“Lo que nos interesa desde el PNUD es cooperar con los gobiernos para que hagan sus tareas mejor, para que exista libertad de prensa, instituciones fuertes, división de poderes; en definitiva, Estados de derecho fuertes, con instituciones sólidas”. 

EXTRACTOS DE ENTREVISTAS a Heraldo Muñoz, Subsecretario General de la ONU y Director del PNUD para América Latina y el Caribe, realizadas en Santiago de Chile por la agencia de noticias Efe el viernes 4 de junio de 2010 y por Gaspar Ramírez del diario El Mercurio el domingo 6 de junio de 2010.

COOPERACIÓN SUR-SUR

“Si bien todos los países de América Latina y el Caribe necesitan la Cooperación Internacional para seguir creciendo, algunos pueden al mismo tiempo prestar ayuda a las naciones que atraviesan mayores dificultades”.

“Hay países de ingresos medios que tienen la capacidad de no sólo ser receptores de cooperación, sino de otorgarla a los países más débiles”.

“Si bien es cierto que el desarrollo democrático es mejor que en otras regiones del mundo, hay un problema de calidad de la democracia”

“Naciones como Brasil, Chile, Argentina, México y Colombia tienen la posibilidad de cooperar solidariamente con sus vecinos, ya sea con la entrega de recursos económicos o con la ejecución de programas para el desarrollo. A modo de ejemplo, autoridades judiciales chilenas están ayudando a México en la reforma de su sistema penal, y Brasil y Cuba prestan una destacada ayuda al Gobierno de Haití después del terremoto que devastó el país caribeño”.

“Además del mecanismo de solidaridad regional, denominado cooperación sur-sur, entre mis prioridades están la gobernabilidad democrática y la lucha contra la pobreza y la desigualdad con la meta de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

“En América Latina hay un problema de calidad de la democracia que se manifiesta en la debilidad de las instituciones, la corrupción, la falta de transparencia y en la apatía de buena parte de la ciudadanía en torno al sistema democrático”.

“Muchos países de América Latina han hecho avances significativos en la reducción de la pobreza, pero la desigualdad se ha reducido mucho menos”.

“A pesar de los enormes avances de la democracia en la región, la simple celebración de elecciones no es un indicador fiable de la salud democrática y todos los países latinoamericanos tienen tareas por hacer, algunos más que otros”.

“Si bien es cierto que el desarrollo democrático es mejor que en otras regiones del mundo, hay un problema de calidad de la democracia, porque no basta tener elecciones periódicas, y que no haya golpes militares. Debemos tener una democracia que pueda responder a los ciudadanos”.

OBJETIVOS DEL MILENIO

“En el cumplimiento de los Objetivos del Milenio hay países de la región que han avanzado mucho y otros siguen enormemente atrasados, una razón más para fomentar la cooperación regional”.

“Muchos países de América Latina han hecho avances significativos en la reducción de la pobreza, pero la desigualdad se ha reducido mucho menos”.

“La Cumbre de septiembre con todos los países de Naciones Unidas para evaluar en qué situación se encuentra el cumplimiento de los objetivos a cinco años de la meta será un momento muy importante para hacer un alto en el camino y ver cómo ayudamos a los países más atrasados”.

“Hay varias experiencias exitosas de implementación de sistemas de salud basados en la atención primaria en las Américas. Algunas de las experiencias más consolidadas pueden encontrarse en países como Canadá, Costa Rica, Cuba y Chile”.

ES LA PRIMERA ARGENTINA y la primera mujer en ocupar esta posición en la historia de la agencia de salud pública más antigua del mundo, ya que el Bureau Panamericano de Sanidad precede a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Mirta Roses trabaja en la Organización Panamericana de la Salud-OMS desde 1982, previamente fue coordinadora de la Unidad de Epidemiología en el Centro de Epidemiología del Caribe en Trinidad y Tobago, representante de la OPS-OMS en República Dominicana y Bolivia, y Directora Asistente de la OPS.

En su reporte anual como Directora de la OPS, usted aboga fuertemente por los sistemas de atención primaria de salud, ¿podría describir el caso más exitoso de este tipo de sistemas de salud en las Américas?

Hay varias experiencias exitosas de implementación de sistemas de salud basados en la atención primaria en las Américas. Algunas de las experiencias más consolidadas pueden encontrarse en países como Canadá, Costa Rica, Cuba y Chile.

Sus sistemas de salud están basados en las necesidades de los individuos, las familias y las comunidades. Están todos construidos sobre fuertes niveles de atención primaria, proveyendo un cuidado comprensivo que está bien integrado a los niveles de atención especializadas. Ellos enfatizan la promoción y prevención, e impulsan las acciones intersectoriales, incluyendo al sector privado, para abordar los determinantes de la salud. Estimulan también la participación social y la rendición de cuentas de los resultados.

Asimismo, tienen buenos sistemas de información para ayudar a la toma de decisiones y la evaluación de los servicios, así como un fuerte involucramiento gubernamental tanto en el financiamiento como en el control del sistema de salud. Tienen también buenas políticas para garantizar la calidad del cuidado y la disponibilidad de trabajadores de la salud capacitados en todo el sistema.

Otros países de las Américas también están avanzando hacia la implementación de sistemas de salud basados en la atención primaria, como Brasil, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Paraguay y Ecuador, entre otros.

Usted lidera la lucha contra la desigualdad en el acceso a la salud; en su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos en esta lucha y algunas de las soluciones más innovadoras surgidas hasta el momento?

La profunda disparidad de ingresos y los altos niveles de pobreza son problemas crónicos de América Latina y el Caribe. La falta de acceso a servicios básicos de salud afecta a 125 millones de personas, aproximadamente 230 millones de personas no tienen cobertura de salud, y el 17 por ciento de los nacimientos no es atendido por personal de salud calificado.

Por eso, la visión estratégica de la Organización para 2008-2012 identifica la desigualdad en el acceso a tiempo y a servicios y bienes de salud de calidad como un aspecto necesario, y como medida esencial para reducir las inaceptables brechas que obstaculizan el crecimiento sustentable y el desarrollo en la región.

Es fundamental que esas desigualdades se hagan visibles si queremos corregirlas. La falta de información y de calidad de la información para producir evidencia necesaria sobre las barreras financieras y geográficas al acceso de los grupos menos favorecidos, las competencias interculturales de los trabajadores de la salud, las prácticas institucionales, las necesidades de salud de la población, las disparidades del gasto en salud entre ricos y pobres, entre otras, continúan siendo un problema en varios países, generalmente los más pobres.

Mientras los indicadores de salud nacionales –como la mortalidad materna y la infantil– pueden darnos una idea, sigue faltando la información desagregada que ayuda a comprender la situación real dentro de cada país y a tomar acciones.

Existen soluciones innovadoras en países como Brasil y Chile, que apuntan a combatir las desigualdades en el sistema de salud. En 1996 Brasil implementó el Programa de Salud Familiar, para proveer servicios de atención primaria en salud a nivel de las comunidades, como un esfuerzo para mejorar el acceso de las poblaciones más pobres. Los servicios son provistos por un equipo de atención primaria, llegando primero a las áreas más pobres y priorizando aquellas que nunca habían recibido servicios de salud.

El programa de protección social “Chile Solidario”, implementado desde 2002, es un buen ejemplo de una estrategia que apunta a los determinantes sociales de la salud. Provee de acceso preferencial a los servicios de salud, educación y justicia a los hogares más pobres para mejorar sus condiciones de vida, promover su inclusión social y eliminar la indigencia. Colombia, México, Bolivia y Argentina están también entre los países que han creado programas sociales y de salud innovadores para expandir la cobertura de los pobres y protegerlos de las crisis económicas.

Una de las iniciativas de la OPS ha sido la Semana de la Vacunación en las Américas. ¿Podría describirnos el impacto de esta iniciativa, sus logros y desafíos?

Hasta 2009, más de 288 millones de personas habían sido vacunas como resultado de la Semana de la Vacunación en las Américas (SVA). Llevada a cabo anualmente, esta iniciativa aboga por la igualdad y el acceso a la vacunación, así como promueve el panamericanismo. El objetivo general es fortalecer los Programas Ampliados de Inmunización de la Región, a través de la vacunación de poblaciones que de otra forma tendrían acceso limitado a servicios regulares de salud y que al mismo tiempo tienen un alto riesgo de contraer enfermedades prevenibles con inmunización, como aquellas poblaciones viviendo en fronteras y áreas rurales, periferias urbanas, comunidades indígenas, y en municipalidades con baja cobertura de vacunación.

Desde 2003, la SVA ha crecido hasta convertirse en el mayor esfuerzo multipaís de salud, con la participación de todos los países y territorios de la región. La participación de los países en la SVA es flexible y sus objetivos y actividades son específicos de cada sistema nacional de salud, desde campañas de vacunación a gran escala durante la SVA hasta iniciativas comunitarias y campañas de promoción. La amplia cobertura mediática de esta iniciativa ha sido esencial para destacar la importancia de la inmunización al público en general.

Algunas de las oportunidades generadas por la campaña de inmunización de la SVA están integradas a otras intervenciones preventivas y de educación (por ejemplo, la administración de vitamina A, la medicación antiparasitaria, los exámenes de vista, los chequeos dentales y varios exámenes médicos). La SVA ha obtenido una creciente visibilidad política; presidentes, ministros de salud, celebridades y líderes de agencias internacionales han asistido a los eventos de lanzamiento de la SVA.

La SVA ha también servido como modelos para otras regiones de la OMS. Comenzando en 2005, la región europea lanzó su propia Semana de Inmunización, y en 2010, la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS se unió a este esfuerzo con la primera Semana de Vacunación.

Los desafíos más importantes incluyen el mantener a la SVA en la agenda política de los líderes de las Américas, así como expandir la iniciativa a otras regiones de la OMS, con el objetivo último de alcanzar la Semana de la Vacunación Global en el futuro cercano.

¿Cómo ha influido su experiencia como epidemióloga su carrera como directora de una organización de salud pública?

En la escuela primaria fui voluntaria de la Cruz Roja, en secundaria seguí estudios como maestra, y luego en la Escuela de Medicina fui voluntaria como vacunadora casa a casa y tuve una excelente capacitación en Medicina Clínica.

Todas esas experiencias y habilidades fueron reforzadas con la capacitación en salud pública y epidemiología. Los métodos analíticos, el valor de la buena información a la hora de tomar decisiones, la concientización sobre la interacción entre agente, huésped y ambiente y la multicausalidad de las enfermedades, la necesidad de ser un buen escucha y observador antes de llegar a una conclusión rápida, y la paciencia para definir una buena estrategia para hacer frente a los problemas basados en tendencias y en mantenerse abierto a la innovación.

Esas son solo algunas de las competencias que me ayudan a dirigir la OPS. Pero sobre todo, principios éticos y morales sólidos que he aprendido de mis maestros y antepasados.

¿Qué consejo le daría a estudiantes universitario que buscan “Salud para Todos”?

“Salud para Todos” es un llamado a la igualdad, inclusión y solidaridad, los valores que están más altos en las prioridades de la juventud. La creciente concientización de un mundo interconectado e interdependiente hace a este llamado todavía más inexorable.

La salud es una poderosa herramienta para hacer a este mundo más seguro y duradero para todos. El bienestar de la gente y su salud deben ser nuestras prioridades. ¿Cómo podemos ignorar y condonar exclusiones que privan a la gente de alcanzar mejores niveles de salud?

Para aquellos que están realmente comprometidos, es un imperativo moral contribuir a hacer más visibles las desigualdades en el acceso a los servicios de salud, desarrollando soluciones basadas en la evidencia y abogando por la adopción de políticas públicas para implementar esas soluciones.

Para lograr salud para todos necesitamos incluir a la salud en todas las políticas. Cualquier campo de batalla profesional es bueno para pelear por la salud para todos si realmente tenemos interés en las personas.

¿Qué aspectos del trabajo de cooperación en Haití está supervisando la OPS y qué desafío enfrenta la organización para llevarlo a cabo?

Nuestra tarea principal es apoyar al Ministerio de Salud a recuperar su liderazgo y su responsabilidad de coordinación general, ya que el daño masivo de la mayoría de los edificios gubernamentales, incluyendo el colapso del edificio central del Ministerio de Salud, redujo la capacidad institucional y administrativa de Haití.

La OPS está ayudando como líder de las actividades del Clúster de Salud en Haití y República Dominicana, lo que implica coordinar las tareas con más de 390 agencias internacionales, instituciones y equipos de trabajo, para así asegurar una mejor respuesta del sector como un todo. Esto incluye:

• Evaluación inicial, monitoreo y manejo de la información
• Control de brotes y vigilancia de enfermedades
• Provisión de agua y salud medioambiental
• Reactivación de los servicios básicos de salud
• Asegurar el tratamiento y la rehabilitación de la gente herida
• Asegurar la disponibilidad de drogas y artículos médicos

La OPS está movilizando su experticia multidisciplinaria, comprando medicinas, suministros médicos y equipamiento, implementado un sistema de administración del suministro en puntos de entrada y distribución, y apoyando el Programa de Medicinas Esenciales y Abastecimiento (PROMESS, por sus siglas en inglés).

PROMESS es esencial para asegurar que la gente con mayores necesidades reciba las medicinas necesarias, y luego del terremoto se convirtió en la casi única fuente de drogas y suministros médicos en el país.

La OPS está apoyando un sistema de detección temprana de brotes, programas de actividades cruciales para los servicios de salud, de cuidado de madres y niños, de vigilancia de enfermedades, de salud mental, de provisión de agua, de vacunación, de VIH/SIDA y de tuberculosis, entre otras. La OPS también está apoyando la implementación de una Evaluación de las Necesidades Post-Terremoto en el sector de la salud, como un paso importante hacia la recuperación y reconstrucción temprana.

Los desafíos son enormes dada la magnitud de la catástrofe que enfrentó Haití, incluyendo la proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, y las limitaciones logísticas, de telecomunicaciones, de seguridad y de lenguaje.

Pero yo creo que debemos concentrarnos en los dos aspectos más relevantes: asegurar que ayudemos a Haití a tener un sistema de salud más funcional, fuerte e igualitario, y realizar nuestro mayor esfuerzo para recordarle a la comunidad internacional que Haití va a necesitar un programa de apoyo ambicioso y sustentable en el tiempo para lograr satisfacer las necesidades más básicas de su población.

El actual número de nuestra publicación está dedicado a las enfermedades crónicas, tales como las enfermedades mentales. Haití, luego de experimentar una devastación de tal magnitud, sin dudas va a experimentar una ola de enfermedades mentales que va a lesionar su desarrollo por generaciones si no se toman acciones correctas durante la recuperación. ¿Qué tipo de iniciativas está llevando adelante la OPS para asegurar que Haití tenga tratamientos para enfermedades mentales que sean sustentables y eficientes?

Las emergencias crearon un amplio rango de problemas psicológicos a nivel individual, familiar y comunitario. Las situaciones de desastre dañan el apoyo social e incrementan el riesgo de desordenes y amplifican las condiciones preexistentes.

El apoyo social es esencial para proteger la salud mental en situaciones de desastre. El apoyo debería ser organizado a través de múltiples sectores, por ejemplo: salud, educación, seguridad alimentaria y nutrición, protección social, refugio, y sanidad. Los grupos afectados tienen activos que apoyan el bienestar psicosocial; un error común es ignorar esos recursos y factores protectores y focalizar sólo en los déficits (debilidad, sufrimiento y patología).

Desde los primeros momentos de la emergencia, la OPS ha ayudado a construir capacidades, apoya la autoayuda y fortalece los recursos existentes, promoviendo la participación de la población local en la respuesta.

Los programas y actividades han sido integrados tanto como fue posible. La proliferación de servicios focalizados, como aquellos que tratan solamente la violencia de los supervivientes o aquellas personas con diagnósticos específicos pueden crear un sistema de cuidado yapoyo altamente fragmentado.

Las actividades integradas en sistemas más amplios (por ejemplo, mecanismos de apoyo a las comunidades existentes, sistemas escolares, servicios generales de salud, servicios sociales, etc.) tienden a alcanzar más gente, son a menudo más sostenibles, y tienden a conllevar un menor estigma.

Los trabajadores de la salud son incluidos para proteger y ayudarles a tratar con las experiencias traumáticas y las experiencias extenuantes al tiempo que les proveen de ayuda.

La OPS ha estado trabajando con otras agencias del sistema de Naciones Unidas y con algunas ONG para coordinar las acciones en el terreno de la ayuda en salud mental y psicosocial, así como también ofrecer asesoramiento técnico al plan desarrollado por el Ministerio de Salud de Haití para fortalecer su capacidad de respuesta en salud mental.

El principal objetivo es asegurar que el sector de la salud de Haití pueda tratar a la gente con desórdenes mentales de una forma sostenible desde el punto de vista de los costos. Así, el fortalecimiento y la descentralización de los servicios de salud mental son prioritarias en el plan.

El propósito es desarrollar un modelo ambulatorio y comunitario que sea capaz de proveer acceso a cuidados a la gente con desórdenes mentales. Introduciendo el componente de la salud mental en el cuidado de salud primario, consideraciones sociales y psicológicas son incluidas cuando se ofrece ayuda de salud.

Usted abrió recientemente una cuenta en Twitter. ¿Podría explicarnos los motivos y cómo espera usar esa herramienta?

Nuestra era está caracterizada por una profundización de las redes sociales. Eso tiene mucho que ver con la comunidad de la salud pública, desde el momento en que la salud pública es en esencia una red social que pone a millones de individuos a crear bienes públicos, una red de protección social que cubre a cada uno (piense en la protección que se crea no solo para usted, sino para los demás del simple acto de recibir una vacuna).

Estamos en Twitter precisamente porque en salud pública es un deber mantenerse actualizado con todos los desarrollos relacionados al intercambio masivo de información y conocimiento. Hay una necesidad de maximizar todo lo posible todas las herramientas tecnológicas para mantener el contacto con las audiencias.

