abuso, lo cual contribuye mucho a los objetivos del Programa. Así como es relevante el trabajo en salud y la presencia fundamental de la familia, en términos de una educación no autoritaria. Hay buenos ejemplos de policías nacionales, como la de Nicaragua, que ha promovido la creación de comités de prevención social del delito en los barrios, en los que la gente identifica factores de inseguridad y violencia, y elabora planes para contrarrestarlo. Estos diagnósticos y propuestas son luego recogidos por la policía y la alcaldía.

¿Cuáles son, finalmente, los resultados esperados para el mediano plazo?

Confiamos en contar con las Comisiones Nacionales Multidisciplinarias conformadas, un Tratado Centroamericano en el tema de armas, campañas de prevención regionales ya funcionando, y una prensa más capacitada en este tema. Pero el objetivo final es la reducción notable de armas en la región y la puesta en marcha de políticas que prevengan la violencia. En esta instancia estamos trabajando más en el diagnóstico, el mapeo de las armas y la violencia, y las percepciones de inseguridad. Pero con esas otras grandes metas en la mira. Además buscamos articular este programa con otros proyectos y planes de seguridad ciudadana en la región, pues existen y están en algunos casos dando buenos resultados.