Vivimos en un mundo donde los usuarios interactúan y eso le agrega valor a la los contenidos en salud pública, y por esa razón utilizamos Twitter y otras redes sociales.

Entrevista originalmente publicada en el Harvard College Global  Health Review (volumen 1, numero 3, primavera de 2010).

Olav Kjorven cree que los pobres de América Latina en zonas rurales y aquellos sin acceso al sistema de salud serán los principales perjudicados por el cambio climático.

OLAV KJORVEN ES experto en cambio climático y Administrador Asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido Secretario de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Noruega, donde fue responsable de definir las políticas e implementación de la Cooperación de Noruega. Tiene un Master en Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington.

Esta es la síntesis del diálogo que mantuvo con el Fondo España-PNUD:

¿Cuál es el vínculo que existe entre cambio climático y pobreza en América Latina?

“La adaptación al cambio climático debe considerarse como sinónimo del desarrollo sustentable”

Hay un vínculo directo entre cambio climático y pobreza en Latinoamérica. Más, y más fuertes, huracanes en el Caribe causarán daños importantes a los bienes y vidas de los pobres, dado que ellos viven en situaciones de mayor vulnerabilidad y precariedad (laderas, zonas bajas, etc.). Asimismo, habrá cambios en las zonas agrícolas que impactarán fuerte en los campesinos pobres, cuyos ecosistemas agrícolas no pueden adaptarse a los cambios de temperaturas e hidrografía.

El cambio climático también causará la expansión del mosquito del dengue y de la malaria, y también lo sufrirán los pobres, que tienen insuficiente acceso a los servicios de salud en zonas rurales o urbanas.

Además, los pobres que dependen de los bienes y servicios del ecosistema se verán afectados desde el punto de vista económico, debido a las modificaciones ecológicas que conlleva el cambio climático.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Desde su perspectiva, ¿cuál es la estrategia más apropiada para enfrentar los desafíos del cambio climático en América Latina?

La estrategia primordial debe ser una de adaptación al cambio climático. La adaptación debe considerarse como sinónimo del desarrollo sustentable: se necesitan inversiones fuertes en infraestructura, en capacitación y servicios a agricultores, en sistemas de alerta temprana para enfrentar los huracanes y otros acontecimientos climáticos extremos. Además, es necesario invertir en el desarrollo y maximización de la resistencia de los ecosistemas, ya que las sociedades y economías de la región dependen de sus bienes y servicios.

“Es importante en América Latina respetar a todos los puntos de vista en relación a los mecanismos de financiación de la mitigación del cambio climático”

Los gobiernos necesitan formular estrategias para un desarrollo que se adapte al cambio climático a tanto a nivel nacional como sub-nacional (municipal, departamental, provincial, etc.).

Para acceder al financiamiento de los fondos de adaptación, es indispensable que los gobiernos y la sociedad civil reciban la capacitación necesaria y el apoyo de los organismos internacionales.

Un segunda parte de la estrategia sería la de aprovechar los recursos que van a estar disponibles para la mitigación del cambio climático en los próximos 20 o 30 años. Estos recursos se deben de canalizar al desarrollo sustentable tanto de los sectores energéticos e industriales, como de los selváticos y agrícolas.

CAPACITACIÓN DE LAS AGENCIAS INTERNACIONALES

Las inversiones en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero serán indispensables para el desarrollo o conversión de economías a base de carbón. Los países de la región necesitan formular e implementar estrategias de desarrollo que tengan un bajo uso de carbón, pero que al mismo tiempo los posicione para ser competitivos en la economía global.

“Los países latinoamericanos están dispuestos a tomar cierto liderazgo en las negociaciones”

De igual manera, para acceder a los fondos de inversión que estarán disponibles, los países necesitarán capacitación y apoyo de organismos internacionales y multilaterales.

Es importante en América Latina respetar a todos los puntos de vista en relación a los mecanismos de financiación. Hay una divergencia de perspectiva entre los países del ALBA y los demás sobre el uso de los mecanismos de mercado. Sería importante trabajar con todos los países por igual para que entiendan los mecanismos (de mercado y otros) y el potencial para financiar sus necesidades de desarrollo sustentable.

DIVERGENCIAS EN LAS SOLUCIONES

A fines de 2010, México será sede de la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático, ¿qué rol considera Usted debería jugar América Latina en esta Cumbre?

En la 17ª Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, celebrada en Panamá del 26 al 30 de abril de 2010, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México declaró que la 16ª Conferencia de las Partes del CMNUCC en Cancún sería “un evento latinoamericano”. Los países de la región están sumamente interesados en mostrar su interés y compromiso en encontrar soluciones reales y consensuadas a las diferencias de posición en las negociaciones.

Los países de la región están dispuestos a tomar cierto liderazgo en las negociaciones. Sin embargo, hay una creciente divergencia sobre las posibles soluciones al financiamiento de la mitigación del cambio climático, con los gobiernos de los países del ALBA mostrándose en oposición a los mecanismos del mercado. En este sentido, reciben el apoyo de una fuerte red de movimientos sociales, como se vio recientemente en Cochabamba.

México está organizando el evento para evitar los problemas que se vieron en Copenhague. Este país abrirá espacios de diálogo y negociación para los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, en búsqueda de unas negociaciones constructivas y eficientes.

El rol que debe jugar América Latina en la Cumbre debe ser el de facilitar la claridad y cordialidad en el diálogo, al tiempo que debe mantener presentes las necesidades básicas de un desarrollo sustentable y equitativo para todo el planeta durante la discusión.

Nueve millones de pobres, de los cuales cinco viven en la indigencia. Tasas de desempleo exacerbadas y una mayor marginación de mujeres y otros grupos vulnerables.

En América Latina y el Caribe, ese fue el saldo en 2009 de la crisis económica mundial – la mayor en 80 años.

Las iniciativas adoptadas por diversos países evitaron que las consecuencias fueran aún peores, dice Bernardo Kliksberg, asesor principal de la dirección de esa región del Programa de la ONU para el Desarrollo.

Agregó que, para impulsar el crecimiento, también se deben tomar medidas para contrarrestar la desigualdad y combatir la corrupción.

Patrus Ananias dice que su pais, Brasil, no ha alcanzado la categoria de “país de los sueños”, porque “enfrentamos la carga de una deuda social acumulada, pero estamos logrando superar la pobreza, la desigualdad, el hambre y la desnutrición con éxito”.ANANIAS CREE QUE si es posible  “conciliar crecimiento economico y desarrollo social en Brasil, es posible repetirlo en otras partes del mundo”, explica.

“Brasil tuvo un comportamiento ejemplar durante la crisis económica, lo cual fue reconocido por analistas internacionales”

Patrus Ananias es, desde 2004, el Ministro de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre de Brasil. Esta es la síntesis del diálogo que mantuvo con el Boletín del Fondo Fiduciario España-PNUD:

¿Cuáles han sido, a grandes rasgos, los efectos sociales de la crisis económica internacional en Brasil? ¿Cómo cree que las políticas sociales ayudaron a amortiguar ese impacto?

Brasil tuvo un comportamiento ejemplar durante la crisis económica, lo cual fue reconocido por analistas internacionales. Hemos sido uno de los últimos países en ser afectados por la crisis y nos encontramos entre los primeros que están consiguiendo superar y retomar el proceso de crecimiento. Esto se debió a cuestiones macroeconómicas y también a las acertadas decisiones tomadas internamente, lo cual aseguró la economía y también mantuvo el rendimiento de los avances social en Brasil. Logramos mantener el ritmo de reducción de la desigualdad a pesar de los efectos de la crisis. La evidencia de este comportamiento está expresada en un estudio realizado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) sobre la base de datos de la Encuesta Mensual de Empleo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), realizado en las seis principales regiones metropolitanas brasileñas. El estudio encontró que en estas regiones el índice Gini llegó a su nivel más bajo (0,493 puntos) desde marzo de 2002, cuando el índice comenzó a ser registrado por el IPEA.

“El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue categórico en decir que los pobres no tendrían que pagar la factura. Él cumplió estrictamente con su compromiso”

Este es un hecho sin precedentes en Brasil, ya que en anteriores períodos de crisis –1982/1983, 1989/1990 y 1998/1999– aumentó la pobreza en las regiones metropolitanas. Ahora, en cambio, no se registra un crecimiento en la tasa de pobreza desde el último trimestre de 2008. La reducción de la desigualdad puede haber sido ocasiada, en parte, por la pérdida de valor real de los ingresos más altos. Sin embargo, no podemos ignorar el impacto de las acciones gubernamentales enfocadas a proteger los ingresos totales de la base de la pirámide en las áreas metropolitanas, con el aumento del salario mínimo y las políticas de transferencia de ingresos de la seguridad social y asistenciales. Luego de las primeras noticias sobre el agravamiento de la crisis internacional, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue categórico en decir que los pobres no tendrían que pagar la factura. Él cumplió estrictamente con su compromiso.

LA FUERZA DE BOLSA FAMILIA

¿Qué nuevas respuestas se implementaron desde el Ministerio de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre para enfrentar la crisis económica internacional?

Entre las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Lula para hacer frente a la crisis económica mundial, está el fortalecimiento de las políticas sociales, especialmente aquellas que tienen un impacto directo en la protección del poder adquisitivo de los pobres, tales como el Programa Bolsa Familia, que es nuestro principal programa y se articula con otras áreas de la asistencia social y la seguridad alimentaria. No hubo recortes en los programas coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre. Por el contrario, tuvimos mayor asignación de recursos. En relación a Bolsa Familia, que tuvo la contribución más significativa, el Gobierno promovió un ajuste de 9,67% sobre el valor de las prestaciones para mantener el poder adquisitivo de los más pobres y también aumentó de 120 a 140 reales el límite del ingreso mínimo para incorporarse al programa. Esta medida representó el ingreso de 1,3 millones más de familias al programa, totalizando actualmente más de 12 millones de familias atendidas. El reajuste en el valor del programa fue muy importante porque incorporó la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) entre julio de 2008 y junio de 2009 más un 4% de ganancia real, para consolidar la estrategia de reducción de las desigualdades individuales y regionales.

¿Cómo impactó la crisis en los programas sociales ya establecidos anteriormente a la crisis?

“Además de ciudadanos, las políticas sociales también promueven consumidores”

Todos los programas sociales existentes antes de la crisis económica se han mantenido y reforzado, como he dicho anteriormente. La crisis no tubo un impacto negativo en ellos. El Presidente Lula, en su compromiso con los más pobres, firmado desde su primer mandato, es consciente del papel de las políticas públicas en la promoción de un desarrollo integral e integrado. Todos en su equipo comparten esa idea, inclusive en su equipo económico. En ningún momento durante la crisis fueron considerando recortes en el área social, especialmente en los programas diseñados para combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad.

CIUDADANOS Y CONSUMIDORES

Usted viene liderando las políticas sociales de su país, desde hace varios años, y ha implementando numerosos programas de gran impacto. ¿Qué lecciones principales saca de su experiencia que podrían ser útiles para otros países?

Creo que la principal lección que puede aprenderse de la experiencia que estamos desarrollando en Brasil –y de la evaluación de sus impactos en la realidad nacional– es la comprensión de que es perfectamente posible conciliar el crecimiento económico con el desarrollo social. En Brasil estamos consiguiendo demostrar que estas dos acciones son complementarias, no incompatibles. Esta es la principal lección que podemos llevar a otros países. Las políticas sociales tienen una dimensión ética innegable de la defensa de la vida y eso, de por sí, ya las justifica. Es deber del Estado garantizar la vida de sus ciudadanos, estar presente en toda la sociedad, especialmente donde la vida esté más amenazada. Pero las políticas sociales también tienen un efecto práctico que se demuestra en la práctica: además de ciudadanos, las políticas sociales también promueven consumidores. Así, ellas dinamizan las economías locales, son importantes para promover el desarrollo regional, estimular un desarrollo económico más sostenible, más democrático, con justicia social.

Usted es una de las personas con más experiencia en política social en el continente y cree que la pobreza es derrotable. ¿Por qué piensa eso?

“Estamos teniendo éxito en cambiar la vida de miles de brasileños pobres, presentándoles sus derechos y deberes como ciudadanos”

Agradezco, sinceramente, los comentarios halagadores sobre mi experiencia. Un reconocimiento de este nivel nos conmueve, pero también aumenta nuestra responsabilidad. Pero esa experiencia y dedicación a las causas sociales tienen gran parte de mi historia política, construida en las luchas colectivas, junto con los movimientos sociales. De ahí creo que viene mi creencia de que es posible derrotar la pobreza, el hambre y la desnutrición. El desafío de promover un gobierno que priorice la inversión, y por lo tanto, con gran énfasis en las cuestiones sociales, más que una promesa es un desafío ético, moral y político que se impone a nuestra generación.

EL ALMA DE LA POBREZA ES LA DESIGUALDAD

De mi formación política, que se origina en la mejor tradición cristiana, obtengo también una profunda fe en la humanidad. Creo en la construcción del bien común que sea compartido por todos, una dimensión que valore la fraternidad y la igualdad entre los hombres, respetando la singularidad de cada uno. Pero los sueños no se sostienen solos en la abstracción del deseo, por lo que también creo en la posibilidad de crear las condiciones para que esos objetivos se materialicen. En este punto, destaco: la experiencia brasileña me ha permitido soñar aún más alto. Estamos teniendo éxito en cambiar la vida de miles de brasileños pobres, presentándoles sus derechos y deberes como ciudadanos.

“… El alma del hambre es política… Así, el alma de la pobreza, es la desigualdad”.

Todavía no hemos alcanzado el país de nuestros sueños, porque nuestro camino es grande y nos enfrentamos a la carga de una deuda social acumulada, pero estamos logrando superar la pobreza, la desigualdad, el hambre y la desnutrición en el Brasil. Y si estamos alcanzando este objetivo en Brasil, podemos repetir esto en otras partes del mundo. Herbert de Souza, Betinho, dijo que “el alma del hambre es política”. Así, el alma de la pobreza, es la desigualdad.

Estamos confirmando eso en Brasil, demostrando que, con voluntad política y una orientación adecuada, podemos superar nuestras dificultades y construir un mundo mejor. Así podemos continuar con nuestros sueños.

Alicia Kirchner dice que una cosa es ver a una persona pobre simplemente como “beneficiario de un plan”, y otra muy distinta es considerarla como “titular de un derecho”.

“Nuestra ética del compromiso pretende que se restablezcan las posibilidades reales de ejercer plenamente los derechos que le corresponden como ciudadanos a amplios sectores de la población argentina”, afirma Alicia Kirchner en esta entrevista exclusiva. Esta es la síntesis del diálogo que mantuvo con el Boletín del Fondo Fiduciario España-PNUD.

¿Cuáles han sido, a grandes rasgos, los efectos sociales de la crisis económica internacional en Argentina? ¿Cómo cree que las políticas sociales ayudaron a amortiguar ese impacto?

En Argentina, en 2001, estalló una crisis político-institucional y económica, producto de las políticas neoliberales que se estaban llevando a cabo en el país, y que dejaban excluidos a grandes sectores de la población. Para solventar y superar esa profunda crisis, el entonces Presidente, Néstor Kirchner, basó su gestión, a partir de 2003, en el fortalecimiento de tres ejes, que fueron luego y siguen siendo, profundizados por la actual Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y que han sido, no casualmente, los tres ejes que ayudaron a que Argentina pudiera enfrentar de pie la crisis económica internacional.

“La crisis nos tomó lo suficientemente bien parados como para no tener que caer en los despidos o en ninguna medida drástica de recorte, sino todo lo contrario”

El primero fue la recuperación de la independencia económica que Néstor Kirchner logró a través de la decisión de sostener un dólar alto, que, por un lado, le permitió la reactivación económica, y que, a la vez, le permitió al país ir haciéndose de un activo interesante, es decir, de un capital, que le dio fortaleza para ir sorteando algunas vaivenes del mercado.

BIEN PARADOS ANTE LA CRISIS

El segundo eje estuvo basado en el camino hacia la recuperación de la soberanía económica y política, algo que se logró con el pago al Fondo Monetario Internacional. Esto por un lado, le brindó soberanía a Argentina en cuanto a la toma de decisiones económicas y por el otro lado, soberanía con respecto a la toma de decisiones políticas y de toda índole, pero sobre todo dio una visión distinta de una Argentina puesta de pie. El tercer eje, y el más importante tal vez, fue la decisión de profundizar la justicia social, a través del incremento de salarios, la convocatoria a paritarias, la jubilación de millones de personas que esperaban ser jubiladas, el otorgamiento de pensiones por cuestiones de derecho, y no por altas o por bajas. Con esto se logró una redistribución de dinero de los ricos a los pobres, que fue de alrededor de 13 millones de pesos (unos 3.5 millones de dólares), y se mantuvo el valor adquisitivo real del salario, a través de aumentos que sostuvieran a ese poder adquisitivo por encima de los valores inflacionarios, que en otros tiempos, hubieran asustado tanto a los argentinos.

Es en este nuevo marco de país, ya con estas políticas implementadas, y luego profundizadas por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sobrevino la crisis mundial, producto de una estafa internacional, que según los analistas más serios, ha sido comparable a la crisis de los años 30, con pérdida de trabajo en muchos países del mundo, con el consecuente aumento del índice de desempleo en Europa y en Estados Unidos.

Pero que esta vez, gracias a la continuidad de las políticas inclusivas iniciadas por el ex Presidente  Néstor Kirchner, y profundizadas en la gestión de la Presidenta Kirchner, la crisis nos tomó, si bien por sorpresa, lo suficientemente bien parados como para no tener que caer en los despidos o en ninguna medida drástica de recorte, sino todo lo contrario, en la profundización de las medidas de empleo, y en el aumento de salario de bolsillo para la reactivación económica.

“Buscamos romper con el modelo político de economía de mercado que asignaba los recursos sociales a partir de una visión economicista de la sociedad”

Ya la Argentina había apostado a un nuevo modelo de país, más inclusivo, basado en la industrialización, la producción, el valor agregado, y generador de trabajo, en el convencimiento de que ésa es la mejor herramienta para combatir la pobreza. Los resultados de esa decisión política fueron no sólo los cuatro años de crecimiento económico sostenido y a niveles récord; no sólo la creación de millones de puestos de trabajo; no sólo el descenso de la desocupación, de la pobreza y de la indigencia, entre muchos otros, sino que le permitió a Argentina –aún en el contexto de la crisis económica mundial– seguir de pie, sin despidos, sin recortes y sin recesión.

¿Qué nuevas respuestas se implementaron desde el Ministerio de Desarrollo Social para enfrentar la crisis económica internacional?

Entre otras medidas que este Ministerio de Desarrollo Social tomó, se trabajó en políticas concretas, a través de planes concretos que no solamente “paliaran” la situación de la gente otrora empobrecida y olvidada, sino que le diera un nuevo marco de inclusión a través de nuevos programas implementados para apoyar proyectos autosustentables en el tiempo, por ejemplo a través de los Microcréditos; la Asignación Universal por hijo para la protección social de los menores de 18 años; el Programa Argentina trabaja, en el que se está recuperando miles de puestos para los trabajadores en Cooperativas, para así entre todos llegar al logro de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo social y de crecimiento a través de un abordaje integral de las problemáticas sociales. De esta manera, buscamos romper con el modelo político de economía de mercado que asignaba los recursos sociales a partir de una visión economicista de la sociedad.

EL EMPLEO COMO TEMA CENTRAL

¿Cómo impactó la crisis en los programas sociales ya establecidos anteriormente a la crisis?

Desde el año 2003, el gobierno nacional ya había abandonado el paradigma neoliberal que, con distintos matices, había imperado en Argentina desde 1976, y cuya característica distintiva en lo económico había sido privilegiar el desarrollo del capitalismo financiero, por sobre el desarrollo del capitalismo productivo.

Es por ello, que la crisis mundial no impactó, como hubiera podido hacerlo, de no haber sido establecido este cambio de modelo de país ya desde 2003. Es decir, la crisis mundial no implicó modificaciones de las políticas sociales, ya que desde el proyecto nacional, se buscó desde 2003 la generación de empleo y calidad del empleo, es decir “decente”, en el marco de ese nuevo proyecto de país ya iniciado, que afirmó el desarrollo productivo en los territorios y la centralidad del trabajo humano como elemento cohesionante de la familia y de la sociedad, como dignificador de la persona humana, desde una visión integral. Si la cuestión social se resuelve en la ecuación trabajo-capital, las políticas sociales han de intervenir de forma dinámica en la relación, siendo el empleo, como forma de trabajo, tema vinculante por excelencia de las políticas sociales.

Usted viene liderando las políticas sociales de su país, desde hace varios años, y ha implementando numerosos programas de gran impacto. ¿Qué lecciones principales saca de su experiencia que podrían ser útiles para otros países?

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se considera fundamental trabajar desde dos perspectivas. En primer lugar, lo integral que supone la articulación y sinergia de los recursos y administración de los diferentes sectores estatales, así como, la activa interacción de los diversos actores involucrados en su realización; y, en segundo lugar, lo territorial desde una visión que supera lo meramente geográfico del espacio y reconoce las múltiples dimensiones sociales, culturales, económicas, históricas, políticas de las agrupaciones humanas y sus entornos.

“Creemos que la pobreza es derrotable”

También es primordial trabajar sobre tres ejes centrales. El primero es el de considerar el trabajo como cultura: no sólo como instrumento de producción objetiva sino también y fundamentalmente, de construcción inter-subjetiva. La formación y plena realización de los seres humanos, se entreteje en los vínculos que el trabajo organiza y articula, construyendo pertenencia real y simbólica, y generando identidades. El trabajo es un proceso que no puede ser separado de otros procesos como la producción y distribución de bienes y servicios. El segundo eje está relacionado con la organización social como herramienta de construcción de valores y desarrollo de alternativas para el desarrollo social y humano. Como espacio de encuentro, producción y efectivización de los valores colectivos. El tercer eje es la persona como sujeto de derecho, protagonista en la identificación de sus problemáticas y en la construcción de las políticas sociales, en el ejercicio activo de su ciudadanía.

LA PRESENCIA ACTIVA DEL ESTADO

Usted es una de las personas con más experiencia en política social en el Continente y cree que la pobreza es derrotable. ¿Por qué piensa eso?

Creemos que la pobreza es derrotable porque tiene que ver con la concepción que se tenga de la pobreza. Una cosa es considerar a una persona en situación de pobreza, sólo por pertenecer a un grupo de ingresos escasos y  verlo como “beneficiario de un plan”, y otra muy distinta es la de considerarla como un titular de un derecho. Nuestra búsqueda sigue siendo la de revertir aquellas concep­ciones que despojaron a las personas de todo ejercicio efectivo de sus dere­chos y conquistas sociales. Nuestra ética del compromiso pretende que se restablezca, a amplios sectores de nuestra población, las posibilidades reales de ejercer plenamente los derechos que le corresponden como ciudadanos (trabajo, salud, educación, alimentación, bienestar, etc.). Es una decisión política que invierte la lógica perversa en la que el mercado lo resuelve todo óptimamente, y que existe una mano invisible capaz de regular todo, y que se hará cargo de que no queden excluidos de sus derechos millones de individuos. La decisión política es que es el Estado quien debe velar porque estos derechos sean ejercidos plenamente por toda la población. Esto exige una presencia activa del Estado.

“Sabemos que desigualdad y pobreza son conceptos cercanos pero diferentes”

Para ello, las formas y contenidos de las políticas sociales que seguimos construyendo apuntan a un Desar­rollo que tiene como protagonistas a las personas, sus familias y a la comunidad, fortaleciendo  capacidades, formas de organización y redes sociales, ejes centrales de las nuevas prácticas de transformación de la realidad.

Se persigue el desarrollo humano pleno de los ciudadanos de Argentina, y en sentido más restringido, la superación de las desigualdades y la pobreza estructural. Sabemos que desigualdad y pobreza son conceptos cercanos pero diferentes. La pobreza se concibe como multidimensional y heterogénea, producto de políticas de distribución de la riqueza injustas y cristalizadas en estructuras desiguales de acceso a los bienes y servicios, es decir, no sólo como una cuestión de ingreso.

Sanz Martínez entiende el voluntariado como una potente herramienta de sensibilización que ayuda a la formación integral del estudiante y le permite adquirir capacidades para contribuir a construir un mundo más justo y libre.

Usted está iniciando el Rectorado de una Universidad líder en España. ¿Qué planes tiene respecto a las relaciones entre la Universidad que dirige y América Latina?

La Universidad Autónoma de Madrid tiene una larga trayectoria de colaboración con América Latina en el ámbito de la formación y la investigación, así como en el de la movilidad y cooperación. Mi intención es continuar reforzando y ampliando los lazos existentes mediante el establecimiento de nuevos convenios internacionales, la participación en los nuevos programas de maestría y posgrado y de movilidad multilaterales –como Erasmus Mundus–, además de la promoción de proyectos conjuntos de investigación. Por otra parte, y teniendo en cuenta la proyección de nuestra universidad en Asia, nos gustaría promover títulos triples impartidos conjuntamente por la Universidad Autónoma, universidades chinas y universidades de América Latina.

HERRAMIENTA DE SENSIBILIZACIÓN

La Universidad Autónoma de Madrid es pionera en España en trabajo con voluntarios. Ha establecido en su sede en el marco de la Red Iberoamericana de Voluntariado Universitario por la Inclusión Social (REDIVU) la Escuela Iberoamericana de Compromiso Social y Voluntariado. Ud. inauguró el pasado 16 de noviembre la Escuela y su primer Seminario. ¿Qué expectativas tiene respecto a la Escuela?

Efectivamente, la UAM es una universidad que se ha convertido en estos últimos años en un referente en los temas de compromiso e implicación social. En este sentido las acciones y programas de promoción del voluntariado han tenido siempre un espacio protagonista. Entendemos el voluntariado como una potente herramienta de sensibilización que ayuda a la formación integral del estudiante y le permite adquirir capacidades para contribuir a construir un mundo más justo y libre. La universidad es una institución educativa que debe transmitir valores y formar no sólo excelentes profesionales, sino también personas críticas y libres capaces de transformar el mundo en un mundo mejor.

Dentro de este marco, la Universidad Autónoma de Madrid aceptó la invitación del PNUD para formar parte de la vicepresidencia de la REDIVU. Aceptada esta vicepresidencia, la UAM hizo la propuesta de creación de la Escuela Iberoamericana de Compromiso Social y Voluntariado en el seno de la REDIVU.

Esta Escuela tiene como objetivo general ofrecer un marco amplio de formación que posibilite la capacitación de técnicos para la gestión del voluntariado universitario. Por otra parte, los objetivos específicos son proporcionar un marco de encuentro para la reflexión sobre el voluntariado universitario, motivar e incentivar la puesta en marcha de acciones de voluntariado universitario en Latinoamérica, producir material a través de talleres y jornadas que puedan ir enriqueciendo y aumentando la investigación en torno al voluntariado universitario, y abrir la posibilidad de contactar y establecer redes de trabajo entre las universidades latinoamericanas y otras instituciones, universidades y organizaciones españolas que trabajan también en voluntariado.

Entendemos que la formación incrementa el nivel de competencia y la calidad de las intervenciones, sirve de vehículo para provocar la sensibilización y atraer a un número mayor de personas y, por supuesto, es la herramienta más poderosa para conseguir una formación integral del estudiante. Esta formación complementa su acción voluntaria con una formación más teórica que le haga familiarizarse con otras realidades y le enseñe a reflexionar y a posicionarse críticamente ante la injusticia social.

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

La Universidad Autónoma de Madrid se propone también ser miembro activo de la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial (RED UNIRSE). ¿Por qué ve importante el tema de la RSE?

En efecto. La Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial es un espacio de intercambio entre universidades de Iberoamérica que, entre otros objetivos, pretende difundir y sensibilizar sobre la importancia de la responsabilidad social. Así pues entendemos desde la UAM que las universidades pueden y deben contribuir a difundir estos valores de forma que contribuyan a crear una sociedad donde la competitividad mal entendida, las malas prácticas, la falta de ética en la acción empresarial sean sustituidas por modelos que permitan salir de la pobreza, fomenten la solidaridad entre las instituciones y favorezcan una concepción de empresa que asuma unos valores éticos y una dimensión social encaminada hacia valores y prácticas solidarias.

La difusión y fomento de experiencias alternativas empresariales como las empresas de inserción laboral, la banca ética o el comercio justo pueden ser también compromisos que nazcan desde nuestras propias aulas. En estos temas las universidades deben tener un papel relevante y protagonista en la formación de los futuros profesionales. En este marco de actuación consideramos que la UAM puede ser un agente activo dentro de la Red UNIRSE y participar de sus actividades y proyectos.

Entrevista a Juan Pablo de Laiglesia, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

¿ESTE MARCO DE CRISIS obliga a la cooperación española para el desarrollo a repensar su estrategia?

Resulta evidente que la crisis actual afecta a todos los ámbitos de la vida social. Se trata de una crisis financiera, hoy ya de alcance global, con un fuerte impacto social. Por ende, todas las políticas, tanto internas como multilaterales o de cooperación, han de considerar el impacto de la crisis.

En cuanto a la orientación de la cooperación española en particular, nosotros deberemos hacer una revisión pero según las prioridades de los gobiernos con los que cooperamos. Es desde ahí que vendrán el estímulo y el impulso para las modificaciones eventuales que debamos realizar a las líneas de la cooperación española.

España ha asumido absolutamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el nuevo paradigma de relaciones entre países socios en materia de desarrollo que se ha fijado en la Conferencia de la Declaración de París y posteriormente en el Plan de Acción de Acra.

En otras palabras, no seremos tanto nosotros los que revisemos nuestro punto de vista sobre la cooperación al desarrollo, sino que lo que hacemos es estar absolutamente abiertos a introducir en nuestros programas bilaterales y multilaterales las modificaciones que los países socios nos indiquen que son apropiadas.

“Por ser América Latina la región del mundo más desigual, el impacto social de la crisis será pagada por los más vulnerables”

En ese sentido, ¿es muy pronto para avizorar cambios en la intervención de la AECID en América Latina o ya se perciben algunas nuevas prioridades?

Hay áreas en las que ya se notan claramente las nuevas prioridades impuestas por la realidad. Por ejemplo, en la atención a las políticas sociales, tanto en términos de la mayor aportación de recursos que tendrán que hacer esencialmente los países miembros y también la cooperación, como a través de la formulación de políticas que permitan primero parar el efecto del golpe de la crisis y luego hacer a estas políticas sostenibles.

América Latina, lo sabemos, es la región del mundo con los niveles más altos de inequidad; por consiguiente podemos presumir que el impacto social de la crisis será muy fuerte y será pagada por los más vulnerables. Es de esperar que haya una mayor demanda para políticas sociales, tanto en términos de recursos como de formulación de políticas, lo que llevará a un fortalecimiento de las instituciones que hacen a la provisión de los servicios sociales básicos.

Entrevista a Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de Argentina y Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Argentina.

¿Cómo analiza usted la actual crisis financiera global, desde la perspectiva de su posible efecto en las políticas sociales argentinas?

La Argentina tuvo su gran crisis en el 2001 y 2002; cuando el presidente de entonces, Néstor Kirchner, asumió el gobierno, el país enfrentaba uno de los peores momentos de su historia. Tuvimos que salir a afrontar la crisis, y para ello pensamos un proyecto nacional en el que cada persona y el conjunto de las argentinas y los argentinos forman una comunidad con necesidad y potencial para desarrollarse.

Para aplicar esta visión pusimos en marcha una fuerte política de derechos humanos y sociales, y un enfoque de pensar al país como un todo, pues había quedado un conjunto de regiones sueltas y con necesidades diferentes, como el Noroeste, el Noreste o la Patagonia, que no podían permitir soluciones iguales desde el punto de vista de las políticas sociales.

EQUIDAD TERRITORIAL

Entonces, como uno de los ejes fundamentales, lo que hicimos fue tener, además de la mirada de derechos humanos y sociales, la visión de la equidad territorial. Uno de nuestros ejes de trabajo fue producir empleo, generar empleo. Un desafío que se encara desde lo macro (la producción y la industria), pero también atendiendo a aquellas generaciones de ciudadanos sin capacitación, sin oficio.

“Bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, pero asumimos que para enfrentar estas metas también se requiere de mística”

Para incluir a todas estas personas recurrimos a las cooperativas; en el día a día se capacitaron miles y miles de argentinos, quienes integraron cooperativas de construcción y de economía social, lo que llamamos “nuevos yacimientos de empleo” pues tienen que ver con la vida de la comunidad, como los cuidados domiciliarios a personas de la tercera edad u otras tareas sociales. También buscamos darle calidad a la producción artesanal y textil, e incorporar nuevas tecnologías con asistencia del Ministerio de Ciencia y Técnica en nuevas modalidades creativas.

El objetivo es articular todos los esfuerzos y desde esa mirada desarrollar todas la regiones. Salimos de esa crisis pero hoy está la crisis financiera mundial. No quiero hacer pronósticos; pero hemos aprendido que la mejor política social es el empleo, que debemos articular y no superponer recursos, y conservar siempre nuestra mirada en las regiones. Estamos en contra de los planes “enlatados”.

LA MIRADA REGIONAL

Sabemos que la mejor política social siempre será el empleo, pero también que hay distintos caminos que conducen a la generación de empleo. Hay fábricas e industrias que toman a la mayoría; pero hay otra gente sin formación que necesita que el Estado esté presente y ofreciendo capacitación permanentemente. Sabemos cómo trabajar frente a una crisis. Son nuevos desafíos, pero pensando en la persona y en una Argentina para los argentinos, saldremos adelante.

Hay otro aspecto que quiero señalar, el de la mística. Bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, pero asumimos que debemos fortalecer la educación, lograr la alfabetización total y el desarrollo cultural, que es tan parte de la política social como la salud, y ha sufrido de mucha desigualdad. Para enfrentar estas metas también se requiere de mística.

¿Cuánto de la coordinación regional puede contribuir a las respuestas nacionales?

Muchísimo. Soy vicepresidenta del Programa Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST) de la UNESCO que representa a América Latina y el Caribe. Ese espacio, como el Mercosur, nos brinda una ayuda clave para tener una mirada regional que es precisamente lo que hacemos en este gobierno. Estamos trabajando en eso. Por ejemplo, la semana pasado trabajamos junto a Paraguay colaborando con sus diseños de políticas. Pero nunca dando planes “enlatados”, pues si bien debemos igualar en muchos aspectos, no precisamente en ese ya que se trata de tener un profundo respeto por cada identidad.

Eliana Scarnichia está convencida de que el trabajo social y la docencia son “pilares fundamentales para formar una ciudadanía sólida, siempre y cuando se los articule tanto con el sector público como con el privado”.

ELIANA SCARNICHIA es una joven argentina de 24 años, a punto de graduarse de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora auxiliar en Ética para el desarrollo de manera transversal en la asignatura  “Seminario de Integración y Aplicación” del último año de la Licenciatura en Administración. Trabaja como asistente en el desarrollo de programas y proyectos en una Asociación Civil en Buenos Aires.

“Convencida de que el rumbo a seguir es el del desarrollo sustentable, me resulta primordial recibir la formación adecuada sobre RSE”

Esta es la síntesis del diálogo que mantuvo con el Boletín del Fondo España PNUD.

¿Qué es lo que más valoras del Programa de Formación Gerencial Premio Amartya Sen “100 Jóvenes por la Ética para el Desarrollo” en el que has tenido la oportunidad de participar?

Lo que más valoro del Programa, del cual he tenido el honor de formar parte, es la creación de un espacio de encuentro para 100 jóvenes con una compartida preocupación por el mundo en el que vivimos y con un interés común en ética aplicada al desarrollo.

La creación de espacios colectivos que permitan el nacimiento de grupos de trabajo como redes es esencial, y debe fomentarse en todos los ámbitos de la sociedad. Estoy plenamente convencida que sin trabajo en red, ni articulación entre los diferentes sectores es imposible lograr un desarrollo sustentable.

“Es clave que desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires se forme a nueva generación de docentes altamente capacitados”

Cada participante debía preparar un trabajo, y yo presenté “Ideas para Argentina”. Esto nos permitió llevar adelante una labor de integración y aplicación de los conceptos aprendidos en forma multidisciplinaria y vincularlos con el contexto en el que vivimos.

¿Por qué crees que un joven estudiante de Ciencias Económicas debería formarse en Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?

Convencida de que el rumbo a seguir es el del desarrollo sustentable, me resulta primordial –como joven estudiante de Ciencias Económicas– recibir la formación adecuada sobre Responsabilidad Social Empresarial.

Es importante desmitificar la imagen filantrópica de la RSE, dando a conocer la totalidad de sus aspectos, que permita lograr la articulación de diferentes sectores para una mayor inclusión.

Es clave que desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires se forme a nueva generación de docentes altamente capacitados.

“La RSE es esencial para lograr un desarrollo sustentable”

Lamentablemente los programas de la mayoría de las carreras de Ciencias Económicas de Argentina aún no han incorporado contenidos de RSE a su currículo obligatorio, con lo que la experiencia del Programa de Formación Gerencial Premio Amartya Sen “100 Jóvenes por la Ética para el Desarrollo”, en la Universidad de Buenos Aires nos deja claro que la preocupación por la excelencia en la formación está latente y que su expansión es una cuestión de tiempo.

¿Qué le recomendarías a los profesores y rectores de otras universidades de América Latina para que incorporen la enseñanza de RSE en sus programas de estudio?

Recomendaría incluir la temática de manera transversal. Esta modalidad es clave en RSE, de otra forma queda aislada de los otros conocimientos y es muy fácil su desaparición.

La transversalidad le da fuerza y mayor conexión con la realidad. Debe unirse el concepto de RSE a otros conceptos y debe entenderse que es parte de la realidad en que vivimos. La RSE es esencial para lograr un desarrollo sustentable.

Nicolás Castellanos es un joven argentino (26 años), Licenciado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es además coordinador de Proyectos y Docente de la asignatura Ética para el desarrollo en la carrera de Administración de la UBA.

ESTA ES LA SINTESIS del diálogo que mantuvo con el Boletín del Fondo España-PNUD.

¿Qué es lo que más valoras del Programa de Formación en Excelencia Gerencial “Amartya Sen 100 Jóvenes por la Ética para el Desarrollo” en el que has tenido la oportunidad de participar?

Valoro el cambio que provocó en mi forma de pensar, la diversidad de temas tratados y la existencia de 100 puntos de vista diferentes que ampliaron mi forma de ver y analizar el contexto que nos rodea. En segundo lugar, destaco los casos y las experiencias de vida contadas por los expositores del Programa, que me ayudaron a comprender mejor los problemas y las posibilidades que tenemos de cambiar las cosas.

“Todo estudiante adquiere un conocimiento, que en el mundo actual es una forma de poder, por tanto todo joven estudiante debería formarse en Responsabilidad Social (RS)”

El programa “Amartya Sen 100 Jóvenes por la Ética para el Desarrollo” acrecentó mi aspiración de involucrarme como emprendedor social, y es lo que estoy haciendo como docente en la Universidad y como voluntario para replicar el programa en otros sitios.

¿Por qué crees que un joven estudiante de Ciencias Económicas debería formarse en RSE?

Todo estudiante adquiere un conocimiento, que en el mundo actual es una forma de poder, por tanto todo joven estudiante debería formarse en Responsabilidad Social (RS). El poder aprendido debe ser utilizado con responsabilidad, es decir, siendo conscientes y sensibles del efecto que nuestra habilidad tiene sobre otros.

“También aconsejaría no esperar a tener el programa en RSE perfecto. Alcanza con tener el profundo deseo de su implementación”

En el caso de los jóvenes estudiantes de Ciencias Económicas, la crisis económica actual evidencia que el mundo necesita de profesionales con una visión holística de las organizaciones y el contexto, que utilicen el conocimiento para el bien del mundo, para agregar valor y hacer la verdadera diferencia.

¿Qué recomendarías a los profesores y rectores de otras universidades de América Latina para que incorporen la enseñanza de RSE en sus programas de estudio?

Les recomendaría que hicieran una pausa y observaran detenidamente el contexto, y escucharan con atención. Si lo hacen con su mente y corazones abiertos podrán darse cuenta que es fundamental incorporar y fomentar la enseñanza de la RSE  en sus programas. En definitiva, enseñar RS acerca a la universidad a su rol principal como actor social.

También aconsejaría no esperar a tener el programa en RSE perfecto. Alcanza con tener el profundo deseo de su implementación. Así empezó el programa “Amartya Sen 100 Jóvenes por la Ética para el Desarrollo” en la Universidad de Buenos Aires. Y aquí estamos: construyendo capital social para una Argentina mejor con cada uno de los participantes, lanzando la segunda edición del programa en la Universidad de Buenos Aires y planificando su réplica en otras universidades del país, como Rosario, y en Universidades de América Latina.

Paulina Tzunún participó en el Seminario junto a otros 51 líderes y lideresas de las juventudes mayas de la región Occidental de Guatemala.

El encuentro fue organizado con el apoyo de la Dirección Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, el Fondo Fiduciario España-PNUD, en colaboración con la oficina del PNUD Guatemala y la Asociación CDRO (Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente).

Esta es la síntesis del diálogo que mantuvo con el Boletín del Fondo Fiduciario España-PNUD.

¿Cuál era su actividad principal antes de participar en el Seminario “Liderazgos Políticos y Sociales de las Juventudes Mayas para el Desarrollo Humano” organizado en Antigua, Guatemala?

Antes de asistir al Seminario en Antigua, en junio de 2009, impartía charlas de preparación para el sacramento de la confirmación para jóvenes de la Iglesia Católica de mi comunidad. Asimismo, era acompañante en la Comisión de estudiantes del Instituto básico, donde me encargaba de las actividades para los alumnos.

Por ese entonces, estaba también iniciando mi vinculación e involucramiento con los procesos de juventud de mi Comunidad, a través del Consejo Comunal coligado a la Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (CDRO), institución que lanzó la convocatoria a nivel local.

¿Cuál fue su experiencia en el Seminario “Liderazgos Políticos y Sociales de las Juventudes Mayas para el Desarrollo Humano” organizado en Antigua, Guatemala?

El Seminario en Antigua me ayudó a reflexionar sobre mi verdadero papel dentro de la sociedad guatemalteca y, sobre todo, dentro de mi comunidad. Comprendí que es primordial comenzar a accionar y hacer algo por cambiar la situación de la juventud; en particular, la de las mujeres jóvenes de mi comunidad y de mi país. También entendí que hay que unir esfuerzos para crear oportunidades y capacidades. Es por ello que actualmente promuevo la conformación de la comisión juvenil de mi comunidad.

También adquirí el compromiso de conformar la red regional de jóvenes, una iniciativa que surgió en el seminario. En este sentido, formo parte de la red de jóvenes a nivel municipal de Totonicapán, impulsado por la Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (CDRO). A través de esta red estamos realizando actividades con los distintos grupos juveniles pertenecientes a distintas comunidades.

¿Cuáles son sus principales esperanzas y desafíos en el ejercicio de sus liderazgos como joven?

Actualmente, tengo la expectativa de formar la comisión juvenil de mi comunidad y para ello cuento con el respaldo de algunos jóvenes que esperan formarse e informarse para ser mejores líderes. También, tengo la firme convicción de que muchas instituciones nos brindarán apoyo, como la CDRO. Con esta iniciativa estamos conformando y fortaleciendo la red municipal de jóvenes. Es un proceso que da esperanzas, ya que veo en él un apoyo, un medio para concientizar a la juventud para involucrarse en el desarrollo comunitario.

Uno de los desafíos que enfrento actualmente es la oposición de algunas personas que piensan que organizar a los jóvenes es manipularlos para crear conflictos en mi comunidad, y que además es una pérdida de tiempo.

Pienso que ese es el gran reto: convencer a otros jóvenes a través de hechos y argumentos válidos, para así hacer reflexionar a la gente que tiene una ideología más cerrada. No solamente la gente mayor piensa de esta manera, también me he encontrado con varios jóvenes que piensan que todo es en vano, ya que viven en sus propias “burbujas”, esperando que los mayores hagan algo por cambiar la situación. No pretendo imponer mis iniciativas, ni mi forma de pensar, únicamente pretendo dar a conocer las realidades que vivimos.

Mario Jordán Tzoc trabaja activamente por formar e intercambiar experiencias con jóvenes de su país y de otros con el objetivo de diversificar el conocimiento y lograr la conformación de una red internacional de juventud.EN JUNIO DE 2009, participó del Seminario “Liderazgos Políticos y Sociales de las Juventudes Mayas para el Desarrollo Humano”, junto a otros 51 líderes y lideresas de las juventudes mayas de la región Occidental de Guatemala, organizado con el apoyo de la Dirección Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe y el Fondo España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe”, en colaboración con la oficina del PNUD Guatemala y la Asociación CDRO (Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente).

Esta es la síntesis del diálogo que mantuvo con el Boletín del Fondo España-PNUD.

¿Cuál era su actividad principal antes de participar en el Seminario “Liderazgos Políticos y Sociales de las Juventudes Mayas para el Desarrollo Humano” organizado en Antigua, Guatemala, en junio de 2009?

Antes de asistir al Seminario en Antigua acompañaba a grupos de jóvenes organizados dentro de la comunidad. Estos trabajan en procesos de formación y orientación en diversos aspectos, tanto políticos como sociales, con el objetivo de crear conciencia y compromisos morales y sociales, que contribuyan a su formación intelectual y garanticen el desarrollo de mi comunidad.

¿Cuál fue su experiencia en el Seminario?

El principal aporte fue poder socializar y replicar la información adquirida en el seminario, así como continuar con la formación de más jóvenes. Además, fue muy positivo poder participar activamente en la red conformada en dicho seminario, teniendo como logros el enlace y vinculación con algunas organizaciones que apoyan procesos de formación de jóvenes, siempre en la búsqueda de formar más y más grupos de jóvenes que contribuyan con el desarrollo de Guatemala.

¿Cuáles son sus principales esperanzas y desafíos en el ejercicio de sus liderazgos como joven?

Espero que las organizaciones como el PNUD y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional (AECID) puedan seguir apoyándonos con más procesos de formación y brindarnos así la oportunidad de conocer o intercambiar experiencias con jóvenes de otros países. De esta forma podremos diversificar el conocimiento y lograr la conformación de una red internacional de juventud que contribuya a mejorar las condiciones de todo el mundo.

Mi objetivo es conseguir, además, que otras organizaciones apoyen la formación de jóvenes para garantizar un futuro prometedor para mi patria, Guatemala, con el deseo de mitigar muchos de los problemas que agravian mi país, así como mejorar las condiciones de vida de muchas personas que lo necesitan.

Esto solamente se logrará si Guatemala alcanza la formación de verdaderos dirigentes y ciudadanos con miras al desarrollo y no solamente a los beneficios personales. Para ello es fundamental contar con el apoyo de muchas organizaciones, como CDRO, que compartan esta visión de futuro y nos ayuden a la formación de los más jóvenes para mejorar Guatemala.

María Paula Romo cree que se han logrado reformas importantes para la agenda de las mujeres en Ecuador, pero la política siguesiendo un espacio masculino que requiere transformaciones culturales profundas, explica en esta entrevista especial.

LA ASAMBLEÍSTA ES Abogada, Máster en Gobierno y Administración Pública, y especialista en estudios de género. Ha trabajado como consultora y profesora universitaria y de postgrado. Su actividad política ha estado vinculada sobre todo a la dirigencia estudiantil y la defensa de los derechos y libertades de las mujeres.

Fue delegada del Presidente de la República a la Comisión Especial de Juristas que preparó un proyecto de Constitución. Fue electa como la asambleísta más votada de la provincia de Pichincha a la Asamblea Constituyente. En la Asamblea se desempeñó como Presidenta de la Mesa de Legislación y Fiscalización y hoy preside la Comisión Especializada de lo Civil y Penal en el órgano legislativo.

Esta es la síntesis del dialogo que mantuvo con el Boletín del Fondo Fiduciario España-PNUD.

¿Cómo está afectando la crisis económica global a las mujeres en Ecuador?

La brecha de género, en el aspecto de oportunidades de trabajo, ya estaba marcada antes de la actual crisis económica. La crisis acentúa las diferencias, tal como lo menciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Las proyecciones del mercado laboral para 2009 muestran un deterioro de los mercados laborales a nivel mundial, tanto para mujeres como para hombres. La OIT estima que la tasa de desempleo mundial podría aumentar entre 6,3 y 7,1 por ciento, con su respectivo aumento en la tasa de desempleo femenino de entre 6,5 y 7,4 por ciento (comparado con entre 6,1 y 7,0 por ciento para los hombres). Esto produciría un aumento de entre 24 y 52 millones de personas desempleadas en el mundo, de las cuales entre 10 y 22 millones serían mujeres” (Ver el informe completo).

“Las estadísticas siguen siendo alarmantes y tanto la violencia como la pobreza siguen azotando a las mujeres ecuatorianas”

En el Ecuador los salarios reales aumentaron a pesar de la inflación. El salario mínimo vital, más remuneraciones complementarias de 2008, es el más alto de las últimas dos décadas, según se desprende del informe a la Nación realizado por el Presidente de la República, Rafael Correa, el 15 de enero de 2009. Pero a pesar de estas cifras alentadoras, es menester entender que las tasas de empleo femenino son más bajas, existe un control más débil sobre la propiedad y los recursos, aumenta la concentración en tipos de empleo informales y vulnerables, con ingresos más bajos y una menor protección social.

Todos estos factores colocan a las mujeres en una posición más débil que los hombres en tiempos de crisis, aunque las mujeres pueden hacer frente a esta situación trabajando horas extraordinarias o realizando múltiples trabajos con bajos ingresos, pero aún así deben continuar cumpliendo con sus obligaciones de cuidado no remuneradas.

Como jefas de hogar, las mujeres en el Ecuador efectúan labores no remuneradas, y sus limitaciones para acceder a trabajos con estabilidad se restringen ya que por condiciones culturales se prefiere al género masculino.

LA AGENDA LEGISLATIVA DE GÉNERO

¿Qué rol juega el Parlamento en el desarrollo de una agenda de género en Ecuador?

El Parlamento, en este caso la Asamblea Nacional del Ecuador, juega un rol importantísimo en el desarrollo de una agenda de género. Las estadísticas siguen siendo alarmantes y tanto la violencia como la pobreza siguen azotando a las mujeres ecuatorianas.

“Debemos convertir los temas de la agenda de los derechos de las mujeres como un compromiso del humanismo”

Ya desde Montecristi, durante la elaboración de la Constitución de la República, muchas organizaciones de mujeres se movilizaron a Ciudad Alfaro para que a través de actos, vocerías y visitas, se llevaran a cabo consensos para que en la norma suprema se tomen en cuenta los temas de género. La Constitución recoge temas tan importantes como: prioridad de acceso a crédito, tierra y agua para las mujeres; seguridad social para las personas que realizan labores de cuidado; reconocimiento del trabajo de cuidado como trabajo productivo; obligación del Estado de tomar medidas para lograr igualdad material; conciliación de la vida privada y la vida material, entre muchos otros.

Las propuestas para las mujeres serán, del lado de la Asamblea, las de desarrollar la legislación que materialice estos principios pero es fundamental poner énfasis en las políticas públicas del Ejecutivo y los Gobiernos locales.

¿Cuál ha sido su experiencia como diputada?

El haber sido electa como asambleísta, tanto para participar en la Asamblea Constituyente,como en la Comisión de Legislación y Fiscalización, ha sido un desafío y un aprendizaje. Hemos logrado reformas importantes para la agenda de las mujeres pero la política sigue siendo un espacio masculino que requiere transformaciones culturales profundas.

En estos meses de ejercicio del cargo también es evidente que las mujeres necesitamos esforzarnos no sólo por estar en la política sino por transformar la política. ¿Será posible plantear nuevas formas de relación con el poder? ¿De ejercicio del poder? Debemos también convertir los temas de la agenda de los derechos de las mujeres como un compromiso del humanismo, de los sectores progresistas, conseguir aliados hombres y mujeres de los otros sectores que luchan contra la exclusión.

Perceval fue designada por sus colegas parlamentarias para presentar en nombre de todas ellas las Conclusiones Finales del Encuentro de Mujeres Parlamentarias “Hacia una Agenda Política para la igualdad de género en América Latina y el Caribe”, en su sesión plenaria de cierre.

MARÍA CRISTINA PERCEVAL es Senadora Nacional por la provincia de Mendoza (2001-2003 /2003- 2009), Argentina. Preside la Comisión de Defensa Nacional, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, y la Comisión Especial Banca de la Mujer del Senado de Argentina. Fue Presidenta del Instituto de la Mujer de Argentina (1993-1995, Mendoza), Coordinadora del Programa de Igualdad de Oportunidades en Educación (2000-2001, Buenos Aires), y Coordinadora del Programa de Igualdad de oportunidades para la Mujer en el Ámbito Educativo (1991, Mendoza). Es Presidenta de la Junta Directiva del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo y parlamentaria del Parlamento del MERCOSUR.

Esta es la síntesis del dialogo que mantuvo con el Boletín del Fondo Fiduciario España -PNUD.

¿Cómo afecta la crisis económica global a las mujeres en Argentina?

Avanzada la crisis global y configurada como un fenómeno sistémico, los efectos negativos comenzaron a sentirse en Latinoamérica fundamentalmente en la caída del volumen del comercio internacional, en el deterioro de los términos de intercambio de los productos básicos como así también en una etapa de financiamiento externo privado más restringido.

Aunque se tienda a considerar que la fase más severa de la crisis ha sido superada, actualmente el sistema financiero sigue descapitalizado y el crédito sufre una acelerada contracción, más allá de los salvatajes y los programas de rescate bancario que implementan los Estados de los países desarrollados. Por otra parte, la actividad productiva de estos países está colapsada previéndose, con razonable probabilidad, que el efecto recesivo será intenso y extenso y la problemática social se verá determinada por el aumento de la tasa de desempleo.

“En Argentina, el impacto de la actual crisis global es más benigno que en otros países de la región, pero los impactos negativos sobre la economía real han comenzado a evidenciarse”

Las economías de nuestra región, sin embargo, pueden enfrentar esta situación en mejores condiciones que en el pasado pues, en los últimos años, se ha dado una combinación excepcional entre condiciones externas favorables y la presencia de Gobiernos que, respondiendo a las demandas de sociedades agobiadas por décadas de progresivos y recurrentes retrocesos y fracasos, favorecieron la puesta en marcha de modelos de desarrollo en los que un ciclo virtuoso de crecimiento sostenido, fue de la mano de procesos de reactivación económica y diversificación productiva, sustitución de importaciones, creación de empleo, disminución de la pobreza y mayores niveles de cohesión social.

En el caso de Argentina, uno de los hechos más destacados de este período de expansión es que estuvo acompañado por una significativa mejora de los indicadores del mercado de trabajo y de condiciones de vida de la población. El aumento del empleo permitió reducir la tasa de desocupación, estimada para el cuarto trimestre de 2003 en un 20.4%, al 7.8% en el tercer trimestre de 2008. De la misma manera, disminuyó sustancialmente la pobreza, registrándose en el primer semestre de 2003, un 54% de las personas bajo la línea de pobreza, y un 15.3% en el segundo semestre de 2008.

IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LA ECONOMÍA REAL

En nuestro país, el impacto de la actual crisis global es más benigno que el sufrido por otros países de la región. No obstante, el escenario internacional en el que hoy se desenvuelve no es el mismo que en el período 2003-2007 y los impactos negativos sobre la economía real han comenzado a evidenciarse.

Ya en el mes de abril de 2008 se reflejaba su impacto en el precio de algunos alimentos de primera necesidad. Un relevamiento realizado en la provincia de Mendoza por la Fundación Consensos, comparando principales marcas de harina y leche, evidenció –entre abril de 2008 y julio de 2009– incrementos del 100.62% y el 33.48%  respectivamente. En cuanto a segundas marcas de azúcar, leche en polvo y harina, se registraron incrementos de 15.73%, 97.29% y 50.36% respectivamente.

Además, llama la atención la amplia diferencia de precios entre los mismos artículos de diferentes marcas ofrecidos al consumidor, cuya razón solo obedece a la especulación de ciertos empresarios.

Si bien aún contamos con pocos datos para estimar el impacto de la crisis en las mujeres argentinas, cabe afirmar que éste sería negativo por cuanto tienen una inserción más precaria y vulnerable en el mercado de trabajo que los varones.

“La región está en mejores condiciones que en el pasado; producto de las frustraciones e impotencias del pasado, han surgido decisiones políticas, aprendizajes sociales y experiencias colectivas”

Por ejemplo, un estudio de la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Mendoza sobre el “índice de empleos solicitados” se observa un crecimiento importante desde 2003 hasta 2007, año en que se produce una estabilización y un punto de inflexión. En el año 2008 se registran variaciones mensuales positivas y negativas, aunque la tendencia se torna decreciente especialmente en la última parte de 2008 y primeros meses de 2009. Los empleos más afectados en las mediciones han sido, para el caso de los varones, la construcción, la que tuvo un índice negativo anual del 67.1% y, para el caso de las mujeres, el servicio doméstico, que bajó en la demanda un 46.9%, ambas actividades con altos índices de precariedad e informalidad laboral.

A nivel nacional, el estancamiento del crecimiento del empleo registrado a partir de 2007, sumado al incremento de la inflación a partir de 2006 tiene un impacto directo sobre el índice de pobreza.

SITUACIONES COMPLEJAS E INÉDITAS

Sabemos que con esta crisis global tendremos que enfrentar situaciones complejas y hasta inéditas. La disminución de las tasas de crecimiento, la caída de las exportaciones de productos manufacturados y de los precios de las materias primas, la afectación del mundo del trabajo, el riesgo de un aumento de la pobreza y la inseguridad ciudadana son amenazas que debemos prevenir y minimizar para no volver a transitar espirales regresivas y decadentes.

Y también sabemos que no es un dato inferible empíricamente que todos los países de América Latina entrarán, indefectiblemente, en recesión producto de esta crisis; como ampoco es válido afirmar que al interior de cada uno de nuestros países todas las actividades económicas y productivas se afectarán consecuencia de lo que sucede hoy en los países industrializados.

Lo que sí podemos afirmar es que, actualmente, la mayor parte de los países de la región estamos en mejores condiciones que en las últimas décadas ya que producto de las frustraciones e impotencias del pasado, han surgido decisiones políticas, aprendizajes sociales y experiencias colectivas que coinciden en la necesidad de dejar atrás una visión ortodoxa de la economía, una concepción singularista del desarrollo y una política de democracia sin Estado.

¿Qué rol juega el Parlamento en el desarrollo de una agenda de género en Argentina?

Para que la democracia sea relevante para los/as ciudadanos/as, nuestra acción política debe acortar las distancias entre las potencialidades normativas y los logros reales. De otro modo, la ley se convierte en un fenómeno superficial y la realidad que queríamos modificar sigue siendo “más de lo mismo”.

Por lo tanto, para seguir avanzando en la construcción y consolidación de sociedades justas e igualitarias para seguir avanzando, paso a paso, creo que es realista y racional que el feminismo contemporáneo plantee, especialmente dentro de las estructuras de poder: igualdad de derechos, legales y reales.

“La llegada de las mujeres al Parlamento significó en Argentina un indudable impulso a temas que hasta entonces raramente aparecían en la agenda parlamentaria”

En los años noventa, Argentina podía mostrar avances legales al mundo: cumplía con la ley de cuotas en los espacios de representación parlamentaria; contaba con una ley de protección contra la Violencia Familiar; había dado rango Constitucional a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aunque no había ratificado su Protocolo Facultativo; había incorporado a su legislación interna la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; se había aprobado la Ley de Divorcio Vincular.

Sin embargo, en esos años, la mitad de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y el 24% de la población estaba desocupada. Los números eran aún más adversos para las mujeres, quienes sufrían una mayor tasa de desocupación sumada a mayor pobreza, menor nivel educativo y un alto índice de muertes maternas por aborto. Las distancias entre los hechos y las leyes eran evidentes: nos enfrentábamos a una realidad injusta, con leyes justas.

En este sentido, para acortar estas distancias, creo que una prioridad no sólo para las mujeres es reconceptualizar la política y crear nuevas formas de hacer política. Los vacíos del momento y la complejidad irreductible de nuestro tiempo reclaman que dejemos de proyectar sombras y que nos aboquemos a iluminar el futuro.

La llegada de las mujeres a este Parlamento a través de la Ley de Cupo, significó en Argentina un indudable impulso a temas que hasta entonces raramente aparecían en la agenda parlamentaria. Pero la mayor cantidad de mujeres en el Congreso también planteó nuevos desafíos, entre ellos, la necesidad de coordinar esfuerzos para debatir los temas relacionados con el desarrollo humano en general, y con los derechos de las mujeres, en particular.

LA BANCA DE LA MUJER

Se hizo evidente que los avances antes mencionados no bastaban y que era necesario ampliar y profundizar el debate sobre temas relativos a la igualdad de derechos, oportunidades y trato en la agenda de trabajo parlamentaria. Además, porque entonces considerábamos y hoy afirmamos que las políticas públicas con perspectiva de género son indispensables, ya que reconocen el aporte de las mujeres al desarrollo y las incorporan como agentes de cambio, así como visualizan las inequidades entre varones y mujeres abriendo caminos para su superación.

Para avanzar en esta agenda propuse la constitución de la  Banca de la Mujer en el Senado argentino, comisión especial integrada por legisladoras sin diferencias de signo político, con posibilidades de analizar temas relacionados a la igualdad de oportunidades y llevarlos al recinto para su discusión. La propuesta fue acompañada por todos los bloques.

“Asumimos que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia”

Concebida como un espacio plural constituido como comisión especial, la Banca tiende al cumplimiento de dos compromisos internacionales y regionales que nuestro país ha asumido en los últimos años. Por un lado, en el marco de los Objetivos y Metas del Milenio “Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer”, y “alcanzar en el 2015 una mayor equidad de género mediante una mejor participación económica de la mujer, una reducción de la brecha salarial entre varones y mujeres, y manteniendo los niveles de igualdad de género alcanzados hasta el 2000 en el ámbito educativo”, y “aumentar la participación de la mujer en niveles decisorios (en instituciones públicas y privadas)” (Metas 8 y 9. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Argentina. La oportunidad para su reencuentro. Presidencia de la Nación-Naciones Unidas; Octubre de 2003).

Por el otro, en el marco del Consenso de Quito adoptado por la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, “adoptar todas las medidas de acción positiva y los mecanismos necesarios –incluidas las reformas legislativas necesarias– que garanticen la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal y en los ámbitos económico, social y familiar.

Asumimos que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, “cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”.

Sabemos que no hay democracia política legítima que excluya a la mitad de la población. No es posible ampliar la democracia y la ciudadanía para las mujeres si éstas no se construyen como un actor social con capacidad de intervención social y negociación política. En este sentido, no se trata solamente de ver el aspecto cuantitativo en la representación de cuotas, sino que estamos hablando de la democracia paritaria desde su dimensión cualitativa, no necesariamente porque las mujeres aportemos valores distintos o capacidades diferentes a los espacios públicos de decisión.

“Es necesario monitorear, evaluar e incluir la perspectiva de género y el monitoreo de la transversalidad de género no sólo en las normativas existentes, sino también en los proyectos a debatir por el Congreso”

Las ciudadanas, en cuanto ciudadanas plenas, podemos promover, junto a los varones, la construcción de un nuevo contrato social, en el cual los valores que se definan y acuerden sean valores humanos. Y esta es justamente la necesidad y el fundamento de una democracia paritaria. Mientras las mujeres no estén en todos los espacios políticos, económicos, sociales y familiares en igualdad real de condiciones y posibilidades, sabemos que se trata de democracias inacabadas.

Para que los Parlamentos contribuyan a la construcción de sociedades democráticas más justas, libres e igualitarias, es necesario que desde allí se desactive una normatividad que obstaculiza a las mujeres en su autoconstrucción como sujetos, privándolas de aquellos recursos –políticos, económicos, culturales o de autonomía personal– que hacen posible que un sujeto pueda actuar como tal.

Entre la ampliación de la democracia y la ampliación de la ciudadanía hay una relación de necesidad y cualquier redefinición de la ciudadanía en clave de ampliación de los derechos no puede ignorar una construcción normativa de lo femenino que restringe los derechos civiles, políticos y sociales de la mitad de la sociedad.

En este sentido, distintos/as autores/as destacan la necesidad de mejorar la institucionalización de los espacios de la democracia con representación paritaria de las mujeres y la construcción de una agenda de igualdad política, social y económica que permita un desempeño eficaz, eficiente y responsable de los poderes del Estado.

LA APLICACIÓN DE LA IGUALDAD

Por ello, la Banca de la Mujer tiene entre sus objetivos los de asesorar, consultar, controlar y monitorear las leyes relacionadas con la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones, reconocidos constitucionalmente. De la misma manera, monitorear, evaluar e incluir la perspectiva de género y el monitoreo de la transversalidad de género no sólo en las normativas existentes, sino también en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos a debatir por el Congreso.

“La Banca de la Mujer realiza un seguimiento de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y las niñas para garantizar la igualdad de trato y acceso a los recursos”

Diseñar una política de igualdad de derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres exige desarrollar y fortalecer las instituciones y la alta participación de los organismos del Estado en la elaboración de políticas y leyes. Sin embargo, no basta con leyes que reconozcan el principio de igualdad: es necesario darles seguimiento y observar  su aplicación. Porque la función de control que el Congreso Nacional debe realizar, tanto de la aplicación de las leyes como de las políticas públicas, también tiene como objetivo la evaluación para la posterior modificación de las normas desde la perspectiva de la igualdad.

Consideramos que la creación de este espacio institucional en el ámbito del Congreso, fue vital para el diseño una nueva agenda parlamentaria con perspectiva de género que promueva iniciativas en concordancia con los tratados internacionales y regionales de los que Argentina es signataria. Asimismo, para el monitoreo de la aplicación de la normativa vigente de conformidad con dichos instrumentos y, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución.

La Banca de la Mujer realiza un seguimiento de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y las niñas para garantizar la igualdad de trato y acceso a los recursos y, en caso de ser necesarias, promueve medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de sus derechos humanos.

También permite emprender diversas actividades en apoyo de la revisión y el cumplimiento de la legislación para garantizar la igualdad de género, así como la incorporación de las cuestiones de género en todas las políticas y los programas gubernamentales. Asume la difícil tarea de analizar cómo las medidas gubernamentales producen cambios tangibles en la vida de la mujer.

Finalmente, no podemos dejar de señalar que el establecimiento de asociaciones con la sociedad civil es de suma importancia para la sostenibilidad y la legitimidad de estos mecanismos. Por esta razón, la Banca de la Mujer debe instituirse en espacio de encuentro para la discusión de estos temas. Por ello se ha conformado un Consejo Consultivo donde participan especialistas, académicos/as y miembros de las organizaciones preocupadas por los temas de género. Este espacio conjunto constituye en un observatorio del ejercicio de ciudadanía plena de las mujeres y de sus derechos humanos, y así contribuye a develar las múltiples facetas en las cuales las mujeres nos encontramos en situaciones de desigualdad, de desprotección y de constante violencia efectiva o latente.

La Banca de la Mujer no sólo expresa pluralidad en su conformación dentro del Senado, sino que es un espacio de articulación estratégica para establecer una agenda que nos permita superar todo resabio discriminatorio en la normativa vigente y avanzar en la construcción de una legislación que, no sólo en lo formal sino en la realidad, garantice la plena ciudadanía de las mujeres, tanto social, económica como políticamente.

¿Cuál ha sido su experiencia como Senadora?

Estamos a tiempo para volver a mirar lo que, sin duda, constituye no ya la caricatura, sino el reflejo más nítido del sexismo que se reproduce en las diversas estructuras de poder

El análisis de las leyes y las realidades me demostró que las mujeres no debemos descontextualizar nuestras reivindicaciones, ni hacer de la agenda de las mujeres una burbuja hermética apartada de las brisas reparadoras o de los huracanes devastadores de la época. Tenemos que ser conscientes de que no podremos alcanzar sociedades igualitarias y democracias paritarias si, como sostiene Chomsky, no comprendemos que “cualquier tipo de conversión tendrá que formar parte de una reestructuración total de la sociedad”.

Al observar el funcionamiento de distintas instituciones y de sus agendas, nuevas y viejas preguntas me surgieron: ¿cuáles son las condiciones estructurales que hoy también dan cuenta de “barreras invisibles“ y “techos de cristal” para las mujeres en el mundo del trabajo?, ¿hemos logrado superar la segmentación educativa de género en nuestros sistemas educativos?, ¿las mujeres tienen las mismas oportunidades de acceso a las TICs que los varones?, ¿Internet es un universo neutro según seamos mujeres o varones?, ¿las mujeres tenemos una participación sustantiva en los diseños y decisiones del cambio tecnológico?, ¿las mujeres hemos logrado insertarnos en condiciones de igualdad dentro de los nuevos sistemas de producción de conocimientos e intercambio de información?, ¿estamos las mujeres presentes y con capacidad de intervenir en las agendas económicas y políticas del desarrollo sustentable?.

Creo que las mujeres, especialmente, estamos a tiempo para volver a mirar lo que, sin duda, constituye no ya la caricatura, sino el reflejo más nítido de la deshumanización propia de sistemas democráticos formales y el sexismo que se reproduce en las diversas estructuras de poder (desde las familias hasta las corporaciones económico-financieras, pasando por los Estados, los mass media y las organizaciones mafiosas).

Llegué al Senado en 2001 no sólo gracias a la ley de cuotas: por primera vez en la historia argentina, los representantes de la Cámara Alta debían someterse a la voluntad popular (hasta entonces eran elegidos por las legislaturas provinciales).

Un tercio de mujeres, con distintas trayectorias profesionales y de vida nos encontramos con una institución opaca y la fuerte demanda popular de cambio en las instituciones y en las prácticas políticas.

Desde la convicción que antes mencioné participé en una comisión –integrada mayoritariamente por mujeres– para la Reforma del Senado, cuyos resultados permitieron abrir el trabajo del Senado a la sociedad, hacer públicas y transparentes sus decisiones y acciones.

La mayor transparencia en los temas a tratar y el involucramiento y apoyo de las organizaciones feministas permitieron construir las bases y los consensos para la aprobación de proyectos fundamentales para los derechos de las mujeres: la ley de Prevención y sanción de la violencia contra la mujer, la ley de parto humanizado, el Protocolo Facultativo de CEDAW, la ley de educación sexual; ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas; blanqueo de las trabajadoras domésticas; protección de mujeres de niñas embarazadas en establecimientos escolares; ley de salud sexual y reproductiva; ley de ligadura de trompas; fortalecimiento de alimentos para la prevención de la anemia en embarazadas y malformaciones en recién nacidos.

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA

“Reafirmando el compromiso con una democracia participativa y plural, se conformó por primera vez en la historia parlamentaria de nuestro país el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil”

También permitió que avanzáramos en proyectos de derechos humanos y mejoras institucionales: la adhesión a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas; Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional (y la inclusión en la legislación interna de los nuevos delitos contra las mujeres); Ley de Migraciones; Convención de trabajadores migratorios; Convención sobre discapacidad; Convención  para la protección de las personas refugiadas. Y que propiciáramos el tratamiento de proyectos sobre derechos de infancia y adolescencia, largamente demandados y que no habían encontrado lugar en la agenda parlamentaria: Ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes; Protocolo de la Convención internacional del Niño contra la venta de niños, la pornografía y la prostitución; sanción de la pornografía infantil, especialmente en medios digitales; Creación del Consejo Nacional de la Juventud.

Aún cuando queden temas a debatir (creación del Instituto de la Mujer, lenguaje no sexista, reconocimiento de las uniones consensuales) la agenda que supimos construir las mujeres, con la necesaria participación de varones comprometidos con los derechos humanos, me hace ver con optimismo el trabajo parlamentario de estos años.

A nivel personal me presentó grandes desafíos: la participación en la reforma mencionada y la construcción de cercanía de la población con la política. Desde lo institucional, quedé a cargo de una comisión considerada usualmente del “ámbito masculino”: la presidencia de la Comisión de Defensa. Ello me permitió abrir debates sobre cuestiones definidas como núcleos “duros” en la agenda de políticas públicas, hasta entonces vedadas a las mujeres.

Reafirmando el compromiso con una democracia participativa y plural, se conformó por primera vez en la historia parlamentaria de nuestro país, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, dentro de la Comisión de Defensa, como órgano de consulta y concertación de temas prioritarios tales como la exigencia de la aprobación parlamentaria para la entrada y salida de tropas, un nuevo Sistema de Justicia Militar en clave de derechos humanos; la ratificación del Tratado contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; los principios y procedimientos para la participación en Misiones de Paz de la ONU; un Plan de Desarme; y el control civil de las Fuerzas Armadas, entre otros.

DESCARGUE LA PONENCIA DE MARÍA CRISTINA PERCEVAL EN EL ENCUENTRO DE MUJERES PARLAMENTARIAS

La actual crisis económica global impacta de lleno en los países de nuestra región y sus efectos golpean con especial fuerza a los sectores sociales más desprotegidos. El campo de la salud representa un desafío de particular relevancia y exige acciones coordinadas e inmediatas.

MIRTA ROSES ES una de las voces más autorizadas para alertar sobre la situación y guiar la respuesta que la región necesita. Médica argentina de notable trayectoria, Roses es la primera mujer en dirigir la Organización Panamericana de la Salud. Fue de una de las conferencistas principales del Segundo Foro de Pensamiento Social Estratégico, organizado por el Fondo España PNUD en noviembre de 2008, que reunió a 30 Ministros y altas autoridades sociales de 18 países.

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA SALUD

¿Qué impactos prevé la OPS tendrá la actual crisis financiera en el ámbito de la salud de la región?

Los grupos sociales más vulnerables se verán fuertemente afectados, como consecuencia del incremento en el desempleo y el aumento en el empleo informal, o en el familiar no remunerado, así como por la reducción en remesas que son vitales para las familias receptoras y la economía local. Esto a su vez implicará aumentos en la pobreza (las estimaciones preliminares indican que al menos 15 millones de personas se sumarán a los pobres ya existentes en Latinoamérica y el Caribe), en la desnutrición y en la exclusión del acceso a los servicios básicos, incrementando con todo ello los niveles de inequidad que ya de por sí son el principal problema histórico de la Región.

“Ceder a la tentación de la desinversión social sería un grave error, pues agravaría los efectos de la crisis, implicaría un retroceso en el capital humano acumulado”

La suma del deterioro de estos y otros determinantes sociales tendrán un impacto significativo sobre la salud de las personas, en especial de aquellos grupos que viven en situaciones al límite de la sobrevivencia. Habrá además menor posibilidad de efectuar los gastos de bolsillo en atención sanitaria que son aún muy altos en la Región, y si deben gastar de manera directa porque enfrentan una situación con riesgo de vida, eso tendrá un efecto catastrófico para esas familias al agravar su situación de pobreza.

A la menor capacidad personal y familiar de afrontar gastos de bolsillo en salud, se suma la mayor competencia que tendrán los pobres para utilizar los servicios públicos gratuitos, al desplazarse la clase media empobrecida o la clase trabajadora desempleada y sin seguro hacia el sector público. Se suma a esto el riesgo de que se reduzca el personal o el presupuesto asignado a los servicios públicos por la posible reducción de ingresos fiscales que resulta de un menor dinamismo económico.

Y esto se da justo en momentos en que, por efecto de la crisis financiera, la asistencia internacional para el desarrollo también estará sufriendo presiones muy fuertes. Esta especie de tormenta perfecta plantea una amenaza a las posibilidades de cumplimiento real de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de que se enfrenten retrocesos en el ámbito de la salud pública en la región. 

RESPUESTAS NACIONALES A LA CRISIS GLOBAL

A la luz del Segundo Foro de Pensamiento Social Estratégico y entendiendo que cada país define sus propias metodologías, ¿cómo sugiere la OPS coordinar hacia dentro de los gabinetes sociales esas respuestas?

Lo más importante es la comprensión de que se deben evitar los errores cometidos en los programas de ajuste estructural que llevaron a una desinversión en el sector social. Ceder a esa tentación sería un grave error, pues agravaría los efectos de la crisis, implicaría un retroceso en el capital humano acumulado y haría aún más difícil salir de la crisis y, luego, subsanar sus efectos. Sería el error más costoso que se puede cometer, pues además de los efectos negativos en términos de gobernabilidad y estabilidad tomaría muchos, muchos años enmendarlo.

La forma más efectiva de aminorar los efectos inmediatos y los de largo plazo de la crisis es preservar la inversión en capital humano y fortalecer los mecanismos de apoyo a las familias. En este sentido, hay una particular necesidad de proteger y fortalecer las redes de protección para las personas en condición de pobreza y los grupos más vulnerables de la sociedad. En este sentido, quisiera recalcar la extrema importancia de velar por efectuar las inversiones sociales que requiere la juventud de la Región. Si no las hacemos ahora, las consecuencias las pagaremos en el mediano y largo plazo. Es la generación que debemos proteger.

“Es muy relevante incrementar el papel de los socios comprometidos con la salud”

Es claro, al mismo tiempo, que las circunstancias económicas obligan a poner aún mayor atención a la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos. Desplazar las inversiones hacia la promoción de la salud y la prevención, demorando las inversiones de alto costo en tecnología o infraestructura que puedan postergarse hasta que retorne el repunte económico; proteger a los trabajadores de la salud para que no migren y no se genere más desprotección; hacer más eficientes los sistemas de compra y distribución de insumos críticos.

Es la oportunidad de revisar las políticas públicas y hacer los cambios necesarios, muchas veces postergados por intereses de grupos, que ahora pueden ser más viables por el interés común de la reactivación económica. De ahí que una estrecha coordinación entre los distintos actores del sector social sea aún más relevante, para asegurar que el esfuerzo de la sociedad en su conjunto para proveer recursos financieros adecuados para la inversión social rinda los mayores frutos posibles. El estudio de los determinantes sociales de la salud ha mostrado claramente que el esfuerzo de todos los componentes del sector social está profundamente entrelazado y que una adecuada coordinación genera abundantes sinergias y beneficios sociales.

EL SIGLO DE LAS REDES

¿Qué tipo de coordinación regional debe ponerse en marcha?

He señalado en varias ocasiones que, en mi opinión, este es el siglo de las redes. Y las difíciles circunstancias deben llevarnos a maximizar el poder de esas redes para potenciar la acción de cada uno de sus integrantes. De ahí que a nivel regional debemos fortalecer las alianzas que nos permiten maximizar los resultados de nuestros esfuerzos. Eso es algo que, por ejemplo, ya hemos estado haciendo las agencias de la ONU que trabajamos en la Región, con resultados muy satisfactorios. Pero precisamente por eso tenemos que llevar ese esfuerzo aún más allá.

Tenemos que fortalecer las alianzas con las instituciones financieras internacionales, con las agencias de cooperación internacional, con las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el campo social, con las instituciones religiosas, las alianzas bilaterales o subregionales, la participación del sector privado y, de modo muy especial, el papel de las asociaciones de la comunidad y del voluntariado.

“Si a algo nos llama esta situación delicada es a fortalecer e incrementar los recursos del sector social, para poder atender las mayores necesidades que enfrentará”

Es muy relevante incrementar el papel de los socios comprometidos con la salud. Siempre he dicho que en esto somos particularmente afortunados en la OPS y en la Región en general. Contamos con muchos socios comprometidos con la salud pública y mucho de nuestro papel es lograr los niveles de coordinación y entendimiento necesarios para aprovechar plenamente la labor de todos y cada uno de ellos, actuando sinérgicamente. Todos los que estamos involucrados en el sector social debemos promover esa ampliación y coordinación de redes sociales para incrementar nuestras posibilidades de hacer frente a los difíciles retos que nos plantea la crisis. 

¿Qué conclusiones quisiera compartir del Segundo Foro de Pensamiento Social Estratégico?

La primera conclusión es algo que los médicos sabemos por experiencia: cuando el paciente está en crisis es el momento de dedicarle nuestra mayor atención y cuidados, nunca menos. Frente a las ominosas dificultades que nos plantea la crisis financiera, no se puede cometer el imperdonable error de descuidar al paciente, sino que se debe garantizar que el sector social cuente con los recursos necesarios para aminorar los efectos que la crisis tendrá sobre los sectores más débiles de la población.

Si a algo nos llama esta situación delicada es a fortalecer e incrementar los recursos del sector social, para poder atender las mayores necesidades que enfrentará, y así aminorar el impacto de la crisis sobre los grupos más vulnerables. Es también evidente la necesidad de fortalecer e intensificar nuestras alianzas, nuestras redes de acción en el campo social, para que articulando los esfuerzos de todos los que actuamos en ella, podamos multiplicar nuestra capacidad de respuesta frente a la crisis.

Los avances notables que hemos tenido en este campo, deben servirnos de aliciente para continuar profundizando esas alianzas, y aumentar así la capacidad de apoyo mutuo entre los países de la Región y a lo interno de éstos. Por último, hay que producir políticas públicas comprensivas, que definitivamente dan mucho mejores resultados por dinero invertido que políticas fragmentadas en tiempo, espacio o territorio, que no producen el “clic” del desarrollo sostenible de las comunidades y de las familias.

Es claro que a nivel de cada país son fundamentales los esfuerzos de coordinación del sector social, tanto entre sí como en la creación de alianzas y redes a lo interno del país, para asegurar que el esfuerzo de la sociedad para proveer recursos financieros adecuados para afrontar las demandas planteadas por la crisis se traduzcan en elevados réditos sociales. Sitios e información de interés de la OPS:

Sitios e información de interés de la OPS:

Equidad, Salud y Desarrollo Humano

Lista del archivo de OPS sobre equidad

De extensa trayectoria en uno de los medios más relevantes de habla hispana, el diario El País de Madrid, Jesús Duva es también profesor de la Escuela de Periodismo UAM/El País. Tras su participación como panelista en el Seminario, conversó con el Boletín del Fondo España-PNUD.

¿Cuál cree usted son las líneas básicas que deben guiar el trabajo de un periodista que cubre temas policiales o de violencia?

Las líneas básicas creo que deben ser la máxima honradez, la máxima dedicación y la máxima especialización. Debe acercarse a los temas con honradez, sin prejuicios de ningún tipo, tratando de contrastar con todas las fuentes posibles con objeto de obtener una versión de los hechos los más cálida y cercana a la realidad que sea posible. Creo que para ello es precisa una dedicación permanente, sin tener en cuenta los horarios, ya que los sucesos se producen a cualquier hora del día o de la noche. Y pienso que ha de lograr una buena especialización para ahondar en los temas y contextualizarlos dentro de la habitual complejidad que entrañan los casos de violencia e inseguridad ciudadana.

En ese sentido, ¿cuál es la contribución que un enfoque integral puede ofrecer a una mayor y más justa comprensión de la realidad social, en lo que a crimen y violencia refiere? ¿Y cuál la contribución de dicho enfoque al trabajo del periodista?

Un enfoque integral de la violencia aporta una visión más completa de la realidad, que siempre es compleja y diversa, lo que facilita que los ciudadanos tengan una mejor comprensión de la situación de su país o de su municipio. Eso facilita la participación ciudadana y una mejora de los elementos de la participación democrática. Al mismo tiempo, un enfoque así enriquece y da credibilidad al trabajo del periodista. En el Seminario hemos debatido experiencias de América Latina y España sobre el tratamiento periodístico a estos temas.

MEDIOS Y SEGURIDAD EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA

¿Qué patrones comunes y diferencias encuentra, y qué aprendizaje recíproco sugeriría?

He visto que tanto en América Latina como en España la inseguridad ciudadana es un asunto que preocupa mucho a los ciudadanos, lo que hace que tenga una abundante cobertura en los medios de comunicación social. Quizás en algunos países de América Latina hay periódicos más sensacionalistas y monográficos sobre este tipo de asuntos, mientras que en España no hay actualmente ningún medio de esas características.

“Hay que convencer a los editores de que ahondar en esta faceta contribuye a mejorar la convivencia”

En cuanto a los periodistas, he comprobado que los compañeros de América Latina son tan apasionados con su trabajo como los españoles y que actualmente intentan elevar su nivel de buena escritura, igual que sucede en España. No obstante, me ha asombrado el altísimo nivel profesional de buena parte de los periodistas latinoamericanos.

Respecto a las diferencias, me parece que en España, en términos generales, se ahonda más en los temas, debido probablemente a que los índices de inseguridad son menores y eso nos permite trabajar con más profundidad algunos asuntos. Por ejemplo, en España hay ahora un tema capital: la violencia de género o machista. Por otra parte, creo que en España hay muchas más facilidades para acceder a las fuentes oficiales de información, lo que nos facilita el trabajo. Y, por último, el nivel de riesgo que sufren los colegas latinoamericanos es mucho más alto que en España.

Finalmente, ¿cómo recomendaría involucrar a toda la industria periodística –no sólo a los periodistas- en un enfoque integral?

Creo que la industria periodística en España está bastante involucrada sobre la necesidad de dar un tratamiento integral, no meramente anecdótico, a los asuntos de la seguridad ciudadana y la violencia. Pero, en cualquier caso, me parece que hay que convencer a los editores de que ahondar en esta faceta contribuye a mejorar la convivencia, la participación cívica y las exigencias democráticas, además de elevar el nivel de los medios de comunicación de masas.

La destacada periodista argentina considera que en la misión informativa está implícita la obligación de contextualizar la noticia. “Si no, el periodismo se transforma en un simple mecanismo de dar cuenta de hechos, una tarea que puede realizar cualquiera”, afirma.

Heguy es licenciada en Relaciones Internacionales y desde 1994 trabaja como periodista. Ha realizado importantes coberturas e investigaciones en temas sociales. Por una investigación sobre el tráfico de bebés ganó el Premio Rey de España 2006, máximo galardón al que aspira un periodista de habla hispana.

Es coautora de “Los Juárez. Terror y corrupción en la política argentina”, una investigación periodística sobre los 50 años de dominación de Carlos Juárez en la provincia de Santiago del Estero; también publicó “Joe Baxter. Del nazismo a la extrema izquierda”, una biografía sobre uno de los personajes más misteriosos de la política argentina y “132.000 volts. El caso Ezpeleta”, un trabajo sobre los vecinos de un barrio que luchan para que una subestación de electricidad que contamina su barrio sea trasladada. En la actualidad es editora de la sección El Mundo del diario Clarín de la Argentina.

Silvina Heguy participó como panelista en el Seminario Internacional “El rol de los medios masivos de comunicación en la seguridad ciudadana: un tema clave para América Latina”, organizado por el Fondo España-PNUD.

LA NOTICIA Y SU CONTEXTO

El periodista que cubre y analiza casos de violencia informa sobre hechos puntuales pero también, quiera o no, sobre un contexto social. ¿Consideras que el periodista tiene un compromiso ético de ir más allá de la crónica y el relato, o sostendrías que el periodismo tiene una mera misión informativa que no tiene por qué estar limitada por la necesidad de contextualizar la noticia?

En mi opinión, en la misión informativa está implícita la obligación de contextualizar la noticia y sobre todo si estamos realizando periodismo escrito. En un flash informativo de una radio, de la televisión o de un medio online es importante dar la información rápidamente, aunque comprobada con rigurosidad, pero el periodismo escrito tiene otros tiempos y mayores exigencias. Si no, el periodismo se transforma en un simple mecanismo de dar cuenta de hechos, una tarea que puede realizar cualquiera. El informar implica también mostrar lo que hay más allá del hecho noticioso, contextualizar para que, a partir de una noticia, se pueda ayudar a entender algo de la compleja realidad que nos toca vivir.

¿Cómo analizas el modo en el que, en general, se presentan los temas de violencia social o criminal en los medios de nuestra región?

“La violencia ciudadana no es un fenómeno delictivo simple, sino que surge de la desigualdad y exclusión”

La mayoría de las veces la presión que implica trabajar contra el reloj, y la carga laboral de los periodistas que deben cubrir varias noticias por día, provoca que estos temas sean presentados copiando un modelo establecido que pocas veces los periodistas cuestionamos. Se me ocurre el ejemplo de la violencia familiar, la mayoría de los diarios cuando tratan un asesinato de una mujer en manos de su esposo lo clasifican como un “crimen pasional”, algo que no es así y que provoca que se confirme una falsa idea la que presenta como normal la violencia dentro de una relación amorosa.

En ese sentido, ¿cuál crees puede ser la  contribución de un enfoque integral sobre la violencia ciudadana?

Es fundamental y crucial para crear conciencia que la violencia ciudadana no es un fenómeno delictivo simple sino que, en realidad, surge de condiciones sociales de desigualdad y exclusión de una parte de la población. Cuando, por ejemplo, en la Argentina comenzaron a surgir los barrios cerrados, quienes se mudaban ahí creían que las rejas y el sistema privado de seguridad los iba a “salvar” de la delincuencia, pero no fue así. Los robos y secuestros en los barrios cerrados son ahora moneda corriente. Es claro que si no se termina con la desigualdad que provoca que el robo sea la única salida para los jóvenes, el problema va a continuar.

Es sabido que los periodistas deben ajustar su trabajo al marco del medio en el que trabajan. ¿Qué sugerencias tendrías para participaren un enfoque integral de la violencia ciudadana a todos los actores de la industria periodística?

Lo fundamental sería que todas las herramientas que sirvan para dar un enfoque integral de la violencia ciudadana estén al alcance de la mano: en especial las estadísticas y estudios que generan organismos especializados y los académicos. Quizás una buena forma de hacerlo sea a través de una red de periodistas que traten estos temas. Ellos, al estar especializados y ser referentes dentro de las redacciones, son los vehículos ideales para que estas ideas comiencen a circular entre todos los actores de la industria periodística.

El PNUD y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dieron luz vede al proyecto “Inclusión Social a través de la prevención y reducción de la violencia contra la mujer, adolescentes y niñas”, con el cual se busca contribuir decididamente al logro del tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio en Venezuela. Esta iniciativa es auspiciada por el Fondo Fiduciario España-PNUD Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe, que ha destinado US$ 500,000 para avanzar en la lucha contra la violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela.

Sonia Obregón, punto focal de derechos humanos y de género del PNUD Venezuela, está encargada de coordinar esta iniciativa que se implementará en forma de Programa Conjunto y en el que participarán UNIFEM, UNICEF y UNFPA, además de instituciones nacionales como el Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Metropolitano de la Mujer, Instituto Nacional de Estadísticas y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Obregón es abogada, especialista en Derechos Humanos.

“Tanto para el Fondo Fiduciario con España como para el PNUD –afirma Obregón– el tema de la violencia de género es prioritario no sólo por las dimensiones y las características del problema, sino por lo que esto representa para que las mujeres puedan incorporarse al desarrollo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”.

En su informe 2008 sobre la violencia doméstica, Amnistía Internacional asegura que según cifras recopiladaspor organizaciones nacionales de mujeres, como media, cada 15 minutos una mujer sufre abusos a manos de su pareja o ex pareja. Sólo en 2007, 4.484 mujeres llamaron a un teléfono de ayuda creado por el Instituto Nacional de la Mujer para denunciar malos tratos. Sin embargo, las organizaciones locales calculan que sólo 1 de cada 9 mujeres denuncia los actos de violencia ante las autoridades.

Sonia Obregón explica a continuación los detalles de este proyecto, que tendrá una duración de 18 meses y con el que se dará continuidad a la Campaña Cuenta 3, lanzada a finales de 2007.

¿La prioridad de este tema para Venezuela es proporcional a la gravedad del problema en el país?

En realidad no se conoce cuál es la gravedad del problema en el país porque no existe actualmente un registro que permita conocer la dimensión del problema. Hay que decir que en realidad este es un problema cuya dimensión no se conoce con precisión en ninguna parte del mundo, porque muchos de los casos de violencia contra la mujer quedan sin ser registrados por razones culturales, por miedo, por distintas razones. Pero en otros países existe por lo menos un sistema que permite conocer el perfil del problema, cuáles son sus principales determinantes, dónde y cuándo tiene mayor incidencia.

Si no existen cifras, ¿cómo saber por dónde abordar el problema?

“Una estrategia de atención integral a las mujeres debe contemplar no sólo la situación de la víctima, sino de todo su entorno”

Esa es una de las graves limitaciones que enfrentamos en Venezuela sobre este particular, especialmente para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, se sabe por diferentes indicios que la violencia hacia la mujer es un problema grave en el país. Están, por ejemplo, las denuncias que recibe el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) a través del centro de atención telefónica 0800-MUJER, los registros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), entre otros. Pero se sospecha que eso apenas es la punta del iceberg y que detrás hay mucho más de lo que realmente se visibiliza.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

¿Hacia dónde apunta entonces este proyecto del Fondo España-PNUD?

Este proyecto está compuesto por dos bloques que se complementan entre sí. Por una parte, se busca contribuir con el desarrollo de las capacidades institucionales y sociales para el diseño de políticas para prevenir y reducir la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, al tiempo que apoyar con la implementación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por otra parte, se propone trabajar directamente con las comunidades, especialmente con los y las jóvenes, en la prevención y la sensibilización para destacar la existencia del problema, mostrar sus características y explicar la forma en que esto afecta a la sociedad.

Dentro del primer bloque está la implementación de la planilla única para el registro de casos de violencia hacia la mujer. Esta planilla ya fue creada por el Instituto Nacional de Estadísticas en un esfuerzo conjunto con otras instituciones del estado como el CICPC, INAMUJER, entre otros. Implementar esa planilla permitirá llevar un registro mucho mejor del que ahora existe, porque es un instrumento que será usado por todos los órganos receptores de denuncia, lo que posteriormente permitirá recoger y sistematizar en función de criterios comunes y brindará información más precisa sobre el problema de la violencia hacia la mujer en el país.

Esta acción se complementa con la formación de órganos receptores de denuncia y el apoyo al desarrollo de los tribunales especiales de violencia hacia la mujer que la Ley obliga a crear y que recientemente están comenzando a funcionar. En este caso trabajaremos con las policías municipales, que son los que en primera instancias reciben las denuncias, para explicarles la forma en que esos casos deben de ser tratados, mediante la aplicación de un protocolo especialmente diseñado para ello.

Asimismo, se apoyará la conformación de los equipos multidisciplinarios que apoyan a los tribunales especiales creados por la Ley, la cual contempla que el juez o la jueza estén acompañados de un equipo de profesionales que permita ofrecer una atención integral a la mujer que llega a esas instancias buscando justicia. El proyecto también brindará apoyo para la implementación de las casas de resguardo, adonde las mujeres que son víctimas de violencia (en situaciones extremas) son remitidas para recibir atención integral y seguridad.

¿Qué orientación se dará a la estrategia de sensibilización?

En el caso de los órganos del Estado que tienen que ver con el acceso a la justicia y la atención a la mujer víctima de violencia, la idea es formar un núcleo de facilitadores y facilitadoras sólidamente preparados para que, con un manual que se realizará como parte del proyecto, puedan replicar esos conocimientos en las academias de policías y otras instancias receptoras de denuncia y atención de víctimas.

En el caso de la sensibilización dirigida a las comunidades, el énfasis se hará en los y las jóvenes, aprovechando un trabajo que ya viene desarrollando la Universidad de Los Andes, que desde hace algunos años viene estudiando el tema de las relaciones violentas en el noviazgo. El enfoque es eminentemente preventivo. Vamos a trabajar con jóvenes tanto en el ámbito universitario como en la educación media, y también con las comunidades organizadas. La idea es ayudar a las comunidades para que desarrollen proyectos y vías de acción dirigidos a prevenir y atender el problema en su entorno inmediato.Entiendo que habrá una campaña masiva de sensibilización Así es.

La idea es dar continuidad a la Campaña Cuenta 3 –que por cierto ganó el Premio Anual del Administrador del PNUD 2007 en la categoría de Innovación y creatividad– para prevenir la violencia hacia la mujer. Para ello nos basaremos en los hallazgos del estudio que se hizo en el marco de la campaña anterior y que muestra las percepciones de los varones entre 13 y 55 años sobre la violencia hacia la mujer. Seguiremos centrando el mensaje hacia los hombres, en este caso los jóvenes.El estudio revela que la recordación de la campaña Cuenta 3 fue de 30% en la muestra de hombres jóvenes y adultos estudiados. Cuando se habla de prevención uno piensa que habría que dirigir acciones hacia el foco generador de violencia, que en la mayoría de los casos es el hombre.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y A VICTIMARIOS

¿Hay alguna actividad contemplada para brindar ayuda a hombres maltratadores?

Esperamos que en los protocolos de atención que pensamos crear para los centros de atención de víctimas, también se contemple el trabajo con el hombre que produce la agresión. De hecho, una estrategia de atención integral a las mujeres debe contemplar no sólo la situación de la víctima, sino de todo su entorno. Aquí lo más difícil de lograr es que el hombre se reconozca plenamente como parte del problema, y que no piense que la violencia hacia la mujer es algo normal. Por supuesto, la idea es que una vez que se reconozca como agresor, esta persona encuentre un espacio donde se le brinde ayuda. Este es un área en la que es necesario trabajar todavía más en el país.

Para todo esto vamos a aprovechar mucho la experiencia de España, que es muy buena y extensa en esta área.  Este país ha incursionado con éxito en la atención de víctimas y victimarios en centros de atención primaria. La idea es desarrollar un modelo de atención que funcione bien para que posteriormente pueda ser replicado tanto por el Estado venezolano como por otras organizaciones sociales en todo el país.

En dos palabras, ¿cuál es la contribución que se espera realizar al país con este proyecto?

Son fundamentalmente dos aportes: en primer lugar, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para atender a las víctimas de violencia hacia la mujer, y en segundo lugar, contribuir con el cambio de actitudes y prácticas sociales, especialmente de los varones, en relación con este problema.

Es importante destacar que este proyecto se realizará bajo la modalidad de un Programa Conjunto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, específicamente UNIFEM, UNICEF y UNFPA. Decidimos hacerlo así no sólo porque este tema es prioridad para toda la organización, sino porque de esta forma se nos facilita la posibilidad de sumar apoyos para esta iniciativa, aprovechando la red de alianzas (sector público, privado, ONGs, medios de comunicación) con que cuentan las agencias, así como aprovechar las alianzas ya consolidadas a partir de la Campaña Cuenta 3. Esto permitirá dar mayor amplitud y alcance a los resultados del proyecto.

En Totonicapán, una de las zonas más relegadas del país, un proyecto apoyado por el Fondo España-PNUD e implementado por la Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (CDRO) apuesta al Capital Social para mejorar las capacidades de la población en hacer frente a la desnutrición crónica y la mortalidad materna.

EL PROYECTO ”Fortalecimiento del Capital Social para la reducción de la desnutrición crónica en el municipio de Totonicapán” contempla mejorar las condiciones de organización y establecimiento de sistemas comunales para formar los recursos humanos de una institución de vigilancia de la salud comunitaria”.

La Asociación CDRO surge en 1981 a iniciativa de 25 personas originarias de las comunidades de Xolsacmalja y Nimasac, Totonicapán, Guatemala.

Es un tejido organizativo horizontal basado en el modelo de la participación total de la comunidad, la cultura propia, y el uso de la ciencia y la tecnología disponibles. Su esquema organizativo tiende a la horizontalidad, la unidad global, la integridad y la versatilidad. Su propósito fundamental es “Mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de las comunidades rurales de Totonicapán y la región occidental de Guatemala de manera integral, equitativa y sostenible, estableciendo el modelo de la participación total de la comunidad”.

Su esquema de trabajo, denominado “POP” (en K´iché significa “petate” o “estera” y representa una interrelación) permite que todos los miembros de la comunidad estén representados y relacionados entre sí, formando una red incluyente y de participación. La visión de CDRO es ser un tejido social de organizaciones, instituciones y empresas comunitarias de desarrollo integral, en la región del occidente del país que establecen sistemas y servicios, y que inciden en distintos niveles para la construcción de una sociedad justa, incluyente y equitativa.

Su director, Gregorio Tzoc Norato, es socio fundador, y originario de la comunidad de Xolsacmaljá, cuna de CDRO.

¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrenten en la región donde trabaja CDRO?

Nuestro primer desafío es lograr la unidad de la comunidad estableciendo acuerdos políticos mediante nuestro sistema organizativo POP, con la participación total de los habitantes en la toma de decisiones manteniendo el equilibro y complementariedad. Esto permitirá visualizar su problemática integral y los escenarios a largo plazo, utilizar el sistema de organización propia de la comunidad y no otras estructuras paralelas. También establecer y administrar instituciones y/o proyectos propios de las comunidades.

“Buscamos desarrollar las capacidades productivas, empresariales y la sostenibilidad de las familias y las organizaciones comunitarias”

El reto está en lograr interesar a las entidades del marco institucional estatal o privado, nacional o internacional a que se unan a un esfuerzo coordinado y organizado por las mismas comunidades para sumar esfuerzos a ellos e impulsar la institucionalización bajo el componente de la responsabilidad compartida, ampliando así las oportunidades de superación para el área rural, y lograr mantener el acceso y disponibilidad a los alimentos pese al minifundio que históricamente les afecta.

En cuanto al combate a la pobreza, buscamos desarrollar las capacidades productivas, empresariales y la sostenibilidad de las familias y las organizaciones comunitarias, mediante el “Modelo Empresarial Comunitario”, la micro empresa rural y los proyectos productivos. Así mismo, pretendemos fortalecer y establecer un agente financiero de la comunidad para conservar la riqueza que produzca en el largo plazo y corregir la economía. Finalmente, queremos fortalecer y desarrollar la capacidad de propuesta y de negociación para lograr la comunicación efectiva entre el Estado y la comunidad para el cumplimiento de derechos y obligaciones; así mismo buscamos mantener el enfoque ambiental sostenible y de equidad de géneros. La réplica de esta experiencia en la región occidental son desafíos interesantes para nosotros.

¿Son estos desafíos específicos de la población indígena o son compartidos con otros sectores de la población guatemalteca?

Guatemala es un país que tiene un proceso histórico de exclusión dirigida a las comunidades indígenas y, según indica el censo de población del 2000, el porcentaje de ésta era del 41%, mientras que el sector denominado “ladino” (que es ampliamente diverso) fue calculado en un 59%. No obstante, organizaciones mayas independientes elevan el porcentaje de la población indígena hasta un 60%, por lo que son desafíos comunes para todo este segmento de la población, que es la mayoría en el país.

“Se busca lograr resultados a través de prácticas propias de la comunidad”

Los sectores que históricamente han generado una exclusión sistemática de las comunidades no han logrado asimilar que debiera existir o tratarse el tema de la interculturalidad en términos prácticos y operativos con responsabilidad y decisión. El Estado mismo, consideramos, aún no asume totalmente el reto para lograr la integración; aunque existan avances muy tímidos, hace falta mucho más. CDRO, con su propuesta de participación de la comunidad, ha iniciado un vínculo con el sector económico de impulso al modelo empresarial comunitario especialmente en el tema del mercado.

¿Cómo busca el proyecto “Fortalecimiento del Capital Social para la reducción crónica en el municipio de Totonicapán” dar respuesta a las necesidades de la población?

Se da respuesta a las necesidades planteadas porque se fortalece al sistema Organizativo POP de CDRO, que busca alcanzar la unidad, la participación total, la formación del Recurso Humano y la generación de capacidades para la propuesta y negociación inteligente de la comunidad con el marco institucional en la solución de los problemas. En este caso gira alrededor de la reducción de la desnutrición crónica en el municipio de Totonicapán, y por su medio se fortalece una organización de salud constituida por jóvenes hombres y mujeres, madres y líderes hombres y mujeres, que se involucran en un trabajo sistémico de salud.

Utiliza esas relaciones de confianza para llegar a los beneficiarios y lograr resultados a través de prácticas propias de la comunidad para mejorar así las condiciones alimentarias y de nutrición de las familias rurales involucradas en el proyecto; impulsan sus propios procesos y proyectos, y se genera así la capacidad de administración y gestión. Sin dejar por un lado, desde ya, lo relevante de recuperar y transmitir conocimientos ancestrales y buenas prácticas culturales de salud, nutrición y prácticas productivas para asegurar la buena alimentación.

Se hace realidad aquello de aprovechar la organización comunitaria para solucionar o tratar el problema de la desnutrición, y no crear otra estructura paralela en la comunidad que no toma en cuenta la opinión de la comunidad y mucho menos les permite participar, administrar o tomar decisiones. Se fortalece la institucionalidad en la comunidad por medio del establecimiento de unidades de salud y de vigilancia, atendidos y dirigidos por comadronas, terapeutas y fitoterapeutas en plantas medicinales, instituciones que tienen como centro de servicio el PIXABAL JA, (la casa de los Consejos).

¿Y qué es “Capital Social” en el marco de este proyecto?

Capital Social es un conjunto de relaciones vivas y empoderadas entre los grupos, Consejos Comunales y Subsistemas de trabajo de una misma comunidad y con las demás comunidades que se encuentran en una misma microregión -en este caso enfocado al tema de la nutrición y el sistema de salud-. Se incorpora dentro de sus fundamentos y lógica los conceptos del marco cultural local, que se caracteriza por la horizontalidad y descentralización en la toma de decisiones, como un medio para lograr la unidad y la participación de la comunidad.

“Considero que las comunidades indígenas son lo suficientemente capaces de acoplarse al uso y aprovechamiento de la tecnología disponibles que les permitan superar su situación de desventaja”

 En este marco, se trabaja el surgimiento y fortalecimiento de dirigentes para la toma de decisiones de manera compartida para no formar elites o cúpulas dirigenciales. Es decir, es una integración de grupos organizados y potencializados recíprocamente en sus esfuerzos, que manejan recursos (educativos, técnicos y económicos) obtenidos por sus propios medios y también mediante articulaciones, tanto con entidades de Cooperación Internacional como con otras de naturaleza económica y social, y suman además sus esfuerzos con los de instituciones públicas que así lo permiten, que interactúan en subsistemas que satisfacen sus necesidades.

Finalmente, ¿cuál cree usted es el mejor modo de complementar las tradiciones culturales de las poblaciones indígenas con los nuevos recursos que brindan la tecnología o las nuevas prácticas?

Considero que las comunidades indígenas son lo suficientemente capaces de acoplarse al uso y aprovechamiento de la tecnología disponibles que les permitan superar su situación de desventaja. La mejor forma de complementar ambas situaciones es que se implemente la tecnología o las nuevas prácticas respetando y fortaleciendo el sistema de vida y la estructura misma de las comunidades, su cultura, y que sobre todo en su implementación exista participación según las características propias. Se perfeccionaría con el traslado de capacidades en la comunidad para el uso eficiente, que le permita ser competitiva haciendo las cosas con voluntad, conservando la unidad, la participación de todos los actores e involucrados, y que en conjunto nos permitan cambiar la realidad en que vivimos.

La Cooperación de igual manera debe velar porque sus intervenciones en esta línea respeten y fortalezcan las formas y culturas propias de las comunidades, y que se impulsen procesos dirigidos por la misma comunidad para que se desarrolle su capacidad de administración. Una de las maneras viables para mantener esto es impulsar programas con niñas y niños que permita combinar la cultura y el uso de las nuevas tecnologías.

Aurora Díaz-Rato es Directora General de Cooperación con Iberoamérica, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). Nacida en Madrid, es Licenciada en Derecho e ingresó en 1983 en la Carrera Diplomática.

HA ESTADO DESTINADA EN LAS representaciones diplomáticas españolas en Costa Rica e Irlanda. Ha sido Vocal Asesora en el Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Subdirectora General de Europa Occidental y Subdirectora General Adjunta en el Gabinete de la Secretaría General de Asuntos Europeos. Desde 2002 es Vocal Asesora en la Dirección General de Coordinación de Asuntos Generales y Técnicos de la Unión Europea. De visita en Nueva York para una serie de reuniones con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue entrevistada por el equipo del Fondo España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e incluyente”.

¿Cómo se inscribe el Fondo España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e incluyente” en el marco general, tanto histórico como actual, de las acciones de la Cooperación Española?

Este Fondo surge en 2005. La legislatura española actual comenzó en mayo 2004, y desde el primer momento el nuevo gobierno del presidente José Luis Zapatero aportó dos componentes clave, tanto para la justificación conceptual de este Fondo, como para su realización: una clara apuesta por el multilateralismo, en su sentido más amplio, activo, selectivo y estratégico, y un fuerte apoyo al Sistema ONU en general.

“Hemos debatido mucho con nuestros donantes y países socios sobre cómo enfocar el trabajo en estos países, y hemos concluido que debemos tener un enfoque diferencial”

Esta tendencia debe entenderse en el marco histórico y político de cómo llega el presidente Zapatero al gobierno, tras un periodo en el que España se mostró contraria al multilateralismo.El nuevo gobierno trae consigo también un renovado y fuerte compromiso con el desarrollo, lo que incluye llegar a 0,5% del PBI en ayuda al desarrollo a fines del 2008, para alcanzar el 0,7% en la segunda legislatura. Todos estos ingredientes conforman un gran cambio en la política española de cooperación histórico y político de cómo llega el presidente Zapatero al gobierno, tras un periodo en el que España se mostró contraria al multilateralismo. El nuevo gobierno trae consigo también un renovado y fuerte compromiso con el desarrollo, lo que incluye llegar a 0,5% del PBI en ayuda al desarrollo a fines del 2008, para alcanzar el 0,7% en la segunda legislatura. Todos estos ingredientes conforman un gran cambio en la política española de cooperación. En este marco, hemos analizado y pensado no sólo una modificación sobre en qué trabajamos, sino también sobre cómo lo hacemos. Surge así la necesidad de pensar de un modo más estratégico y más activo, junto a nuestros socios. Cambia la dinámica de la cooperación: en vez de esperar a colocar unos recursos, es decir que los organismos presenten proyectos para nosotros luego decidir cuáles financiamos, ahora se trata de establecer una alianza para trabajar en una determinada región en una determinada área temática, y con objetivos claros. Así se plantea este Fondo.

Cambia la dinámica de la cooperación: en vez de esperar a colocar unos recursos, (…) ahora se trata de establecer una alianza. Así se plantea este Fondo.

El universo de la cooperación cuenta con diversas corrientes conceptuales o, si se prefiere, ideológicas. ¿Cuál es la “idea fuerza” rectora de la cooperación española y por ende de este Fondo?

Tenemos un documento estratégico, que se llama el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, que asume como propios los planteamientos de Amartya Sen. Entiende el desarrollo con un enfoque de derechos y capacidades; se trata de toda una línea ideológica que guía nuestro accionar. Partimos entonces del paradigma del Desarrollo Humano, lo cual explica por qué el PNUD es un socio natural para nosotros.

Entre las regiones en desarrollo, Latinoamérica se destaca por contener varios países de ingresos medios, con un alto índice de inequidad. ¿Cómo analiza y decide la Cooperación Española su intervención en este tipo de países?

Exacto, América Latina se destaca por su inequidad, tanto dentro de los países como entre ellos. Nuestro Plan Director clasifica a los países en diversos niveles, acorde a su índice de desarrollo humano. Tenemos como “Países prioritarios” aquellos de IDH más bajo, en los que tenemos mayor presencia en recursos, una mayor diversificación de instrumentos, y trabajamos en todas las áreas. Luego están los “Países preferentes” (México, Brasil, Argentina, Chile). Pero no hay una metodología única de trabajo. Para definir nuestro tipo de intervención hemos impulsado un gran debate, que nos permita comprender y elegir el mejor modo de trabajo e intervención en los países de ingresos medios ante la retirada de la cooperación en estos países. Así hemos intentado crear un discurso que nos ha permitido sostener y profundizar nuestra cooperación con aquellos países de renta media.

Recordemos que en el Informe Sacks se había dicho de no incluir a los países de renta media en la ayuda al desarrollo, e incluso en el consenso europeo debimos presionar para que se los incluya. Aquella postura hubiera llevado a que América Latina desapareciera de la cooperación comunitaria.

“La Cooperación Española nace muy vinculada a la sociedad civil, a la realidad local”

También hemos debatido mucho con nuestros donantes y países socios sobre cómo enfocar el trabajo en estos países, y hemos concluido que debemos tener un enfoque diferencial: en estos países fortalecemos los trabajos con los gobiernos, en la cooperación de gobierno a gobierno, fundamentalmente en temas de gobernabilidad política y otros temas nucleares como justicia, fiscalidad o descentralización. En cambio, en las regiones que muestran índices de desarrollo más bajos acentuamos las cuestiones más relacionadas con las necesidades básicas. Y así mantenemos este equilibro, desde ya con menos recursos en los países de ingresos medios, pero con otro tipo de contribución.

Las políticas sociales han sido analizadas desde muy diversos enfoques. Algunos acentúan el llamado “asistencialismo” mientras otros el desarrollo de capacidades. ¿Cuál es el límite de la intervención para la Cooperación Española? ¿Hasta dónde se debe llegar para promover –o permitir- el desarrollo de capacidades propias en las comunidades beneficiarias de la ayuda?

Se trata de un muy importante debate que sostenemos internamente. La cooperación en España es muy joven. Cuando empezamos a ser país donante, hace algo más de veinte años, arrancamos con un enfoque muy político, muy militante, acompañando los procesos de pacificación en los diversos países y trabajando primero con la población civil en las áreas del conflicto. Luego nos asociamos a los gobiernos en la fase de pacificación y reconstrucción de los países. Así nace la Cooperación Española: muy vinculada a la sociedad civil, a la realidad local.

“Buscamos equilibrar el componente de asistencia técnica con el componente de la formación y el desarrollo de capacidades”

El otro punto esencial es que desde el vamos hemos vinculado nuestra intervención al desarrollo de capacidades. Siempre, aún en la época en que no pensábamos tanto en términos de “cooperación internacional”, hemos trabajado en formación universitaria de un modo muy intenso -incluso durante el Franquismo-, y hemos por ejemplo incorporado funcionarios latinoamericanos en la misma formación de sus pares españoles. Y eso se ha hecho parte del imaginario de nuestra cooperación. Podemos decir que hemos sido modernos sin saberlo; desde el principio el componente del desarrollo de capacidades ha estado en nuestro trabajo. Han cambiado los gobiernos, pero eso se ha mantenido. Y si alguna vez aquel enfoque fue cuestionado, fue para confirmar que no debía ser cuestionado… Desarrollo de capacidades significa para nosotros garantía de sustentabilidad y un elemento fundamental en nuestro trabajo como Agencia.

Buscamos equilibrar el componente de asistencia técnica con el componente de la formación y el desarrollo de capacidades. Sí ha habido un cambio: se trata de una evolución propia del concepto de formación o desarrollo de capacidades, de algo vertical hacia algo más horizontal, hacia un mayor intercambio de experiencias y buenas prácticas.

El control en la portación de uso de armas es un aspecto fundamental dentro de un enfoque integral que permita poner fin a la violencia en América Central. El Programa Centroamericano de Armas Pequeñas y Ligeras (Casac), es un plan líder en este sentido. Sus objetivos se enmarcan en la Declaración Conjunta de la XXIV reunión de Jefes de Estado y de los Gobiernos de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y apunta a fortalecer los mecanismos entre las instituciones para mejorar la seguridad humana a nivel nacional y regional, a favor de una Centroamérica más segura, desarrollándose en paz, libertad y democracia. Su Directora, Eva Sacasa, ex Inspectora General de la Policía de Nicaragua con una extensa experiencia en seguridad ciudadana y un marcado reconocimiento en la región, visitó las Oficinas del PNUD en Nueva York y fue entrevistada por el Boletín “Construyendo Inclusión y Gobernabilidad”.  

¿Cuáles son las principales metas que persigue el Programa y cómo está estructurado?

El Programa se aprobó en 2003 por la Comisión Regional de Seguridad de Centroamérica, y fue elevada a la Cumbre de Presidentes, que a su vez la aprobó el mismo año. Y comienza a operar en octubre de 2007, ya resueltas cuestiones importantes de carácter administrativo y presupuestario. El Programa nace como una iniciativa de los gobiernos de Centro América por la situación causada por las armas ligeras y pequeñas, tanto las que están siendo traficadas como aquellas que quedaron en manos de la población tras los años de conflicto. Centro América tiene como antecedente un Tratado marco de Seguridad Democrática, que se firmó en 1995 y estableció la subordinación de las instituciones policiales al poder civil. Y marcó la voluntad política de los gobiernos de la región de comenzar un tratamiento articulado de la seguridad democrática en la región.

“Donde hay armas hay más hechos de violencia, lesiones y muerte”

El Programa tiene cuatro objetivos: 1) Contribuir a fortalecer las legislaciones en Centro América y a armonizarlas con compromisos regionales e internacionales, incluido el Código de Conducta, firmado por los países de la región, que si bien no es vinculante representa un compromiso. Estamos actualmente apoyando a tres países en la revisión de sus leyes, que son Guatemala, Costa Rica y Panamá, pues sus regulaciones no estaban ajustadas a normativas internacionales. Hay varios instrumentos internacionales que vale destacar. Me refiero al Programa de Acción de las Naciones Unidas, la Conferencia Interamericana de la OEA, el Protocolo de Armas, y más recientemente una declaración que da un enfoque más integral, la Declaración de Ginebra –ratificada en la Declaración de Antigua- sobre violencia armada y desarrollo, que compromete a trabajar para reducir el impacto de armas pequeñas y ligeras en el desarrollo. 2)  Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos nacionales en aquellas instituciones vinculadas a los controles de armas, que en algunos casos son las policías nacionales y en otros países aún el ejército. 

También fortalecer organizaciones no gubernamentales que trabajan en la investigación y prevención. Vale comentar que hay un actor principal para el cumplimiento del Programa, que son las Comisiones Nacionales Multidisciplinarias, que en algunos países como Costa Rica ya están en pleno funcionamiento, y en otros países requieren de apoyo para su conformación. Estas Comisiones son fundamentales para lograr el enfoque integral, pues en ellas participan las áreas de seguridad junto a las sociales. 3) Contribuir a los procesos de recolección y destrucción de armas en manos de la Sociedad Civil, desde su planificación hasta su evaluación. Hay nueve procesos planificados para este año. En esta temática nos resulta fundamental compartir buenas prácticas, tanto de dentro como fuera de la región. 4) Promover una cultura de paz, desde los Estados, apoyando programas de prevención de violencia y promoviendo la articulación con organizaciones gubernamentales y de la Sociedad Civil.

“Hay que fortalecer organizaciones no gubernamentales que trabajan en la investigación y prevención”

PNUD firmó un Proyecto con el SICA para administrar este Programa. De tal manera, PNUD participó en el proceso de selección de los miembros de la Unidad Ejecutora Regional y apoya administrativamente en la sede, que es Managua. Además, en cada país hay tres actores principales para este Programa: en la Cancillería, hay un punto focal nacional, lo mismo que en la Policía; mientras, las oficinas de campo del PNUD brindan apoyo técnico a las oficinas para el desarrollo de las iniciativas nacionales. Es decir que no somos sólo los cuatro miembros de la Unidad Ejecutora sino también los tres puntos focales en siete países. Con ellos conformamos todo el equipo. Y está el Comité de Dirección del Programa, que es el encargado de la dirección estratégica del Programa, que lo integra el Secretario General del SICA, el Presidente Pro-tempore de la Comisión de Seguridad, la Directora del Programa y el PNUD, con representación de RBLAC, BCPR, PNUD Nicaragua y el SURF, en Panamá. Otro aspecto importante es que hemos encontrado otros socios: la Oficina de Desarme, la Oficina de Asuntos Políticos, UNIFEM, UNICEF y BCPR, que desde distintos ámbitos sugieren una muy válida y necesaria cooperación.

¿A qué factores responde el fenómeno de la portación de armas en nuestra región? ¿Es una mera respuesta a la inseguridad, son los residuos de las épocas de la violencia, o es también el síntoma de un aspecto cultural, ligado al machismo u otras formas de conducta?

Desde ya se trata de diversos factores que interactúan. Hay un trasfondo cultural, por supuesto. La cultura machista tiene mucho que ver en esto. En nuestras sociedades se ha transmitido de generación en generación que el hombre es la figura de la autoridad, quien manda,  si es necesario con violencia, con golpes físicos y el uso de armas. En el imaginario colectivo, el hombre que porta armas se siente más fuerte y los de su alrededor lo ven más fuerte. Además está el rol protector del hombre, que en países de historias violentas ha fomentado la portación de armas. Otro factor es, tal como usted dice, los conflictos. Desde esa época se arrastra la costumbre de vivir armado, y muchas de las armas en posesión de civiles vienen de allí. Finalmente, la inseguridad: para muchos ciudadanos en algunos de nuestros países es percibido como natural tener un arma para protegerse de la inseguridad que percibe cuando sale a la calle.

Aún cuando está probado que portar armas no protege de la violencia, sino que la promueve…

Exacto, donde hay armas hay más hechos de violencia, lesiones y muerte.

 ¿Cómo equilibra el Programa sus intervenciones de tenor penal-policial, con las medidas educativas o pedagógicas tendientes a crear una nueva cultura en esta temática?

Si nos dedicáramos únicamente al control de armas, y tuviéramos sólo la institución policial ejerciendo ese control, no estaríamos contribuyendo al desarrollo de las actuales y futuras generaciones en términos de paz y seguridad. El enfoque del Programa es integral: las causas de la violencia, las exclusiones, la cultura machista, la cantidad de armas que circulan libremente. Y el enfoque integral es la respuesta. En ese sentido, la existencia de las Comisiones Multidisciplinarias es lo que permite que ese enfoque integral se realice de manera articulada. Mientras la policía perfecciona sus sistemas de control de armas, es importante que la legislación incluya entre los requisitos para portar armas, por ejemplo, que el portador no haya sido procesado por violencia familiar.

“En el imaginario colectivo, el hombre que porta armas se siente más fuerte y los de su alrededor lo ven más fuerte”

En Canadá, para que un hombre pueda portar armas su esposa debe dar cuenta de que él no tiene comportamiento violento. Mientras la policía ejerce el control (compra y venta, portación, no ingreso armado a ciertos lugares, etc), el Ministerio de Educación debe aprovechar el espacio de la escuela y el colegio para enseñar sobre convivencia. En algunos casos tenemos consejeros escolares que ayudan a detectar cuando un niño o niña es víctima de violencia o abuso, lo cual contribuye mucho a los objetivos del Programa. Así como es relevante el trabajo en salud y la presencia fundamental de la familia, en términos de una educación no autoritaria. Hay buenos ejemplos de policías nacionales, como la de Nicaragua, que ha promovido la creación de comités de prevención social del delito en los barrios, en los que la gente identifica factores de inseguridad y violencia, y elabora planes para contrarrestarlo. Estos diagnósticos y propuestas son luego recogidos por la policía y la alcaldía.

¿Cuáles son, finalmente, los resultados esperados para el mediano plazo?

Confiamos en contar con las Comisiones Nacionales Multidisciplinarias conformadas, un Tratado Centroamericano en el tema de armas, campañas de prevención regionales ya funcionando, y una prensa más capacitada en este tema. Pero el objetivo final es la reducción notable de armas en la región y la puesta en marcha de políticas que prevengan la violencia. En esta instancia estamos trabajando más en el diagnóstico, el mapeo de las armas y la violencia, y las percepciones de inseguridad. Pero con esas otras grandes metas en la mira. Además buscamos articular este programa con otros proyectos y planes de seguridad ciudadana en la región, pues existen y están en algunos casos dando buenos resultados.